Rodríguez-Medel rechaza imputar a Simón porque sólo investiga las decisiones del delegado del Gobierno en Madrid
Rechaza ampliar la denuncia de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena en relación a Fernando Simón, le dice que debería presentar la ampliación ante los juzgados que ya tienen asuntos contra él y no ante el suyo.

Rodríguez-Medel rechaza imputar a Simón porque sólo investiga las decisiones del delegado del Gobierno en Madrid

Recuerda que al menos dos juzgados diferentes de Madrid tienen asuntos ya registrados en trámite contra el epidemiólogo
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29/5/2020 12:43
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Actualizado: 29/5/2020 13:09
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La magistrada que instruye la causa sobre la manifestación del 8M en Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, rechaza imputar al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón.

Ante la «multitud» de escritos que ha recibido el juzgado «por quien no está personado y en relación con hechos que no son objeto de la presente investigación», señala que «los únicos hechos investigados en este procedimiento» hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del por el delegado del Gobierno en Madid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

Así lo expone Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en una nueva providencia dictada hoy, en la que recuerda que los únicos personados en esta causa de momento son la Fiscalía y la Abogacía del Estado y por lo tanto todos los escritos formulados por otras representaciones legales «no serán unidos al procedimiento, devolviéndose al presentante».

Rodríguez-Medel ha rechazado ampliar la denuncia de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena en relación a Simón.

Recuerda que «al menos dos juzgados diferentes» de Madrid tienen asuntos ya registrados en trámite» contra Simón «indiciariamente por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia que nos ocupa».

Rodríguez-Medel indica a esta asociación, a la que ha admitido que se persone como acusación popular si presenta un poder especial y presta 1.000 euros en concepto de fianza, que debería presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante el suyo.

La magistrada tiene pendiente pronunciarse sobre la petición de imputación a Simón por los presuntos delitos de desobediencia y denegación de auxilio que ayer realizó la Asociación contra la Gestión del Coronavirus.

CITA A DECLARAR A SIETE TESTIGOS PARA EL 11 DE JUNIO

En esta providencia también ha citado a declarar como testigos para el 11 de junio, a partir de las 15.30 horas, a los responsables de varias asociaciones y sindicatos que tenían previsto realizar manifestaciones o concentraciones en fechas próximas al 8 de marzo y que, según un atestado realizado por la Policía Judicial de la Guardia Civil remitido al Juzgado, las suspendieron por motivos sanitarios.

Se trata de los responsables de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Defensa del sistema público de pensiones de Getafe, la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, el secretario general del sindicato CGT Madrid, el colectivo de afectados de Forum Afinsa, el sindicato CGT Amazon, y el sindicato de Oficios Varios del Sur CGT.

Para el día anterior está citado a declarar como investigado el delegado del Gobierno en Madrid.

Por otra parte, la magistrada deniega tener por ampliada la denuncia en relación con el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que «sin identificar» la Asociación de Consumidores y Usuarios imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades, toda vez que «no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos» denunciados.

Además, deniega varias personaciones como acusación dado que sus escritos no cumplen con los requisitos exigidos por la ley.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, que empezarán a computarse desde que se alce la suspensión de los plazos procesales decretados como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

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