ASEFA y SCOR Global P&C condenadas a pagar 2,6 millones de euros a REALIA por daños y perjuicios
La promotora REALIA ha ganado su demanda contra las reaseguradoras ASEFA y SCOR por haber formado un cártel para influir en los precios, en perjuicio suyo.

ASEFA y SCOR Global P&C condenadas a pagar 2,6 millones de euros a REALIA por daños y perjuicios

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19/6/2020 06:50
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Actualizado: 14/6/2022 13:23
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El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, ha condenado a las aseguradoras ASEFA, S.A., Compañía Española de Seguros y Reaseguros, y a SCOR Global P&C, S.E., a compensar con 2.651.570,82 euros más intereses, de forma solidaria, a la promotora inmobiliaria REALIA Business, S.A, por daños y perjuicios. 

Las dos empresas formaron parte de un cártel de empresas de seguros que fue sancionado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en 2009.

El magistrado Sánchez Magro, en su sentencia 210/2020 de 9 de junio, ha aceptado en su integridad el informe aportado por el perito aportado por el despacho Ramón y Cajal, que ha actuado en representación de REALIA.

La extinta CNC –hoy aglutinada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)– multó con 120,7 millones de euros a las compañías de reaseguros ASEFA, Caser, Mapfre, Munich Re, Scor y Swiss Re por haber cerrado un acuerdo para fijar unos precios mínimos, entre 2002 y 2007, de un seguro de diez años que cubría los daños causados por la construcción en los edificios.

Aunque el tribunal de apelación de la Audiencia Nacional revocó después la decisión de la CNC, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo limitó las responsabilidades sobre ASEFA, SCOR, quienes formaron parte del llamado cártel del seguro decenal, y ordenó a la CNC a recalcular las sanciones.

Así, ASEFA fue multada en marzo de 2017 por la CNMC con 6.828.000 de euros y SCOR con 18.599.000 de euros.

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA POR REALIA

REALIA presentó su demanda contra ASEFA y SCOR el 29 mayo de 2017.

En ella argumentó que se le había cobrado de más por sus contratos de seguro de diez años precisamente por la existencia del cártel, por lo que solicitó al magistrado que condenara a ambas empresas a compensarle con 3.169.234,07 euros más los intereses que se hubieran acumulado desde la interposición de la demanda, «por los daños y perjuicios derivados de una conducta anticompetitiva consistente en su participación en un cártel de fijación de unos precios mínimos en el seguro decenal de daños a la edificación y en las prácticas de seguimiento y control del cumplimiento de lo pactado«.

ASEFA y SCOR respondieron argumentando que REALIA había basado su demanda erróneamente en los «daños globales» que había sufrido cuando contrató el seguro de diez años a un aseguradora que no estaba involucrada en el cártel, dice el fallo.

Y añadieron que la promotora inmobiliaria no había podido probar que el incremento de precio sufrido cuando contrató el seguro había sido causado por el cártel y no por otras razones.

Sin embargo, el magistrado Sánchez Magro recuerda en su sentencia que el Tribunal Supremo había confirmado la existencia del cártel en dos sentencias relativas a ASEFA y SCOR.

Y destaca que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su caso Kone, de 5 de junio de 2014, estableció la admisibilidad de los litigios por daños y perjuicios derivados de un efecto «paraguas», en el que las víctimas son clientes de una empresa que no está involucrada en la infracción pero que ha tenido que subir sus precios debido a la distorsión causada por el cártel. 

En este caso, como consecuencia de la conducta de las reaseguradoras, todas las empresas de seguros que no participaron en el cártel, aplicaron precios mínimos para los seguros de diez años, que era uno de los objetivos de las demandadas, dice Magro.

En consecuencia, REALIA tiene el derecho a reclamar una compensación por parte del cártel formado por las reaseguradoras ASEFA Y SCOR. 

LA ACCIÓN NO HABÍA PRESCRITO 

Otro punto de defensa de ASEFA y SCOR ante el magistrado Sánchez Magro consistió en argumentar que la acción había prescrito.

Un enfoque que Sánchez Magro no «compró».

Según el magistrado, el plazo para presentar una demanda por daños y perjuicios es de un año después de que pudiera presentar la demanda, de acuerdo con la ley española aplicable, sin perjuicio de la transposición de los daños y perjuicios directos.

En este caso, Realia solo fue plenamente consciente de los daños sufridos después de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el caso con sus sentencias de mayo y junio de 2015. 

Y como Ramón y Cajal Abogados interpuso la demanda en el curso del año, con un lapso de tiempo en el que se interrumpió la prescripción, esta fue presentada a tiempo.

La promotora inmobiliaria, asimismo, acompañó su demanda con un informe pericial elaborado por Hispania Alfa Completeness, S.L.P., firmado por Víctor Benedito Torrecilla, en el que cuantifica los sobrecostes pagados por Realia por las prácticas llevadas a cabo por el cártel del seguro decenal.

En el mismo, Benedito Torrecilla, para determinar dichos sobrecostes, utiliza datos históricos reales de los precios pagados por la promotora inmobiliaria demandante a diferentes compañías de seguros durante el período de la infracción, entre 2002 y 2007, para las pólizas de seguros a diez años.

Y compara estos datos con los precios establecidos antes y después de la existencia del cártel por esos mismos servicios, haciendo uso de información facilitada por la CNC y de otros datos públicos.

«Analizados los datos pre-cártel y post-cartel, lo que a su juicio determinan las condiciones contractuales de mercado de lo que era un precio competitivo antes y después de las prácticas del cártel (…), los precios habrían sufrido un reducción gradual desde 2001 hasta 2008», subraya Sánchez Magro, para quien este informe pericial ha marcado la diferencia y ha sido la base para establecer su criterio final y conceder a REALIA la compensación de 2.651.570,82 más intereses. 

Sobre los informes aportados por las empresas demandadas, el magistrado dice no tenerlos en cuenta porque ninguno de ellos ha tenido poder de convicción.

«Se asientan sobre una interpretación alegada del contenido de la Resolución de la CNC y sus hechos declarados, desarrollando modelos alejados de la Guía Práctica para acreditar la existencia de daño», explica.

La sentencia no es firme. Puede apelarse ante la Audiencia Provincial de Madrid.

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