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Los hosteleros reclaman al Gobierno la regulación de la «rebus sic stantibus» en el Código Civil para hacer frente a la crisis

Son más de mil establecimientos hosteleros, parte de un sector que aporta el 7 % del PIB; reclaman al Gobierno una medida vital para su supervivencia: La inclusión de la cláusula "rebus sic stantibus" en el Código Civil, lo que permitiría renegociar los contratos de alquiler de sus locales, repartiendo las consecuencias de la crisis creada por el COVID-19 entre arrendador y arrendatario. Foto: EP.
| | Actualizado: 07/05/2020 14:37

Mil negocios de hostelería de toda España, que dan empleo a más de 20.000 trabajadores, reclaman al Gobierno que regule, e incluya, en el Código Civil la cláusula «rebus sic stantibus» para reforzar y potenciar la cultura de la renegociación contractual. 

Agrupados bajo el nombre de Hosteleros Unidos de España, los empresarios hosteleros, un sector que aporta más del 7 por ciento del PIB, demandan, en un comunicado, al Ejecutivo que también aclare «con inmediatez cómo se articulara la flexibilización de los ERTE y que elimine las franjas horarias de restricción de la movilidad al mismo tiempo que permite las reaperturas».

La cláusula «rebus sic stantibus», que tiene su base jurídica actualizada en las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 30 de junio y 15 de octubre de 2014, dice que cuando de manera inesperada, por razones de fuerza mayor, cambian de manera esencial las condiciones del contrato inicialmente previstas, cada una de las partes puede desistir de su cumplimiento.

La introducción de la «rebus sic stantibus» en el Código Civil, principio acuñado desde el derecho romano, facilitaría la renegociación de los contratos de alquiler entre ambas partes en situaciones como las provocadas por la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma.

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Desde el punto de vista legislativo, dicha reforma no llevaría más allá de un mes. 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de abril un Decreto Ley que permite que pymes y autónomos en dificultades económicas puedan pactar un aplazamiento de hasta cuatro meses con sus caseros.

Los hosteleros consideran que dicha decisión es insuficiente porque no hace más que aplazar el problema, que no es solo de ellos, sino también de los propietarios de los locales.

“Hemos de manifestar – explican – que nuestra intención es retomar la actividad y fomentar la reactivación de la economía. Para ello, consideramos como algo innegociable que, con carácter previo, este Gobierno se pronuncié acerca del derecho contractual a la renegociación y que este derecho contractual a la renegociación se ha de basar en la regulación de la cláusula ‘rebus sic stántibus'», dice el comunicado de Hosteleros Unidos de España.

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LA «REBUS» EVITARÍA LA INTERVENCIÓN MASIVA DEL ESTADO 

«Consideramos que la regulación de esta cláusula tanto en el Código Civil como por Decreto supondrá poder evitar la intervención masiva del Estado en materia contractual; y contribuirá a erradicar la inseguridad jurídica que podría generarse si la regulación de la ‘rebus’ quedara a merced de los órganos jurisdiccionales», añaden.

Dicha renegociación evitaría que el pleito desembocara en una Justicia colapsada que tardaría años en dar una solución, perjudicando a las dos partes.

Al dueño del local porque durante el tiempo que tarde en resolverse el conflicto judicial dejará de ingresar y al empresario porque dejaría de generar ingresos.

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Por ello, Hosteleros Unidos de España consideran que la regulación legislativa de la «rebus» favorecerá tanto al arrendatario como al arrendador. 

El empresario podrá retomar su actividad y, por la otra, el dueño del local podrá seguir cobrando sus rentas, en las debidas proporciones.

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«Los beneficios que emanen de dicha regulación también tendrán un impacto positivo en otras relaciones jurídicas al margen del alquiler«, destacan.

PLANES DE MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR 

Los hosteleros también piden al Gobierno que fomente planes de medidas de apoyo directo al sector.

«Estas medidas pueden tener carácter tributario (reducción del IVA, supresión de cuotas…) o pueden revestir la forma de subsidio (ayudas directas al pago de alquileres…). Pero en última ratio exigimos que todas las medidas que se adopten contribuyan a la reactivación económica y a evitar la destrucción del tejido productivo», indican.

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También solicitan que el Gobierno garantice la posibilidad de continuar en las condiciones que prevé la figura jurídica del «Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor» hasta que el sector de señales de recuperación en el corto y medio plazo.

EL GOBIERNO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE PUNTOS QUE HAN GENERADO INSEGURIDAD 

El origen de esa inseguridad tiene su base en la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, del Ministerio de Sanidad, por lo que creen conviene que el Ejecutivo aclare «quién será el responsable de formar a los empleados para asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y que nos indique que tipo de formación será considerada como adecuada o suficiente».

Rectifique, «a través de parámetros razonables, las medidas de distanciamiento social que proponen una separación de 2 metros entre camarero y cliente, o entre mesas. Consideramos que si volvemos a abrir hemos de poder hacerlo porque se cumplen las condiciones objetivas de seguridad sanitaria que nos permitirán hacerlo con normalidad. Es decir, nos negamos a ser objeto de experimentos sociológicos cuya eficacia no está demostrada y cuya ejecución es prácticamente imposible».

Y se asegure que «la reapertura de los locales de negocio coincida con la plena recuperación de la movilidad por parte de los ciudadanos. Es decir, que coincida con la eliminación de las franjas horarias que ponen barreras a la movilidad».

PERMANECERÁN CERRADOS HASTA QUE LAS COSAS SE HAGAN BIEN

Hosteleros Unidos de España, por último afirma que no pueden abrir en las condiciones establecidas por el Gobierno.

«Queremos dejar claro que los hosteleros no abriremos nuestros locales de negocio hasta que las medidas que se adopten sean sensatas, razonables y eficientes, y por ende, contribuyan a la reconstrucción de un sector que aporta más del 7% del PIB de nuestro país», advierten.

«Esperamos que la falta de consideración que ha mostrado el Gobierno respecto de nuestra opinión sea enmendada en los próximos días pero hasta entonces queremos dejar claro que la hostelería española permanecerá cerrada«, concluyen.

Suscriben el comunicado de Hosteleros Unidos de España negocios de restauración radicados en Madrid, Barcelona, Badalona, Valencia, Ibiza, Zaragoza, Sevilla, Almería, Tarragona, Cádiz, Santander, Calella, La Coruña, Málaga, Mallorca, Menorca, Marbella, Zahara, Murcia, Huelva, Sitges, Terrassa, Valldoreix, Torredembarra, Reus, Sant Cugat, Toledo, La Canonja, Villadecans y Roda de Berá.