El general de división de la Guardia Civil, Félix Blázquez, recién nombrado mando de operaciones de la Dirección Adjunta Operativa del cuerpo está siendo investigado por un supuesto caso de acoso laboral y prevaricación, según informa hoy El Correo.
En concreto, el juzgado togado Militar Central número 1 de Madrid estaría investigando a Blázquez tras la denuncia presentada en octubre de 2018 contra él y dos comandantes, un capitán, un teniente y un cabo primero por los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles del País Vasco (AUGC).
Los hechos, según El Correo, se remontan a 2017, dos años después de que Blázquez asumiera la jefatura de la 11 Zona del instituto armado, lo que incluye el País Vasco. La asociación interpuso la denuncia para defender los intereses de un guardia civil que llegó al puesto de Llodio (Álava) a finales de 2015.
Según denunció la AUGC, el agente tuvo encontronazos con algunos mandos lo que le supuso la apertura de cuatro expedientes entre julio de 2017 y abril de 2018. Estas sanciones, incoadas por Blázquez, le generaron la pérdida de su destino laboral y multas económicas que ascendieron a casi 15.000 euros.
El agente llegó a ser incluso supervisado por un especialista en psiquiatría del Hospital Militar de Zaragoza, a instancias de la Guardia Civil, que, según la asociación, consideró que podría estar sufriendo acoso laboral.
La primera denuncia se presentó ante los juzgados de instrucción de Vitoria en octubre de 2018. Posteriormente, Blázquez dejó su puesto en el País Vasco para pasar a ser el máximo responsable de las actuaciones contra la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar.
El nuevo nombramiento de Blazquez, en sustitución del teniente general Fernando Santafé, se ha producido en plena crisis de la cúpula del Instituto Armado, ya que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó el lunes al coronel Diego Pérez de los Cobos y horas más tarde dimitía el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.
Varias asociaciones de guardias civiles han apuntado que detrás del cese de Pérez de los Cobos podría estar su negativa a facilitar a Interior información sobre la causa que dirige el juzgado de instrucción 51 de Madrid en la que está siendo investigado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por autorizar concentraciones multitudinarias, como la del 8-M, los días previos a la declaración del estado de alarma.
Sin embargo, según el titular de Interior, los cambios en la cúpula de la Guardia Civil responden a un proceso natural de reestructuración de equipos.
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO JUDICIAL
Tras varios meses en los que se ha dirimido qué instancia debía hacerse cargo de este asunto, el juzgado togado Militar Central asumió el caso.
Según las fuentes consultadas por el periódico vasco, el pasado 16 de marzo el juzgado notificó la denuncia a los mandos policiales. Además, les notificó que se procedería a tomarles declaración.
Sin embargo, tras el decreto del estado de alarma como consecuencia de la pandemia de Covid-19, el procedimiento se ha visto paralizado, por lo que las diligencias se han retrasado hasta que los juzgados empiecen a reanudar su actividad.
