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VOX reclama una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ‘asegurar la imparcialidad’ del fiscal general del Estado
Pide que el candidato sea elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con 20 años de ejercicio de la profesión, en vez de los 15 años que se exigen ahora, y no podría haber desempeñado ningún cargo político durante los diez años anteriores, entre otros requisitos. Foto: Confilegal

VOX reclama una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ‘asegurar la imparcialidad’ del fiscal general del Estado

Hoy ha presentado una PNL en el Congreso para modificar los requisitos exigidos a los candidatos
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18/5/2020 16:35
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Actualizado: 18/5/2020 16:35
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VOX ha registrado hoy una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados relativa al «incremento y objetivación» de los requisitos necesarios para la designación del fiscal general del Estado, «para reforzar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia política» del máximo representante del Ministerio Público.

Para ello, es necesaria una modificando de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

VOX propone que todo candidato a ocupar el puesto de fiscal general del Estado cumpla al menos con los siguientes requisitos: no desempeñar o haber desempeñado cargo político electo o de confianza en los 10 últimos años; no pertenecer o haber pertenecido a un partido político ni a un sindicato, ni haber trabajado para ninguno de estos en los últimos 10 años; no contar con antecedentes penales; y en caso de pertenecer a algún cuerpo funcionarial o estar colegiado como profesional liberal, no haber sido sancionado en firme por falta grave o muy grave en los 10 últimos años.

También pide que se amplíe de 15 años a 20 años el periodo mínimo exigido como jurista de reconocido prestigio «buscando de este modo un grado mayor de excelencia y de experiencia».

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Además, solicita que «se utilicen los criterios de mérito, capacidad e idoneidad, valorados de una manera objetiva».

El partido de Santiago Abascal pide que esta PNL se debata en la Comisión de Justicia.

La firman la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona Choclán, abogada del Estado en servicios especiales, y los diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández, José María Sánchez García y Pedro Fernández Hernández.

Ciudadanos impulsó en la anterior legislatura una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero fue rechazada por la Cámara Baja en febrero de 2018, y el pasado enero la recuperó.

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«Esta iniciativa de VOX se enmarca dentro de la idea que tiene este partido de reforzar la independencia de los poderes del Estado y también de profesionalizar la administración», señala a Confilegal el diputado de VOX Eduardo Luis Ruiz Navarro, uno de los firmantes.

Eduardo Luis Ruiz Navarro, diputado de VOX por Alicante y letrado de la Administración de Justicia en servicios especiales.

«Tengamos en cuenta que según recoge el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal éste es un órgano de relevancia constitucional que está integrado en el Poder Judicial con autonomía, de ahí lo fundamental de garantizar que todo el Poder Judicial tenga independencia respecto de los demás poderes del Estado, y que además los españoles la perciban como tal», explica.

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Añade que «dado a que no podemos evitar que sea el Gobierno el legitimado para proponer el nombramiento del fiscal general del Estado, porque viene regulado así en la Constitución, en el artículo 124, al menos sí podemos establecer unos parámetros que obliguen al Ejecutivo a buscar la excelencia en los candidatos».

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VOX señala en la exposición de motivos que a comienzos de 2019, el Real Instituto Elcano publicó un estudio titulado La calidad de la democracia española, firmado por Carmen González Enríquez, en el que se presenta la posición de España en términos de calidad de su democracia en los dos índices que a comienzos de 2019 habían publicado informes más recientes: ‘Democracy Index’ el ‘Rule of Law Index’.

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Expone que en las versiones correspondientes de ambos informes en 2020, España ocupa la posición 16 en el primero de ellos y la 21 en el otro.

Indica que el Rule of Law Index, elaborado por World Justice Project, señala la corrupción como uno de los elementos que impide que mejore la posición de España en el ranking comparativo de la calidad de las democracias del mundo.

VOX explica que el citado artículo «contrapone el descrédito de la clase política a la confianza que inspiran el sistema judicial y el policial, que obtienen en el referido Rule of Law Index una muy buena calificación en lo que respecta a su honradez (0,85 y 0,86 en la escala 0 a 1)».

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Añade que a pesar de ello, el artículo advierte que “un tercer elemento debilita la posición de España: la carencia de medios y personal en el sistema judicial, lo que conduce a retrasos excesivos en el procesamiento de las causas y, en consecuencia, a la ineficacia y menor prestigio del sistema”.

VOX expone que precisamente por ello, debido a que la política y los políticos todavía tienen importantes facultades para designar a las más altas autoridades del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, «resulta conveniente introducir elementos que permitan objetivar las actuaciones tendentes a su nombramiento y a definir de forma más clara el perfil de los aspirantes».

«Si la Justicia aparece como bien valorada en general, debemos garantizar que esta imagen se mantenga e incluso se refuerce; y que el ciudadano sienta al Poder Judicial como una institución independiente y confiable es esencial para la calidad democrática de nuestro sistema político», manifiesta.

VOX recuerda que el artículo 29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente por el CGPJ, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Recibido el informe del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia del elegido ante la Comisión correspondiente de la Cámara a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato.

Una vez nombrado, el fiscal general del Estado presta ante el Rey el juramento o promesa  y toma posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

VOX destaca que «la figura» del fiscal general del Estado «es clave en la garantía de la eficacia judicial en nuestro Estado y de su independencia» del Gobierno correspondiente.

Recuerda que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que corresponde a éste la “defensa de la independencia de los jueces y tribunales” y “velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa”.

NOMBRAMIENTO DE DELGADO

El partido de Santiago Abascal indica que las importantísimas funciones constitucionales que se asignan al Ministerio Fiscal y, en su cúspide, al fiscal general del Estado, mal casan con las «escasas garantías que ofrecen hoy los pocos requisitos existentes para ser candidato a ocupar la Fiscalía General del Estado». 

Afirma que ello se ha puesto recientemente de manifiesto con el «controvertido» nombramiento de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

«Sin solución de continuidad, fue propuesta como máxima representante del Ministerio Fiscal el mismo día en que se hacía efectivo su cese como ministra de Justicia», apunta VOX.

Manifiesta que Delgado cumple «sobradamente» los 15 años de ejercicio, pero, añade que, a su juicio, «su prestigio profesional» entre sus compañeros está adornado por «sonrojantes y desafortunadas declaraciones» sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «y sobre diversos compañeros de Carrera».

Añade que «también por dos reprobaciones en el Congreso de los Diputados y una en el Senado» en relación con su «falta de contundencia» a la hora de defender al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena , instructor del ‘caso procés’, «ante los ataques de los tribunales belgas»; su amistad con el excomisario José Manuel Villarejo y el exmagistrado Baltasar Garzón; y «su orden a la Abogacía del Estado» en el ‘caso procés’.

Por ello, el grupo parlamentario VOX entiende que es «imprescindible reforzar los requisitos» a los que deben estar sujetos los candidatos, de tal manera que «se definan perfiles que alcancen un mayor grado de idoneidad y de imparcialidad, de probidad y de justicia, de honradez y de excelencia para ejercer tan alto cargo, alejando la sombra de la política de esta institución».

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