La grabación de un vídeo con un móvil impide un supuesto abuso policial en una casa y se convierte en viral en redes
Secuencia de los acontecimentos: Primero el policía de paisano que exige la documentación, segundo, el dueño de la casa que les deja entrar y luego les pide que dejen la casa, tercero, un policía de uniforme que exige el padrón al que graba, y el cuarto, otro policía de uniforme que advierte de las consecuencias y que, después de resistirse levemente a salir, finalmente permite que se cierre la puerta.

La grabación de un vídeo con un móvil impide un supuesto abuso policial en una casa y se convierte en viral en redes

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15/5/2020 01:23
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Actualizado: 15/5/2020 09:31
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Ocurrió hace varios días en Palma de Mallorca. Seis policías nacionales –cuatro de uniforme y dos de paisano– acudieron a un domicilio donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños que molestaba a los vecinos. Una vecina llamó a la Policía.

Se desconoce por qué ese servicio lo hicieron los seis policías nacionales y no los de la Policía Local, ya que era un asunto de ruidos, competencia de los locales. 

«Teóricamente había ido alguien más a ese piso, que no vivía allí, saltándose el estado de alarma. Eso era lo inicial», dice un audio de la Policía Nacional explicativo al que ha tenido acceso Confilegal.

«Van allí. Los dejan entrar diciendo que no había nadie más allí ajeno a la vivienda. Con esa autorización tácita, encuentran al ‘abogado’, debajo de la cama. Y a una chica en un armario. Como se puede ver en el vídeo, nadie dice nada que tengan que salir y se ve que no les han impedido la entrada. Es el supuesto abogado que graba el que incita al morador de la vivienda para que diga a los compañeros que salgan de allí para no identificarse», añade.

«Eso es lo que pasa. Los compañeros optan por la mejor opción. Salir. Ya se están tramitando las gestiones y el atestado oportuno para tomarles declaración a esas personas, identificar y proceder contra el supuesto abogado», termina el audio.

De acuerdo con la ley, solo hay tres escenarios posibles para entrar en un domicilio: mediante autorización judicial, si se está produciendo un delito fragante o con autorización del dueño de la casa. 

MI CASA, MI CASTILLO 

El vídeo lo graba el que la policía identifica como «el abogado» al que uno de los seis agentes, que va de paisano con una sudadera verde, y una mascarilla le dice que le de su documentación y el móvil mientras este comienza a grabarle.

«Sabes que la utilización del móvil es ilegal, ¿no?», le dice el agente. Luego le pide la documentación.

El joven le contesta que está en su casa y que se vaya.

–Te estás negando a documentarte -le dice el policía.

– Estás en un domicilio particular. No hay documentación, fuera –le responde.

– Me autorizó, me autorizó –le dice el policía de paisano al dueño de la casa, el que les ha dejado entrar.

En ese momento, el joven se vuelve al dueño de la casa y le pregunta, «Albert, ¿has autorizado?».

Este contesta que no ha autorizado nada. 

Desde ese momento, el rifirrafe entre el policía y el joven del móvil sube de tono.

«Tu documentación, reitero. Es la tercera vez que te lo pido» le dice el policía, mientras mantiene los brazos cruzados sobre su pecho.

«No puedes estar aquí, fuera. Habéis entrado por la fuerza», vuelve a contestarle el joven, mientras el policía trata de convencer al dueño de la casa que sí que les habían autorizado.

Un segundo policía de uniforme le pide al joven que grababa el vídeo «¿tienes el registro del padrón?».

«Se lo estoy pidiendo correctamente. Por favor, a la calle», vuelve a responderles el «abogado».

Después de cuatro minutos de tira y afloja, que es lo que dura el vídeo, los seis policías finalmente dejan la casa.

LAS REDES SE INCENDIAN 

Los hechos, al parecer, sucedieron hace varios días, y ha creado una fuerte polémica en redes sociales.

El abogado José María de Pablo, uno de los «influencers» más seguidos, inició un hilo en Twitter analizando lo ocurrido.

«Aquí el problema nace del error de uno de los moradores del domicilio que, por lo que se deduce del vídeo, parece que autorizó a entrar a la policía. En ese caso, la policía podía entrar, y hasta ahí nada que reprochar», dice De Pablo.

El problema comienza cuando otro morador interviene y les conmina a los policías a abandonar la casa.

«Y los agentes se resisten a hacerlo. En concreto, el agente con sudadera verde y mascarilla se encara y sigue discutiendo en lugar de salir inmediatamente de la casa», añade el abogado.

Porque, pese al estado de alarma, «la Policía sigue necesitando orden judicial (o autorización de quien allí resida, claro)  para entrar (y para permanecer) en un domicilio particular», señala.

«Otro abuso policial inadmisible».

«Si era una fiesta y miente para intentar librarse de una sanción -que es lo más probable- la actuación de la policía sigue siendo ilegal y la negativa a abandonar el domicilio, allanamiento de morada», remacha De Pablo.

En esa misma línea se pronuncia Jacobo Dopico, que se identifica en su cuenta de Twitter como catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad Complutense: «Cualquier adulto sobrio sabe que para entrar en una morada para investigar un delito hace falta una orden judicial. Para investigar una no infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana (¡es un domicilio!), entran y se resisten a salir. El titular les dice que se vayan y se resisten».

Y recuerda lo que dice el artículo 204 del Código Penal: «La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley y sin mediar causa legal por delito (…) entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos, en su mitad superior (6 meses a 2 años), e inhabilitación absoluta de seis a doce años».

Esa es la razón por la que los cuatro policías de uniforme y los dos de paisano finalmente abandonan la casa.

Son muy conscientes de que la negativa de Albert, el dueño de la casa, a dejarles permanecer en el interior les deja sin suelo legal para seguir dentro.

La fuerte polémica generada y las críticas recibidas, llevaron a De Pablo a borrar su hilo de 14 tuits, que estaban siendo de lo más retuiteado.

LA DISTRIBUCIÓN DE LA GRABACIÓN EN REDES ESTÁ PROHIBIDA 

Paradójicamente, la distribución de estas imágenes a través de las redes sociales sí pueden ser un problema para «el abogado», que defendió de esa forma sus derechos.  

Porque no hay ningún inconveniente con haber grabado lo que pasó.

Lo que no podía era subirlo a las redes sociales y compartirlo, como así lo hizo, después.

El artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de ciudadana, conocida popularmente como «la ley mordaza» prohibe su uso: «El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información».

Y le puede costar muy caro: «Para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 601 a 10.400; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 30.000 euros», dice el artículo 39. 

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