La Abogacía del Estado reprocha a la juez del 8-M que devuelva el informe al forense para volver a imputar lesiones a Franco

DESCARTÓ EL DELITO AL NO VER RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Rodríguez-Medel acordó el 23 de marzo investigar a Franco por el delito de prevaricación administrativa, por el que fue denunciado por un particular, y por el delito de lesiones imprudentes, que posteriormente fue descartado tras recibir el informe encargado al médico forense adscrito al Juzgado.

El perito descartó la «relación de causalidad» entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus, ya que, según explica, «no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días -entre el 5 y el 14 de marzo- y que haya resultado infectada por el virus de Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc».

Por esta conclusión, Rodríguez-Medel acordó retirar la imputación por lesiones imprudentes y continuar la investigación por una presunta prevaricación administrativa.

El perito añadió un último párrafo en su informe que decía que «lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad».

Ante esto, la magistrada acordó el pasado 25 de mayo remitir de nuevo la causa al médico forense adscrito al juzgado por si considera preciso «ampliar» su informe, una vez recibido el atestado realizado por la Policía Judicial de la Guardia Civil a sus órdenes.

SIN ‘DATOS OBJETIVOS’

Según la abogada del Estado, el informe del forense «no contiene ninguna información sobre los extremos que en su momento se le habían encomendado informar», que era analizar si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas».

Dice que la afirmación que hace el forense sobre que las manifestaciones han podido causar «una amplia difusión de la enfermedad» no tiene «ningún sustento científico ni técnico», ni tampoco es razonado ni se apoya en algún «dato objetivo».

Afirma que es una «afirmación apodíctica huérfana de apoyo técnico, máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid».

Asimismo, afea que en el informe se haga una «mención genérica a documentos que han estado en constante evolución por el avance científico en el conocimiento del virus, y que además no dicen lo que el forense afirma con semejante simplicidad».

La Abogacía del Estado dice que es «falso afirmar» que los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, recomendaran cancelar los eventos multitudinarios, «sin distinción alguna».

CRITICA EL ATESTADO DE LA GUARDIA CIVIL Y LO RECHAZA POR TENER UN ‘CLARO SESGO ACUSATORIO’

Además, manifiesta que el forense omitió que el informe emitido por el Centro Europeo seis días antes del 8M recomendaba la cancelación de evento «en los escenarios 3 y 4 y sólo excepcionalmente cuando concurra una causa especial, en los escenarios 1 y 2».

La Abogacía del Estado también critica el atestado de la Guardia Civil y lo rechaza por tener un «claro sesgo acusatorio».

Para Seoane, en este documento no se encuentra «ningún análisis de evidencias científicas, sólo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica para revisar el informe del forense».

PIDE LA SUSPENSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE FRANCO

La Abogacía del Estado también pide en el recurso, presentado el pasado miércoles, que revoque la citación de  Franco como investigado del 10 de junio.

Estaba prevista inicialmente para el próximo 5 de junio y la magistrada, tras recibir «tres escritos» de los servicios jurídicos del Estado, acordó retrasarla al día 10.

Seoane también critica que Rodríguez-Medel no motive en su providencia por qué acuerda citar a declarar a Franco como investigado, mientras que en el auto por el que se admitía la denuncia y se acordaban las primeras diligencias de investigación, no se le llegara a declarar tal condición «por no encontrar en ese momento los indicios necesarios para ello».

«¿Qué ha cambiado para que ahora se le cite como investigado?», pregunta.

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