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La Abogacía del Estado reprocha a la juez del 8-M que devuelva el informe al forense para volver a imputar lesiones a Franco

Acusa al perito y a la Guardia Civil de elaborar sus informes sin datos técnicos ni científicosRosa María Seoane pide que se revoque la citación de Franco como investigado del 10 de junio. Foto: EP
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La Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en la Comunidad en Madrid, José Manuel Franco, en la causa en la que le investigan por permitir la manifestación del 8 de marzo, ha reprochado a la magistrada instructora, Carmen Rodríguez-Medel, que devuelva su informe al médico forense con el “afán” de poder volver a imputarle el delito de lesiones imprudentes.

La abogada del Estado Rosa María Seoane -quien defendió la tesis de la sedición durante el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo- presentó el pasado miércoles un recurso contra la decisión de la juez de remitir de nuevo la causa al forense, al considerar que es “innecesario, inútil e impertinente” en relación al presunto delito de prevaricación que se investiga.

Para Seoane, devolver el informe a su autor “sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes”.

Señala que esto permitiría “la entrada de acusaciones particulares, pues a día de hoy, no hay personada en forma ninguna acusación ni Fiscalía ha manifestado que vaya a ejercerla”.

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“Nos encontramos con una instrucción sin acusación, impulsada sólo por la instructora”, afirma.

Seoane también presentó el pasado 23 de marzo un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto de Rodríguez-Medel en el que abrió el procedimiento penal contra Franco, y que la Abogacía del Estado pide que se revoque.

En él, acusa a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid de abrir una “causa general” y “prospectiva” contra la gestión de la crisis sanitaria, que además dice que vulnera las normativa de aplicación del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia.

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DESCARTÓ EL DELITO AL NO VER RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Rodríguez-Medel acordó el 23 de marzo investigar a Franco por el delito de prevaricación administrativa, por el que fue denunciado por un particular, y por el delito de lesiones imprudentes, que posteriormente fue descartado tras recibir el informe encargado al médico forense adscrito al Juzgado.

El perito descartó la “relación de causalidad” entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus, ya que, según explica, “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días -entre el 5 y el 14 de marzo- y que haya resultado infectada por el virus de Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc”.

Por esta conclusión, Rodríguez-Medel acordó retirar la imputación por lesiones imprudentes y continuar la investigación por una presunta prevaricación administrativa.

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El perito añadió un último párrafo en su informe que decía que “lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”.

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Ante esto, la magistrada acordó el pasado 25 de mayo remitir de nuevo la causa al médico forense adscrito al juzgado por si considera preciso “ampliar” su informe, una vez recibido el atestado realizado por la Policía Judicial de la Guardia Civil a sus órdenes.

SIN ‘DATOS OBJETIVOS’

Según la abogada del Estado, el informe del forense “no contiene ninguna información sobre los extremos que en su momento se le habían encomendado informar”, que era analizar si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 “fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas”.

Dice que la afirmación que hace el forense sobre que las manifestaciones han podido causar “una amplia difusión de la enfermedad” no tiene “ningún sustento científico ni técnico”, ni tampoco es razonado ni se apoya en algún “dato objetivo”.

Afirma que es una “afirmación apodíctica huérfana de apoyo técnico, máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid”.

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Asimismo, afea que en el informe se haga una “mención genérica a documentos que han estado en constante evolución por el avance científico en el conocimiento del virus, y que además no dicen lo que el forense afirma con semejante simplicidad”.

La Abogacía del Estado dice que es “falso afirmar” que los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, recomendaran cancelar los eventos multitudinarios, “sin distinción alguna”.

CRITICA EL ATESTADO DE LA GUARDIA CIVIL Y LO RECHAZA POR TENER UN ‘CLARO SESGO ACUSATORIO’

Además, manifiesta que el forense omitió que el informe emitido por el Centro Europeo seis días antes del 8M recomendaba la cancelación de evento “en los escenarios 3 y 4 y sólo excepcionalmente cuando concurra una causa especial, en los escenarios 1 y 2”.

La Abogacía del Estado también critica el atestado de la Guardia Civil y lo rechaza por tener un “claro sesgo acusatorio”.

Para Seoane, en este documento no se encuentra “ningún análisis de evidencias científicas, sólo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica para revisar el informe del forense”.

PIDE LA SUSPENSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE FRANCO

La Abogacía del Estado también pide en el recurso, presentado el pasado miércoles, que revoque la citación de  Franco como investigado del 10 de junio.

Estaba prevista inicialmente para el próximo 5 de junio y la magistrada, tras recibir “tres escritos” de los servicios jurídicos del Estado, acordó retrasarla al día 10.

Seoane también critica que Rodríguez-Medel no motive en su providencia por qué acuerda citar a declarar a Franco como investigado, mientras que en el auto por el que se admitía la denuncia y se acordaban las primeras diligencias de investigación, no se le llegara a declarar tal condición “por no encontrar en ese momento los indicios necesarios para ello”.

“¿Qué ha cambiado para que ahora se le cite como investigado?”, pregunta.

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