Aldeas Infantiles SOS ha publicado el estudio 'El derecho a crecer en familia' sobre la necesaria transformación del sistema de protección de la infancia.
En España hay 49.985 niños que crecen privados del cuidado parental, una cifra que crece año tras año
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16/7/2020 06:30
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Actualizado: 09/3/2022 14:42
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Priorizar la prevención y el fortalecimiento de las familias biológicas es clave para evitar acogimientos innecesarios y favorecer la reintegración familiar una vez el niño ha sido separado de sus padres, según el estudio ‘El derecho a crecer en familia’ que acaba de presentar Aldeas Infantiles SOS.
Este informe presenta un análisis exhaustivo de la situación del cuidado alternativo en nuestro país y el grado de cumplimiento de las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños diez años después de su aprobación.
El documento, que reconoce los avances y aborda las carencias del sistema, ofrece también distintas recomendaciones con el fin de garantizar el cuidado de calidad al que todos los niños tienen derecho.
En España hay 49.985 niños que crecen privados del cuidado parental, una cifra que crece año tras año. Están tutelados por las Comunidades Autónomas y viven en acogimiento residencial o familiar.
Al contrario de lo que indica la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el acogimiento residencial continúa siendo mayoritario, con 21.283 niños y adolescentes, frente a los 19.545 en la modalidad de acogimiento familiar. El resto se encuentra en situación de estudio o con una medida de apoyo previa a dictarse una medida protectora.
El modelo está anclado en una inercia asistencial
El informe que presenta Aldeas Infantiles SOS se adentra en el sistema de protección y muestra que, si bien en los 30 años que han pasado desde que España ratificase la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha hecho un esfuerzo de adaptación tanto de la legislación como de las medidas de protección a la infancia, este continúa anclado en una inercia asistencial que hace necesaria su transformación progresiva hacia una plena integración del enfoque de derechos.
En la presentación de dicho informe han intervenido el presidente del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera; la autora del informe y directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la Universidad Pontificia Comillas, Clara Martínez; el director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Gabriel González-Bueno; y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig.
La organización de atención directa a la infancia ha desarrollado esta investigación en el marco del décimo aniversario de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, que establecen las pautas sobre las que articular las políticas de protección a la infancia y su implementación.
Un tema que este año adquiere una especial relevancia ya que, el pasado mes de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas dedicó su Resolución anual sobre los Derechos de la Infancia a los niños y niñas sin cuidado parental o en riesgo de perderlo.
“Es preciso asumir los estándares internacionales marcados en las Directrices y en la Resolución, priorizando la prevención de la separación y el fortalecimiento de las familias biológicas con el fin de evitar acogimientos innecesarios y favorecer la reintegración familiar una vez el niño ha sido separado de sus padres”, aseguró el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.
Por su parte, Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, señaló que “la transformación del sistema de protección es una condición necesaria para avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que su implementación debe basarse en una estrategia multisectorial, coordinada, basada en evidencias y dotada de recursos, que ponga en el centro el derecho del niño a crecer en familia”.
Esta experta formó parte del grupo, formado por treintena de expertos y coordinados por la ONG Save The Children y la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, que presentó en su día un borrador para la futura Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia.
Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas.
Este proyecto de ley orgánica aprobado por el Consejo de Ministros recientemente es para la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) “un documento alentador, pero insuficiente”.
Para la AEAFA, supone “un gran paso las medidas que refuerzan las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención con planes y programas públicos dirigidos a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia”.
En este informe sobre menores sin familia biológica, Aldeas Infantiles SOS pone su experiencia al servicio del Estado para contribuir a implementar las Directrices y la Resolución, y apela a la conformación de una nueva Conferencia Sectorial que contribuya a poner todos estos temas sobre la mesa y a trasladarlos y aplicarlos a todos los niveles: estatal, autonómico y municipal.
“Porque es cuando actuamos desde lo local cuando podemos contribuir a cambiar lo global y en este caso hablamos de algo tan prioritario y esencial como es el bienestar de los niños y de las niñas que no pueden crecer con a sus padres”, recalcó Puig.
Recomendaciones y propuestas
El informe hace una serie de recomendaciones para garantizar un cuidado de calidad a los niños que crecen sin el cuidado parental.
En primer lugar, señala que es necesario garantizar el interés superior del niño e incorporar plenamente el enfoque de derechos a la actuación protectora, así como que los principios de necesidad e idoneidad señalados en las Directrices deben estar presentes en cada decisión que se adopte.
Además, afirma que un mayor esfuerzo preventivo y de fortalecimiento de las familias evitaría la separación de los menores de su entorno familiar, excepto cuando esta sea estrictamente necesaria. En este último caso, es preciso asegurar el derecho de los hermanos en acogimiento a permanecer juntos.
El informe también subraya el derecho de los niños y adolescentes a participar en la toma de decisiones que les afectan. Para ello, se deben generar mecanismos de participación y potenciarlos.
Además, es importante reforzar y articular cauces de comunicación y queja accesibles y eficaces para todos los niños en acogimiento, ya sea familiar o residencial, contribuyendo así a garantizar entornos seguros y protectores.
Por último, el texto señala que es imprescindible mejorar los sistemas de recopilación de información conforme a indicadores comunes. Solo contando con datos fiables se podrán tomar decisiones basadas en evidencias con el fin último de garantizar el derecho de los niños y niñas a crecer en familia.
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