La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad se ha querellado contra Isolux Corsán y su cúpula directiva entre 2008 y 2015 por presunto pago de comisiones ilegales a una asociación ilícita dirigida por el expresidente de Argentina Néstor Carlos Kirchner, y su mujer y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, para conseguir en 2007 la adjudicación de la construcción de una central termoeléctrica en Río Turbio (Argentina).
Anticorrupción ha informado que la querella se dirige exclusivamente contra los responsables de Isolux en España entonces: el expresidente Luis Delso; el exvicepresidente José Gomis, y quienes ocuparon el cargo de consejero delegado y director financiero en aquel periodo.
El expresidente de Isolux Luis Delso está imputado en el ‘caso Pujol’, en el ‘caso Gürtel’ se le señaló como el posible ‘Luis, el cabrón’, después de que Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ dijera que le «bautizó» así por una deuda.
Delso y Gomis fueron absueltos en junio de 2019 de defraudar 1,37 y 2,37 millones de euros en 2012, respectivamente, al considerar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.
La Fiscalía explica que no dirige la querella «contra los ciudadanos argentinos responsables de la sucursal en Argentina, dado que ya están procesados y pendientes de juicio en ese país».
Según explica, la querella se sustenta en la investigación llevada a cabo por la justicia argentina en el conocido como caso ‘cuadernos de la corrupción’, según la cual de 2003 a 2015 «varios funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional habrían constituido una asociación ilícita», dirigida por Néstor Carlos Kirchner -ya fallecido- y su mujer, Cristina Elisabet Fernández, «dedicada al cobro de comisiones ilícitas vinculadas a la concesión de obras públicas a diversas empresas».
Anticorrupción señala que según el juez a cargo de esa investigación, entre 2008 y 2015 el Grupo Isolux Corsán habría efectuado «al menos 19 entregas de dinero a tales funcionarios, cada una de ellas por regla general por un importe de 300.000 dólares» (264.000 euros).
La investigación ha apuntado que aunque esas entregas se ejecutaron por los responsables locales de Isolux, fueron «autorizadas» por la matriz española, que, además, «transfirió periódicamente los fondos necesarios para ello desde España».
El Ministerio Público recuerda que además del normal ejercicio de sus funciones, la acción de la Fiscalía Anticorrupción se dirige a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España tras la ratificación en el año 2000 del Convenio de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales hecho en París el 17 de diciembre de 1997.
El grupo Isolux se declaró en concurso de acreedores en 2017 tras no lograr refinanciar su deuda y con un agujero patrimonial de 3.830 millones de euros, según reflajaba el informe de sus administradores concursales.
La compañía de construcción e ingeniería y sus filiales quebraron con una deuda total de 5.695,3 millones de euros, mientras que los activos para afrontarla presentan un valor de 1.865 millones de euros.
El concurso de Isolux Corsán se erigió como uno de los mayores de la historia empresarial española, junto a los de Martinsa Fadesa, Abengoa, Nueva Rumasa y Pescanova.
