Hace ya tiempo que tengo el convencimiento que muchas de las traducciones de series de televisión y de películas son mejores que las originales en inglés. Por ejemplo «North by Northwest», que aquí se tituló «Con la muerte en los talones»; «Dr Strangelove or How I learned to stop worrying and love the bomb», que en España tomó el nombre «¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú»; «Unbreakeable», por «El protegido»; o «High Noon», cuya traducción se convirtió en un dicho español: «Solo ante el peligro».
Así se encuentra hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Como Gary Cooper en aquella película legendaria en blanco y negro: Solo ante el peligro.
El «peligro» lo conforma la votación que tiene que tener lugar hoy en el Congreso de los Diputados para convalidar, o derogar, en bloque el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el trámite de la Administración de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros.
En la película Gary Cooper, que hace de shérif del pequeño pueblo de Hadleyville, acaba de contraer matrimonio nada menos que con Grace Kelly –que después se convertiría en la princesa Gracia de Mónaco–.
La idea del personaje de Cooper es la de abandonar el ejercicio de las fuerzas del orden y trasladarse a la ciudad con su esposa, abrir un pequeño negocio y pasar el resto de la vida juntos.
El problema es que el shérif se encuentra con que Frank Miller, personaje que interpreta Ian MacDonald, un criminal que había detenido, llevado ante la justicia y condenado, acaba de salir de la cárcel y se dirige al pueblo para vengarse en compañía de un «socio». Y lo hace saber a todos los habitantes mediante un telegrama.
Miller llegará en el tren de las 12 de la mañana (de ahí lo del título de «high noon»).
El tiempo va pasando lentamente y nadie en el pueblo está dispuesto a ayudar al shérif.
Lo que le espera es una muerte segura.
A Campo le pasa como al shérif de Hadleyville, el tiempo va pasando lentamente y pocos en el hemiciclo están dispuesto a ayudarlo a sacar un Real Decreto-ley vital para el Ministerio que dirige y que contiene todas las medidas necesarias –estructuradas en cinco bloques– para sacar del ralentí a la paralizada Administración de Justicia y ponerla a funcionar.
A FAVOR DEL SÍ
Campo cuenta con el apoyo, de salida, del PSOE (120 votos), de su socio de coalición, Unidas Podemos (35 votos) y Más País (3 votos), que juntos suman 158 votos.
La Cámara Baja española cuenta con 350 escaños. La mitad más 1, 176, marca la mayoría absoluta.
Aunque aquí necesitaría la mayoría simple.
A FAVOR DEL NO
PP (88 votos), Navarra Suma (2 votos) y Vox (52 votos) presumiblemente votarán que no. Así lo han avanzado el PP y Vox. Las fuerzas de este bloque –porque en democracia todo es matemática; si se tiene la mayoría, se gana, y si no, se pierde– suman 142 votos.
A estos se podrían unir en el no, ERC, que tiene 13 votos, EH Bildu, con 5 votos, JxCat, con 8, CUP, con 2, y BNG, con 1. Total 29 votos.
Entre ambos bloques, la unión de fuerzas podrían sumar 171 votos, en el caso de que todos ellos se opusieran.
LA RESOLUCIÓN DEL DILEMA RESIDE AQUÍ
La resolución del dilema residiría en la posición que adopten Ciudadanos, con 10 votos, PNV, con 7 votos, Coalición Canaria, con 2 votos, Teruel Existe, con un voto y el Partido Regionalista Cántabro.
Los tres últimos partidos podrían ser susceptibles de apoyar el Real Decreto-ley impulsado por el ministro. 5 votos, en total, que sumarían 163 (158 + 5).
El desenlace quedaría en manos de PNV y de Ciudadanos.
CIUDADANOS, LA CLAVE
Si el Partido Nacionalista Vasco se abstuviera, que hay grandes probabilidades de que así fuera, dejaría a Ciudadanos como elemento decisorio final.
Si Ciudadanos también se abstuviera, el Real Decreto-ley quedaría derogado.
Pero si votara con el Gobierno, sus 10 escaños permitirían que fuera convalidado, porque sumarían 173 votos (163 + 10).
En el momento de cerrar esta crónica, la noche del martes, fuentes de Ciudadanos aclararon a Confilegal que todavía no habían tomado una decisión.
En esas estamos.
La política, como todo el mundo sabe, se rige por un principio muy simple: el «quid pro quo» o «do ut dest».
En madrileño castizo: tú me das y yo te doy.
Todo va a depender de lo que se le pida al Gobierno por sacar adelante el Real Decreto-ley y lo que el Gobierno está dispuesto a dar en circunstancias como esta. Ahí está la respuesta.
El procedimiento del debate está regulado en el artículo 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados. De acuerdo con el mismo, se debate, comenzando por su defensa, que hará el ministro Campo, explicando las razones para su convalidación, para luego dar paso a las intervenciones a favor y en contra y a la posición de los diferentes grupos parlamentarios.
Una vez concluido, se realizará la votación.
«El acuerdo se alcanza por mayoría simple y se reduce a un sí o no sobre la totalidad del decreto-ley, sin que quepa introducir modificaciones en el mismo», dice el Reglamento de la Cámara.
Si saliera el sí, el Real Decreto-ley dejará de ser una norma provisional y tendría eficacia completa.
Si ganara el no quedaría derogado en ese momento, aunque no desaparecerían los efectos que hubiera producido.
En el final de «Solo ante el peligro», la mujer del shérif juega un papel fundamental porque le ayuda a desembarazarse de los dos asesinos que quieren matar a su marido.
Y lo hace de una forma decidida y expedita.
Ahora falta saber quién asumirá hoy ese papel –si alguien lo asume– y ayudará al ministro en este primer gran desafío de su mandato.
Campo ya lo ha advertido a todos: «aquí no hay plan B». A ver qué pasa.
