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El Consejo de Consumidores, contra los abusos bancarios

El Consejo de Consumidores, contra los abusos bancarios
Carlos Ballugera Gómez, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios y registrador de la propiedad.
25/7/2020 06:50
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Actualizado: 24/7/2020 21:33
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El pasado 21 de julio el Pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) oyó el informe de Manuel Pardos, presidente de ADICAE, sobre sus trabajos en la Comisión de Cláusulas Suelo y el intento de la oligarquía financiera, secundada por el Banco de España, de sepultar tras estadísticas las reclamaciones de las personas consumidoras en el engorroso asunto de las cláusulas suelo en las hipotecas.

Es un escándalo que, pese a que los bancos se niegan a dar las cifras de las cláusulas suelo que han impuesto en sus hipotecas, reconozcan al menos, la viabilidad de un millón de reclamaciones.

Esas cifras son inasumibles por cualquier economía. Ante ello el Consejo de Consumidores y Usuarios se pregunta dónde están las autoridades de consumo, a cuántos bancos han inspeccionado y a cuántos bancos han sancionado.

Pese a la importancia de estas empresas mercantiles el Consejo, que desea lo mejor para la economía española, cree que no es posible mantener un sector central del mercado con un grado tan alto de infracciones de consumo, una especie de obsolescencia voluntaria en el cumplimiento de las leyes. Por eso considera que es necesario eliminar, con toda la fuerza de los poderes públicos, este tipo de conductas.

El Consejo da la bienvenida a iniciativas como la del lunes pasado de la Dirección General de Consumo de reunirse con las comunidades autónomas para impulsar la inspección y sanción a las malas prácticas del sector financiero.

El Consejo recuerda que, pese a que las competencias de consumo se han transferido a las comunidades autónomas, la Dirección General conserva esas competencias en Ceuta y Melilla, donde puede ejercer las labores a coordinar dando ejemplo con su acción.

Por eso pedimos que se adopten con urgencia las medidas dirigidas a la inspección y sanción y reparación de daños por malas prácticas, señaladamente en los casos de imposición de cláusulas abusivas como cláusulas suelo, multidivisa, IRPH, intereses de demora, vencimiento anticipado, comisión de apertura, etc.

Es muy importante que se aplique el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y que dentro del mismo procedimiento sancionador se dé una formula sencilla para la reparación del daño injustamente sufrido por las personas consumidoras denunciantes, con pleno respeto a la tutela judicial de los acusados.

Al mismo tiempo el Consejo pide a las Asociaciones Bancarias que muestren su compromiso con el mercado y erradiquen esas prácticas de su conducta mercantil y allí donde las impusieron en el pasado procedan a la reparación de los daños mediante fórmulas equilibradas, sencillas y rápidas.

El Consejo desea que se restaure la confianza de las personas consumidoras en los bancos, pero sin un compromiso serio y efectivo de estos con el mercado y sin la atención de estas empresas a los intereses legítimos de las personas consumidoras no va a ser posible.

El ‘revolving’ blando de las asociaciones bancarias

Por otro lado, se puso de manifiesto que pese a las reiteradas e insistentes peticiones del Consejo de Consumidores y Usuarios para que el Gobierno haga uso de la autorización que le conceden diversos decretos-leyes, para prorrogar las moratorias legislativas, hipotecarias y no hipotecarias, a las personas consumidoras y autónomos en situación de vulnerabilidad, todavía no se haya producido esa prórroga.

Hasta la fecha, el Gobierno en una concertación no transparente con las asociaciones bancarias ha sacado adelante una moratoria sectorial, una especie de ‘revolving’ blando, que no impide a los bancos seguir cobrando intereses pese a la pérdida de ingresos de sus deudores, pérdida, no se olvide, que ha tenido lugar por la orden de cese de la actividad impuesta por el Gobierno a causa del Estado de Alarma.

Las asociaciones bancarias han sacado un ‘revolving’ blando, porque las moratorias sectoriales no son sino la concesión de un nuevo crédito que vuelve o ‘revuelve’ manteniendo la producción de intereses a favor de los bancos, mismo esquema que las tarjetas ‘revolving’, si bien, por imposición de la Autoridad Bancaria Europea, los intereses remuneratorios no pueden superar a los que se venían cobrando.

Sin embargo, esa exigencia favorable a las personas consumidoras, ha sido aprovechada por las asociaciones bancarias con la complicidad del Gobierno, para impedir que en tales moratorias se le puedan bajar los intereses a las personas consumidoras.

No se entiende cómo el Gobierno se ha dejado llevar tan lejos en la defensa de las asociaciones bancarias al dar rango legal a conductas anticompetitivas y cartelistas de los bancos que incumplen las normas más elementales de competencia en el mercado interior.

Por eso y ante la agudización de las necesidades económicas de los sectores más vulnerables el CCU pide al Gobierno que prorrogue durante tres meses más las moratorias legislativas.

Las moratorias, tanto convencionales como legislativas, han supuesto un éxito sin precedentes de la política económica del Gobierno de España en cuanto han estabilizado la morosidad crediticia en los niveles anteriores a la pandemia, evitando su duplicación, con el consecuente aumento de la prima de riesgo que ello arrastraría; haciendo reales, por el contrario, los fines de estabilidad económica que persigue la zona euro.

No podemos olvidar que los bancos están sacando grandes beneficios de esas moratorias, al verse relevados de la necesidad de provisionar, que los bancos están siendo fuertemente subvencionados por el Banco Central Europeo a base de créditos no remunerados.

Los beneficios de la política económica no solo deben sostener los beneficios bancarios sino también ayudar a las familias, con mayor razón a las familias en situación de vulnerabilidad.

Las personas consumidoras estamos comprometidas con la estabilidad económica y el equilibrio de los mercados, es por eso que el Consejo de Consumidores y Usuarios demanda con urgencia esa prórroga y que las autoridades actúen rápida y disuasoriamente contras las malas prácticas en los mercados financieros.

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