VOX señala que ante la necesidad de reanudar, cuanto antes, la operativa diaria ordinaria de los juzgados y tribunales españoles, en una situación en la que se van a tener que extremar las medidas de protección sanitaria para todos los operadores de la Justicia, se hace «imprescindible» no solo volver a poner en marcha el sistema telemático LexNET, sino «potenciarlo y ampliarlo, implementando sus funcionalidades como una suerte de herramienta que sirva para paliar el próximo colapso de las actuaciones judiciales».
La formación que preside Santiago Abascal ha registrado recientemente una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados relativa a la adopción de medidas para que se reanude de forma ordenada la actividad judicial a través de la plataforma LexNET, «ampliándose y mejorándose», para su discusión en la Comisión de Justicia.
La firman la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona Choclán, abogada del Estado en servicios especiales, y los diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández, José María Sánchez García y Pedro Fernández Hernández.
LexNET es una herramienta de comunicación entre oficinas judicionales y profesionales del Derecho.
VOX recuerda que LexNET estuvo suspendido para la mayoría de las actuaciones procesales a raíz de la existencia de servicios mínimos esenciales en las oficinas judiciales a consecuencia de la pandemia.
Indica que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia acordaron el pasado 13 de abril que se permitiera la presentación de determinados escritos, como los iniciadores de procedimiento o los de trámite no vinculados a términos o plazos interrumpidos o suspendidos.
Tal y como se recoge en lo dispuesto por el CGPJ y el Ministerio de Justicia, “dichas actuaciones y servicios se realizarán de acuerdo con los medios personales disponibles, cuya suficiencia se valorará semanalmente”.
VOX afirma que estas medidas que entraron en vigor desde el 15 de abril «son insuficientes para afrontar la fatídica situación a la que la Administración de Justicia va tener que hacer frente en los próximos meses».
«Como consecuencia de la suspensión de la mayoría de los actos procesales y de su comunicación, VOX propone que la desescalada en la Administración de Justicia también se realice poniendo los medios necesarios para que sea ordenada y progresiva«, señala a Confilegal el diputado Eduardo Luis Ruiz Navarro, uno de los firmantes.
Para conseguir esto, Ruiz Navarro afirma que «es muy importante que LexNET tenga las capacidades necesarias para que sea plenamente operativo, incluyendo la posibilidad de que las notificaciones se escalonen de forma progresiva para que los abogados, procuradores, graduados sociales, abogados del Estado y otros destinatarios posibles puedan también organizar su trabajo de una forma razonable».
También indica que resulta necesario «ampliar la capacidad de LexNET para subir documentos y para almacenarlos en los servidores, ampliando los plazos de consevación de la información».
«LexNET ha de reforzar, además, sus mecanismos de seguridad y de privacidad para convertirse en la verdadera herramienta fundamental de la Administración de Justicia», añade Eduardo Luis Ruiz.
LAS MEDIDAS QUE RECLAMA, AL DETALLE
VOX reclama que se ponga en marcha el mecanismo corrector previsto en el artículo 16.4 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio y por el que se regula el sistema LexNET al concurrir circunstancias excepcionales, impidiendo el propio sistema que se supere en más de un 50% al día el volumen de salida ordinario de actos de comunicación.
Apunta que si técnicamente no fuera posible, los responsables del envío adopten las medidas necesarias a tal fin, repartiendo de forma gradual el exceso acumulado en remisiones consecutivas durante los cinco días siguientes.
También reclama que se prorrogue el acceso al almacenamiento de toda la documentación transmitida por el sistema, toda vez que actualmente se borra a los 60 días. VOX propone triplicarlo hasta los 180 días.
Asimismo, plantea que se aumente la capacidad de envío/recepción de los 30 megas actuales para evitar el rechazo parcial de la documentación transmitida, o en su defecto se arbitre un sistema de envío digital certificado con plenos efectos legales, a realizar dentro de los 3 días siguientes para evitar el desplazamiento físico que conllevaría la presentación en formato papel.
Por otra parte, respecto a los procuradores, para evitar disfuncione, y para una correcta aplicación del artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, VOX pide que se tome como fecha de la efectividad de los actos de comunicación realizados a través de los servicios organizados por los Colegios el de la “recepción” efectuada por estos últimos y no el de la puesta a disposición en su buzón de LexNET, y que éste dato de recepción pueda ser conocida por el órgano judicial emisor.
Apunta que para su efectividad «se hace necesario dictar la instrucción precisa» del secretario general dependiente del Ministerio de Justicia, así como unificar los criterios formales a la hora de entrada de los escritos, «evitando la aplicación de protocolos particulares que resulten contradictorios».
Por último, VOX también reclama dotar de los medios personales necesarios para que las medidas recogidas en el citado acuerdo de la Comisión Mixta del CGPJ puedan llevarse a cabo «con la máxima eficiencia posible, en aras de un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en esta extraordinaria situación que atravesamos».
INSTA AL GOBIERNO A MINIMIZAR SU ESTRUCTURA, QUE ‘CUESTA CERCA DE 16 MILLONES ANUALES SÓLO EN SUELDOS DE ALTOS CARGOS’
Por otra parte, VOX ha instado hoy al Gobierno a que suprima tres vicepresidencias y 10 ministerios para ahorrar gastos y dedicar más recursos a la recuperación económica ante la crisis por el cortonavirus.
El Grupo Parlamentario VOX también ha registrado hoy una PNL en la Cámara Baja que aboga por reformar la Ley de Gobierno de 1997 y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 para fijar un máximo legal de dos vicepresidencias y de 12 departamentos ministeriales, de forma que el Consejo de Ministros esté integrado por un máximo de 13 personas, incluido el presidente, frente a los 23 actuales del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
Así, pide dejar una sola vicepresidencia y eliminar «al menos» 10 ministerios «que no desempeñen cometidos indispensables, reduciendo el número de departamentos de 22 a 12 y suprimiendo o rebajando la categoría y el sueldo de los altos cargos vinculados a estos».
También insta a completar en el plazo de 6 meses una auditoría de las Administraciones Públicas que «detecte aquellas entidades públicas, observatorios y organismos autónomos que no realicen funciones esenciales, que tengan fines meramente ideológicos o que no sirvan al interés general, procediendo inmediatamente a su disolución».
El partido de Santiago Abascal pide dirigir «todos los esfuerzos económicos del Estado a proteger la economía española, el tejido empresarial y los puestos de trabajo, así como a mantener las prestaciones públicas que aseguren la cobertura de las necesidades reales de los españoles y la provisión de aquellas que en justicia les correspondan».
79.746 EUROS ANUALES POR CADA UNO DE LOS CUATRO VICEPRESIDENTES Y 74.858 POR LOS OTROS 18 MINISTROS
VOX destaca que el gasto asociado al ‘Gobierno de coalición progresista’ son «79.746 euros anuales por cada uno de los cuatro vicepresidentes del Gobierno; 74.858 euros anuales por cada uno de los restantes 18 ministros; 72.768 euros anuales por cada uno de los 27 secretarios de Estado; 64.516 euros anuales por cada subsecretario y asimilado; 53.163 euros anuales por cada director general y asimilado…».
Añade que eso sin tener en cuenta los abonos por otros conceptos, como dietas, productividad y gastos de representación y sin incluir en esta suma otros muchos costes relacionados con los puestos de Subdirección General creados en los distintos departamentos ni los asimilados a éstos que existen en los distintos gabinetes.
VOX señala que esta «mastodóntica y extensa estructura de Gobierno que cuesta a los españoles, como mínimo, 15.844.111 de euros anuales solo en sueldos de altos cargos. Y ello sin contar con los sustanciosos salarios de las empresas públicas o con participación del Estado (la presidenta de Red Eléctrica de España, SA percibe 546.000 euros anuales) o de los distintos reguladores».
La formación hace hincapié en que “el grave drama económico y social que se avecina exige de quienes nos gobiernan que acompasen el gasto político a las posibilidades de los ciudadanos».
«Los españoles cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de sostener el Estado del bienestar y deben recibir un mensaje claro e inequívoco de que su esfuerzo diario y su sacrificio individual en favor del superior interés de la comunidad se dirige correctamente”, ha manifestado el diputado de VOX por Alicante y portavoz en la comisión de Transparencia Democrática, Eduardo Luis Ruiz Navarro.
Por ello, el Grupo Parlamentario VOX insiste en la «obligación ética y moral de impulsar políticas que disminuyan la carga que para los ciudadanos supone la existencia de superestructuras de Gobierno».
“Tenemos el deber constitucional de vigilar que el gasto público se programe y ejecute con criterios de eficiencia y economía. España atraviesa una gran tragedia… pero tiene 4 Vicepresidencias y 22 Ministerios”, subraya.
