El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una instantánea tomada en el Senado. Foto: Ricardo Rubio/EP.
Ni APM ni FJI se creen ya las explicaciones «oficiales» del ministro Grande-Marlaska a la vista del oficio de la Guardia Civil
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02/6/2020 20:41
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Actualizado: 02/6/2020 20:46
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Son dos de las cuatro asociaciones de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Las dos se han expresado con claridad sobre las explicaciones oficiales del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el cese del coronel, jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Perez de los Cobos, «por pérdida de confianza»: no se las creen.
Ambas se han convencido finalmente de las falsas razones esgrimidas por Grande-Marlaska para tomar esa decisión.
El ministro –magistrado en servicios especiales– lo justificó diciendo que estaban «ante un proceso natural de sustitución de los equipos directivos de la Guardia Civil».
Tras acceder al oficio (carta interna) que elaboró la directora general de la Guardia Civil, Carmen Gámez, la tarde del pasado domingo, dirigido al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, conocido hoy públicamente, han conocido las verdaderas razones del cese: la negativa del coronel a facilitar a sus superiores el acceso al informe de la investigación sobre el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco -secretario general del PSM-PSOE-, que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil acababa de elaborar.
Fue la negativa del coronel, en suma, a cumplir una orden ilegal.
La APM, por ello, hace un llamamiento, en un comunicado hecho público hoy, al Consejo General del Poder Judicial para que, como garante de la independencia del Poder Judicial, «adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna».
Dicho de otra manera, para que tome las medidas oportunas para que no se produzca una injerencia similar en el futuro.
FJI, por su parte, reivindica la necesidad de que «la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados».
La asignatura pendiente desde el principio de la democracia.
EL OFICIO DE LA GUARDIA CIVIL QUE CONTIENE TODA «LA VERDAD»
La APM subraya que «Hoy los medios de comunicación han hecho público el oficio suscrito por la Directora General de la Guardia Civil, Marta Gámez Gámez, en la que propone el cese del destino del coronel D. Diego Pérez de los Cobos ‘por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento’”.
Y añade: «Del mencionado oficio se desprende que fue la negativa del coronel a incumplir ley, a eludir el cumplimiento de la orden dada por la autoridad judicial y, en definitiva, garantizar la reserva de las actuaciones y el buen fin de la investigación, lo que ha motivado su cese«.
«EL MINISTRO HA MENTIDO»
FJI, por su parte, califica los hechos como de «muy graves» y afirma que «El Ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un Informe encargado en el marco de unas diligencias (D. P. 607/2020, Juzgado Instrucción 51 Madrid) que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte».
Esta asociación recuerda las palabras de Grande-Marlaska en el Senado, el pasado 29 de mayo, quien, respondiendo a las preguntas de un senador, dijo que “Ni yo, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado del coronel Pérez de los Cobos ni el informe, ni el contenido del Informe”.
Foro Judicial Independiente, además, recuerda que Grande-Marlaska es magistrado, lo que añade gravedad a todo lo acontecido.
Porque «no solo le deja en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial».
UN ATAQUE AL ESTADO DE DERECHO DE MARLASKA Y DE SÁNCHEZ
La Asociación Profesional de la Magistratura considera, asimismo, que la decisión del ministro del Interior, «amparada, justificada y sustentada por el Presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución como norma fundamental que nos hemos dado todos los españoles como salvaguarda de una convivencia pacífica».
Foro Judicial Independiente recuerda que llevan años reclamando reformas «para garantizar una efectiva separación de poderes que refuercen la independencia judicial, y al tiempo venimos solicitando que se ponga fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la judicatura a la política, y vuelta a la judicatura, sin ninguna restricción o cautela, pero con un gran coste en la confianza del ciudadano en el Poder Judicial».
De las dos asociaciones de jueces restantes, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), solo la primera se ha posicionado públicamente pidiendo la dimisión de Grande-Marlaska. JJpD, progresista, ha decidido no pronunciarse.
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