A los responsables de las agencias antifraude de las Comunidades Autónomas les preocupa profundamente saber cómo se va a gestionar el gasto público para prevenir la corrupción.
Las Agencias Anticorrupción españolas piden ser oídas en la transposición de la Directiva de denunciantes o «Whistleblowers»
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22/6/2020 00:54
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Actualizado: 22/6/2020 00:55
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Las Agencias Anticorrupción de las Comunidades Autónomas así como las entidades nacionales quieren ser oídos por el grupo de trabajo de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia que la pasada semana comenzó los trabajos para transponer la Directiva Europea de denunciantes de corrupción, o «Whistleblowers», por orden del titular de la cartera, Juan Carlos Campo.
Así lo expresaron en el marco de la reunión telemática que mantuvieron el pasado viernes los máximos responsables de la Agencia Antifraude Valenciana (AVAF) la Oficina Antifrau de Catalunya, la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de las Illes Balears, la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid, el Consello de Contas de Galicia, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Dirección de Servicios de Análisis del Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona.
Estos organismos se configuran en la llamada Red Estatal de Oficinas y Agencias Anticorrupción de España, a la que se han incorporado dos entidades estatales como son la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (ORIESCON) y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), adscritos al Ministerio de Hacienda.
El contacto existente entre estos organismos es fluido. Semestralmente hay un evento que una de estas entidades alberga. El ultimo que tuvo lugar durante el mes de diciembre fue en Palma de Mallorca.
La transposición de la Directiva Europea de Denunciantes de Corrupción estuvo en el orden del día. Todos los participantes consideraron la noticia como muy buena.
Y coincidieron en la necesidad de participar en su gestación, con propuestas que pueden enriquecer y dar más valor al texto legal que tiene que producirse ya que ellos son los que están más cerca de la problemática.
El Gobierno tiene 18 meses, hasta el 27 de diciembre de 2022, para transponer la Directiva.
A Joan Linares, director de la AVAF, le preocupa que el clima político pueda afectar al resultado.
“Esperemos que no se convierta en otro elemento que justifique las disputas entre partidos políticos. Nos preocupa que no haya una actitud de trabajar de forma conjunta y buscar el consenso máximo en esta norma”, subraya.
Al final lo que se debería desarrollar es una estrategia nacional de lucha contra la corrupción: “Nos preocupa el clima político existente y puede condicionar cuestiones que deberían ser de consensos nacional como esta propia norma”.
Joan Linares, director de esta Agencia Valenciana Antifraude.
Sobre la propuesta de Ciudadanos de lucha contra la corrupción que fue rechazada la pasada semana, Linares señala que no acababa de adaptarse a la propia Directiva que hay que trasponer.
A su juicio, la propuesta era mejorable, pero se podría haber organizado un debate parlamentario para trabajar sobre la misma.
El director de la AVAF cree que el grupo de trabajo que ha puesto en marcha el Ministerio debe trabajar en la modificación del Código Penal en cuanto al delito de revelación de secreto.
“En el caso de los ERES de Andalucía a Roberto Macías le ha supuesto una condena por tres años por revelar dicha operación fraudulenta”, explica.
Sobre este tema este experto recuerda que “si se lee bien la Ley de Transparencia toda esa información que Macías descubrió debería estar en el propio portal de transparencia por el propio sindicato que gastó esos dineros”.
A su juicio con este tipo de casos, la trasposición de la Directiva hay que hacerla cuanto antes para proteger a muchos ciudadanos que pueden encontrarse en esta situación.
En estos momentos es la Agencia Valenciana Antifraude quien tiene su estatuto de protección de denunciantes. La única entidad en nuestro país que realiza dicha actividad de protección a terceros.
“Hay 21 ciudadanos a los que protegemos por diferentes motivos, pero también podemos extender la protección a personas jurídicas en el futuro”.
Controlar el gasto público
Además de la transposición de la Directiva, también se abordó la cómo vigilar la contratación pública, uno de los mayores focos de corrupción de cualquier economía donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima los índices de corrupción sobre los 45.000 millones de euros.
“En un momento como el actual donde se realizan contrataciones de emergencia como así viene estipulado en la ley, deben incrementarse los controles en ese tipo de desembolsos”, explica Lianres.
Este experto advierte que “necesitaremos muchos recursos públicos para sacar el país adelante, algunos vendrán de Europa y otro de diferentes administraciones que deberán afrontar tanto la crisis económica como las necesidades derivadas de la crisis sanitaria. Este incremento de recursos necesita más controles de los que se habla poco”.
Mientras llegan dichos controles, este tipo de entidades, en su ámbito de influencia, han puesto la lupa en este tipo de asuntos relacionados con el COVID-19.
Es necesaria aprobar una «ley estatal»
Jaime Far, director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares señala a Confilegal que “uno de nuestros objetivos es qe se apruebe una Ley Estatal de protección del denunciante con la creación de un organismo parecido al nuestro también de corte estatal. Todos los países tienen alguno”.
Esta entidad forma parte de la red que se creó a finales de 2018 donde participan la Agencia Francesa Anticorrupción y la Autoridad Nacional Italiana pero también están las oficinas de Marruecos Túnez, Albania. Letonia y otros países europeos cada una con sus particularidades.
“Hay algunas que dependen de los Gobiernos y otras de los Parlamentos”, clara Far.
Este experto señala que la Directiva comunitaria debe proteger al denunciante y que las entidades y empresas deben desarrollar sus canales de denuncia “pero realmente lo que hace falta es un organismo que las tramite realmente, lo que hará que se potencien sus facultades de investigación al mismo tiempo”, subraya.
Jaime Far, director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares.
La creación de esta normativa y dicho organismo depende de los propios partidos políticos que rechazaron esta semana la proposición de ley de Ciudadanos “ es posible que no estuviera adaptada a las directivas comunitarias nuevas, de ahí que pudiera estar algo desfasada”.
También nos recuerda que Vox hizo su propuesta hace un año y que un grupo de expertos con Joan Linares, director de la Agencia Antifraude Valenciana realizaron ya otra propuesta de normativa contra la corrupción, de la que Confilegal ya se hizo eco.
Sin embargo de momento, no ha cuajado ninguna iniciativa al respecto.
Para este experto es factible que pueda haber un consenso político en el Parlamento para lograr esta normativa estatal se haga realidad. Y recuerda algunas iniciativas que ya están en marcha.
“No tendría lógica que no se llegase a este acuerdo a nivel nacional”, apunta.
Y al respecto nos recuerda que “hemos visto que hay agencias antifraudes en diferentes Comunidades Autónomas, sabemos que Andalucía y Castilla-León están por la labor de crearlas y que incluso Madrid estudia un proyecto de ley sobre protección de denunciante y un organismo que tramitara este tipo de denuncias”.
A juicio de este experto el contacto con algunas redes internacionales existentes para la lucha contra la corrupción y la protección del denunciante revela que nuestro país a nivel estatal, se está quedando atrás.
“Creo que el gran error del enfoque contra la corrupción es centrarlo en la vía penal. Hay mucho de prevención en el ámbito público y privado que se debería tener en cuenta”.
A este respecto Jaime Far recuerda que “la Agencia Francesa Anticorrupción es la autoridad que hace las auditorias anticorrupción en las principales empresas galas de más de 100 millones de euros a nivel de planes de compliance. Creo que podríamos tomar ejemplo de lo que hacen nuestros colegas”.
También cree que hay mucho que hacer en el ámbito de investigación, “no solo a nivel penal sino que hay muchos temas que tienen que ver con irregularidades administrativas. Creo que el Tribunal Supremo con los autos últimos señal ese camino de la via contenciosa”.
Otras cuestiones que cree que podrían modificarse para así mejorar su funcionamiento tienen que ver con el Tribunal de Cuentas la intervención general del Estado o algunas Comisiones Nacionales. “Al final quizás lo mejor es crear un ente único que aglutine a todos estos organismos para mejorar su funcionamiento».
Los máximos responsables de las Agencias Anticorrupción y organismos similares durante el «webinar» en el que se trataron los asuntos que se relatan en esta información.
Sobre la integración de dos entidades de corte nacional en esta red, Far lo valora de manera positiva: “la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación fue creada por la Ley de Contratos y la Directiva de 2014 de Contratos Públicos. Tiene un papel clave , como lo tienen entidades de otros países parecidas”.
En cuanto al otro ente el SNCA, integrado en la Intervención General del Estado que tiene competencias más limitadas, opina que “se creó como órgano de coordinación con la OLAF Oficina Europea Antifraude en España. Sus competencias se limitan a asuntos relacionados con fraude y corrupción contra el presupuesto comunitario”, concluye.
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