El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, explicaron ayer telemáticamente a las asociaciones de jueces y fiscales lo que el ministro del ramo, Juan Carlos Campo, había explicado a los representantes de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la Conferencia Sectorial que celebraron en Lerma, Burgos, la pasada semana.
Y les pidieron máxima colaboración y «máxima discreción» sobre los documentos que previamente les habían enviado. No contenían la leyenda clásica del MI6, el servicio exterior británico, «Only for your eyes» (solo para tus ojos), pero la advertencia implícita era idéntica. ¿El comienzo de una política secretista?
El secretario de Estado avanzó, durante su intervención, alguna idea novedosa, como la de implantar finalmente los tribunales de instancia, dejando en las poblaciones más pequeñas oficinas municipales.
Su intervención versó sobre los cinco frentes de actuación: los planes de choque post-COVID-19, la Agenda Justicia 2030, el modelo de gobernanza, la oficina del dato, el proyecto de justicia digital y el Proyecto de Ley de reforma procesal para la implantación de medidas de justicia digital y sostenible, que fue aprobado la pasada semana en el Congreso de los Diputados y que tiene que ser «santificado» por el Senado antes del 21 de septiembre.
43 MILLONES DE EUROS PARA LA JUSTICIA, SEGÚN EL MINISTERIO
Sobre el contexto post-COVID-19, el Ministerio ha buscado un esquema de trabajo basado en resultados con el fin de conseguir «la confianza institucional, especialmente por parte del Ministerio de Hacienda, ya que la Justicia es una de las pocas Administraciones que ha recibido una inyección de dinero, en concreto, 43 millones de euros«, dicen las siete asociaciones en un comunicado.
«El objetivo es que la Administración de Justicia contribuya a dinamizar la Economía. El plan contempla una revisión en una segunda fase, e incluso un reajuste en noviembre de 2020», añaden.
Por otra parte, el programa Justicia 2030 ha sido concebido como un plan estratégico, flexible, dialogado y con vocación de ajustar a la justicia a los cambios sociales con el horizonte temporal de 2030, compuesto por varios objetivos y varios programas dentro de cada objetivo.
COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON COMPETENCIAS TRANSFERIDAS
El Ministerio de Justicia, asimismo, pretende aprovechar los mecanismos de coordinación con las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia durante el confinamiento y que se desarrollará con la organización de Conferencias Sectoriales presenciales y telemáticas que complementarán con otras con las siete asociaciones de jueces y fiscales.
De la misma forma, pretenden implantar a través de la llamada «Oficia del dato» un modelo que permita aprovechar la información de que disponen las Administraciones que gestionan Justicia para ser compartida con otras Administraciones y permita que la toma de decisiones se realice con mayor información.
«Se trata en todo caso de datos públicos que las Administraciones pondrán en común», aclaró Zapatero.
JUSTICIA DIGITAL
La cartera de Justicia también pretende profundizar en el uso de los elementos técnicos, con vistas telemáticas, con actuaciones grabables que respeten las garantías procesales, actuaciones internas telemáticas, atención al ciudadano por videoconferencia e identificación y firma remota.
«También se está trabajando en un proyecto de cita previa y gestión de turnos que habilite una atención al público ordenada que encaje, además, con otros nuevos canales de atención basados en la inmediación digital. Se trata de evitar aglomeraciones y esperas innecesarias con cita previa a través del teléfono 060 y habilitar salas de espera con turnos de llamada», explican las siete asociaciones.
Por lo que se refiere al mencionado Proyecto de Ley de reforma procesal para la implantación de medidas de justicia digital y sostenible, el Ministerio «busca hacer frente a la ralentización de los procedimientos, agilizándolos y mejorando su eficiencia, impulsando al tiempo los medios alternativos de resolución de controversias».
MEDIDAS EN LOS ORDENES CIVIL, SOCIAL Y PENAL
Zapatero también explicó a los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales que en el orden civil se estaba estudiando la ampliación del juicio verbal en razón de cuantía y materia; la regulación de la figura del pleito testigo en supuestos de pleitos masa; y una nueva regulación de las costas procesales como instrumento favorecedor de una Justicia sostenible y que evite el mal uso del servicio público.
Por lo que se refiere a la jurisdicción social, pretenden desdoblar los actos de conciliación y de juicios, de tal manera que no haya que esperar a la fecha de celebración de juicio; nuevos supuestos de tramitación preferente; o la extensión del procedimiento testigo.
Y por último en lo que se refiere a lo penal, prevén introducir el ofrecimiento de acciones al perjudicado en el momento de la denuncia y la creación de un acto único que resuelva todos los aspectos de la ejecución (suspensión de ejecución, pago de multas, petición de indulto, etcétera).
