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La Fiscalía pide 37 años de prisión para el fiscal expulsado y bodeguero, Valerio, por 15 delitos contra la Hacienda Pública

Emilio Valerio fue apartado de la carrera en marzo de 2017, tras un expediente disciplinario por falta muy grave por ejercer “actividades incompatibles con el cargo”, en concreto por desarrollar actividades mercantiles.
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La petición figura en el auto de apertura de juicio oral dictado por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1, de Estella/Lizarra, Navarra, Isabel Fanconi Villar, el pasado 1 de  julio, contra el que fuera teniente fiscal de Madrid –expulsado de la carrera judicial– y bodeguero, Emilio Valerio, su esposa, María García García, y nueve empresas de su propiedad.

El Ministerio Fiscal solicita, un total de 37 años de prisión para él y multas que ascienden a un total de 4.499.805,01 euros y 4 años de cárcel para su esposa, como partícipe a título lucrativo. 

La petición de la Comunidad Foral de Navarra, aunque sensiblemente inferior en años de cárcel para el exfiscal Valerio y para su esposa –7 años y nueve meses de prisión–, es sensiblemente superior, en multas: 15.894.696,86 euros (tres veces y media la cuantía defraudada en cada uno de los 15 delitos contra la Hacienda Pública).

Las peticiones son el resultado del supuesto fraude de IVA a la Hacienda Foral de Navarra cometido por Valerio entre los años 2013 y 2016, que asciende a 4.541.341,96 euros, más los intereses de demora. 

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LOS DELITOS DE LOS QUE SE LES ACUSA

La pareja Valerio-García tiene que responder, cada uno individualmente, por un total de 15 delitos contra la Hacienda Pública, 15 delitos de falsedad documental, un delito de frustración de la ejecución, un delito de blanqueo de capitales y un delito de pertenencia a banda armada.

Cada una de sus empresas –Laderas de Montejurra, S.L.; La Vasconia Compañía de Cervezas, S.L.; Bandera de San Andrés, S.L.; Olaldea Compañía de Compercio, S.L.;  Abbatia Compañía Cervecera del Norte, S.L.; Abauntza, S.L.; Talleres de Costura. S.L.; Izar & Alai, S.L.; y Compañía Agraria San Veremundo, S.L.– han sido imputadas también por delitos contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil oficial, delitos continuados de blanqueo de capitales, delitos de frustración de la ejecución y delitos de organización criminal.

La magistrada Fanconi Villar ha requerido a los dos acusados y a sus empresas que presten fianza conjunta y solidaria por un total de 9.582.111,32 euros. “Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponerse”, dice la magistrada en su auto.

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Y les ha advertido que “de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.

El juicio se celebrará, cuando se fije la fecha, en la Audiencia Provincial de Navarra.

Según la instructora, Valerio y García “constituyeron una pluralidad de sociedades con el solo fin de eludir el pago de impuestos (impuesto sobre el valor añadido) y una vez iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, se desprendieron de su patrimonio, aportándolo a otra sociedad, Hacienda Agraria de Di Castillo, S.L., con el solo fin de no asumir las responsabilidades pecuniarias derivadas de ello”.

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VALERIO GESTIONABA EMPRESAS DE SU PROPIEDAD MIENTRAS ERA TENIENTE FISCAL 

Valerio fue expulsado de la carrera fiscal por cometer una falta muy grave del artículo 62.6 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que tipifica como infracción muy grave “el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de Fiscal, establecidas en el artículo 57 de esta Ley”. 

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Desde 2007 a 2013, cuando era teniente fiscal, creó un total de 16 sociedades relativas a la conversión en vino, aceite y cerveza de los frutos que se producen en las propiedades familiares sin solicitar en ningún momento la compatibilidad necesaria.

El expediente sancionador fue incoado tras las constantes denuncias del abogado y denunciante de corrupción Sebastián Gómez Marfil.

El Consejo Fiscal, presidido por la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, propuso su expulsión al ministro de Justicia, Rafael Catalá en 2016; lo que éste ratificó dos meses después.

En 2018 la Audiencia Nacional confirmó la expulsión.

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Valerio fue fiscal durante un total de 36 años.