El Congreso tumba la Ley de Ciudadanos contra la corrupción, que sí apoyan PP y VOX
"PSOE, Podemos y nacionalistas tumban nuestra Ley de STOP Corrupción. Una ley destinada a proteger a quien denuncia los escándalos, prohibir los indultos a corruptos o tipificar el delito de enriquecimiento injustificado. Esto es lo que les importa la regeneración. Retratados", ha manifestado Edmundo Bal, firmante junto a Inés Arrimadas de esta PL. Foto: Pedro Ruiz

El Congreso tumba la Ley de Ciudadanos contra la corrupción, que sí apoyan PP y VOX

Ha recibido 159 votos a favor, 178 en contra y 11 abstenciones
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18/6/2020 12:11
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Actualizado: 07/6/2022 15:44
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El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la toma en consideración de la Proposición de Ley (PL) de Medidas de Lucha contra la Corrupción, presentada por Ciudadanos, que sí ha recibido el apoyo del PP, VOX y Más País.

Esta iniciativa, registrada por Ciudadanos en sucesivas legislaturas, incluye medidas para proteger a los denunciantes de corrupción -o ‘whistleblowers’-, tipifica el delito de enriquecimiento ilícito suprime los plazos máximos de instrucción de las causas penales, entre otras cuestiones.

Ha recibido 159 votos a favor, 178 en contra y 11 abstenciones.

La han rechazado PSOE, Unidas Podemos, ERC y el PNV.

«La corrupción cuesta muchos millones a los españoles y erosiona la credibilidad de las instituciones. Hemos presentado nuestra ley STOP Corrupción para acabar con esta lacra, pero PSOE, Podemos y nacionalistas la han vetado», ha criticado Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs en el Congreso y portavoz de Justicia del partido, abogado del Estado en servicios especiales, firmante junto a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, de esta PL.

Edmundo Bal ha señalado durante el debate en el Pleno de la toma en consideración de esta Ley que «la corrupción es una de las grandes lacras de la sociedad» y que Ciudadanos presenta esta proposición de Ley «para prevenirla”.

Ha lamentado que “estas prácticas fraudulentas hayan llevado a mucha gente a no creer en las instituciones y a pensar que los políticos están en los cargos públicos para enriquecerse”.

Además, ha indicado que este hecho “genera un déficit democrático espectacular porque cuando la gente no cree en sus instituciones, no cree en la democracia» y que «esto es un caldo de cultivo para el populismo y para la radicalización de ideas”.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso ha explicado que su partido “quiere renunciar a la política del y tú más” y ha lamentado que «la politización de las instituciones haya favorecido la corrupción».

Ha señalado que en los últimos 40 años ha habido en España más de 200 tramas de corrupción que han afectado a partidos como el PP, el PSOE, Izquierda Unida, Convergència i Unió o el PNV, y ha añadido que para acabar con este tipo de prácticas solo hace falta voluntad política.

“Durante cuarenta años el bipartidismo y el nacionalismo nos traen a la memoria palabras como Gürtel, ERE, Filesa, Rato, Pujol, De Miguel, Púnica, 3%, Bárcenas, Palau…”, ha recordado Bal enumerando casos de corrupción que han afectado a partidos.

El diputado de Cs también ha puesto el foco en los indultos de casos por corrupción, y ha reclamado «prohibir los indultos por corrupción”.

Ha destacado que “desde 1996 hasta 2017 se han indultado a 54 condenados por prevaricación, también este Gobierno”.

Edundo Bal ha explicado que esta proposición de Ley de Ciudadanos contra la Corrupción se inspira en el Estatuto del Denunciante que prevé la Directiva europea, y apuesta por “una confidencialidad absoluta del denunciante, por una asesoría legal gratuita y por la asistencia psicológica, además de por una autoridad independiente de integridad pública cuyo presidente sea elegido por amplio consenso del Congreso”.

Cs la registró por primera vez en septiembre de 2016, durante el gobierno de Mariano Rajoy, el Pleno acordó tramitarla en febrero de 2017 y a final de aquel año terminaron de presentarse las enmiendas.

En febrero del año pasado, Cs acusó al PP y al PSOE de haberla bloqueado “para tapar sus vergüenzas”.

Después, quedó parada en la Comisión Constitucional, sin que se reuniera la ponencia para empezar a debatir las aportaciones de los grupos.

En diciembre de 2019, con el inicio de la actual legislatura, Cs volvió a registrarla como primera iniciativa del grupo parlamentario.

En esta ocasión, PSOE y Unidas Podemos, junto a otros grupos como ERC, PNV y parte del Grupo Mixto, se han desmarcado de la PL afirmando que se queda corta a la hora de incorporar la Directiva europea de protección a denunciantes y alertadores de corrupción, que entró en vigor el pasado diciembre, o que la consideran insuficiente por no tener en cuenta la corrupción en el ámbito privado.

Varios diputados también han reprochado a Ciudadanos que proponga crear un nuevo órgano, la Autoridad Independiente de Integridad Pública, que podría imponer sanciones económicas y disciplinarias a los infractores y juzgaría la idoneidad de los candidatos a ocupar altos cargos públicos, entre otras funciones. Consideran que asumiría funciones que ya realizan otras instituciones.

La diputada socialista Rafaela Crespín, ha señalado que el Gobierno ya trabaja en un proyecto de Ley para trasponer la Directiva europea al ordenamiento jurídico español. En concreto, la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia.

A juicio de Crespín, muchos aspectos de la iniciativa de Cs «obvian» el contenido de esa norma europea o «entran en contradicción» con ella.

Ciudadanos, PP y VOX, por su parte, han defendido que esta PL da cobertura y amparo a los alertadores.

El diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro ha respaldado esta proposición de Ley para «dar protección a los denunciantes de corrupción en el ámbito del sector publico».

Los grupos que han votado en contra, sin embargo, afirman que no protege lo suficiente a los alertadores.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Macarena Olona Choclán, abogada del Estado en servicios  especiales, ha reprochado a éstos que su negativa a apoyar esta PL supone «abandonar a los denunciantes y alertadores de corrupción».

Olona ha enumerado algunos casos concretos de personas que desvelaron tramas en nuestro país y las consecuencias que han sufrido.

«PSOE, Podemos y nacionalistas tumban nuestra Ley de STOP Corrupción. Una ley destinada a proteger a quien denuncia los escándalos, prohibir los indultos a corruptos o tipificar el delito de enriquecimiento injustificado. Esto es lo que les importa la regeneración. Retratados«, ha manifestado Edmundo Bal.

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