La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar como testigos el próximo 11 de junio a cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid en el marco de la causa en la que investiga una presunta prevaricación administrativa cometida por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al permitir la manifestación del 8-M en Madrid.
Entre los citados también aparecen promotores de otras manifestaciones cercanas al pasado del 8 de marzo.
En la providencia, que tiene fecha de este miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada recuerda a varias organizaciones de afectados por Covid-19 que deben prestar fianza para poder personarse en las actuaciones.
Además, rechaza ampliar la querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, tal y como todas ellas venían solicitando pese a no ser parte aún en el procedimiento.
Asimismo, vuelve a insistir, al igual que hizo el pasado viernes en otra resolución, que esta investigación penal «no se dirige frente al citado denunciado señor Simón y que una consulta en la aplicación informática de estos Juzgados de Instrucción evidencia que otros Juzgados han incoado procedimientos frente al citado denunciado, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este», según subraya la providencia.
En cuanto a los nuevos testigos, se trata de cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno y tres promotores de manifestaciones, según ha podido confirmar Europa Press en fuentes de la delegación y del informe de la Guardia Civil en el que se analizaban las actuaciones de la Delegación del Gobierno en los días previos y posteriores a la manifestación feminista.
Según la providencia, la juez Rodríguez-Medel ha citado a partir de las 9.00 horas del 11 de junio a cinco funcionarios de la Delegación del Gobierno: José Luis Sánchez García, Ignacio Ortiz Salazar, María Lourdes Andrés Andrés, María Elena García Díaz y Ramez Muhzrram Rey.
La magistrada ya rechazó la semana pasada la solicitud de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena de ampliar la denuncia inicial para imputar al conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno por delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades por permitir la masiva manifestación del 8 de marzo. Sin embargo, Rodríguez Medel sí considera necesario que declaren como testigos.
Después de estos cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno, están convocados tres promotores de manifestaciones convocadas a principios de marzo: Javier Gómez Ochoa, de CC.OO. Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de ‘Anonymus for the voiceless Animal Save’; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.
UN IMPUTADO Y 15 TESTIGOS POR EL MOMENTO
De este modo son ya 15 el total de testigos emplazados por la juez Rodríguez-Medel para el próximo día 11, ya que en una anterior resolución del pasado viernes había citado a lo promotores de siete manifestaciones que estaban convocadas en marzo y a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran.
El relato de estas llamadas consta en el informe realizado por la Guardia Civil y que se basa en las declaraciones que los investigadores tomaron en sede policial a los promotores de estas protestas, los cuales dijeron que estas comunicaciones se dirigían a «sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria creada por el covid-19«.
Algunos testigos hablaron de que les llamó «una funcionaria», otros dijeron que «un funcionario» y en un caso se dio el nombre de «un tal ‘José Luis'».
LLEGAN LAS ACUSACIONES POPULARES
En cuanto a las acciones populares, por el momento la magistrada únicamente había admitido la solicitada por la sociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que integran afectados por Covid-19, si bien la condicionaba a la presentación de poder especial y prestación de 1.000 euros en concepto de fianza.
En la providencia de este miércoles, la juez del número 51 de Madrid da la misma respuesta al querellante inicial de las actuaciones, el abogado Victor Valladares, que aún no había logrado formalizar su acusación; así como a la Asociación Profesional Mayoritaria de Mandos, Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y a un particular que se querella contra Franco por el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus.
Finalmente, la juez da trámite recurso de reforma presentado por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de José Manuel Franco, contra su citación como imputado el próximo 10 de junio, y emplaza a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto.
