La Cámara Baja aprobó ayer, finalmente, por 172 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones, el documento de medidas económicas elaborado por la Comisión de Reconstrucción Económica y Social que contiene la enmienda 262 que contiene «la obligación de contar con un régimen sancionador en materia de morosidad para mejorar la liquidez y competitividad de pymes y autónomos».
La votación celebrada quedó anulada tras constatar la presidenta del Congreso de los Diputados, Mertixell Batet, que la representante parlamentaria de Unidas Podemos, María Saavedra, había votado dos veces –presencial y telemáticamente–, dando la victoria, por un voto, a los que estaban a favor.
En esta ocasión, la victoria ha sido más holgada gracias los votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País, Compromís, el PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe. En contra se pronunciaron PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, BNG, la CUP y Foro Asturias.
En ese documento se han aprobado otras enmiendas que tienen que ver con el impulso de una reforma de la financiación local, la petición de incluir nuevas medidas de prevención y lucha contra la corrupción o culminar «lo más pronto posible» el corredor del Mediterráneo.
Durante su comparecencia en el pleno extraordinario ayer para explicar el fondo de reconstrucción europeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció el trabajo y el «esfuerzo importante» de la Comisión de Reconstrucción pese a no llegar al «100% de consenso» por «vetos cruzados injustificables». Afirmó también que se tendrán en cuenta las recomendaciones para el Plan nacional de reformas y la hoja de ruta de las transformaciones para los próximos años.
Según ha podido saber Confilegal, entre los requisitos que Bruselas va a poner al Gobierno de Pedro Sánchez para recibir el fondo de reconstrucción aprobado recientemente está también el contar con un sistema de pagos a terceros ágil y resolutivo.
Ya lo dijo el TJUE en una sentencia este año sobre el control de los pagos que deben hacer los estados miembros, de la que nuestra publicación se hizo eco en su momento.
Desde 2000 los empresarios españoles han intentado que se apruebe un régimen sancionador que persiga la morosidad empresarial tanto de empresas como de administraciones públicas.
Al final, por unas u otras razones el tema ha seguido pendiente hasta este mes de julio.
En el documento aprobado se contempla un régimen sancionador contra la morosidad de las empresas para incrementar la liquidez de pymes y autónomos, así como impulsar mecanismos para que las administraciones públicas cumplan los plazos de pago a sus proveedores y suministradores.
Dicho régimen es una reivindicación histórica de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ( PMcM) y su principal petición a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica tras intervenir su presidente Antonio Cañete en una comparecencia, el pasado 8 de junio.
Su funcionamiento supondrá un punto de inflexión en la economía del país.
Expertos consultados por este periódico, como Alberto Palomar, socio del bufete Broseta, Maribel Vázquez, socia de mercantil de Alier Abogados y Álvaro Rifá, responsable de reestructuraciones de Toda&Nel-Lo, recientemente explicaron la necesidad de dicho régimen sancionador con obligaciones claras para las empresas morosas.
TRAMITACIÓN URGENTE
“Ahora se espera un consenso político alto para que esta iniciativa se apruebe cuanto antes. Hay una proposición del Partido Popular sobre este tema que se podría aprovechar para trabajar sobre ella y aprobar una nueva ley. Si se hiciera todo por procedimiento de urgencia, tras el mes de agosto, tendríamos la normativa aprobada y operativa”, apunta Cañete.
Esta Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.
Desde este colectivo se espera que esta iniciativa sea la definitiva tras diversas intentonas fallidas y que nuestros políticos entienden que en la era post-COVID es imprescindible regular los pagos a proveedores, tal y como la entidad ha reivindicado históricamente y además ha pedido la Unión Europea recientemente.
Así lo manifestaba el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, tras conocer que el Pleno del Congreso validaba la propuesta de régimen sancionador —que multa a las empresas morosas— que había realizado la PMcM cuando intervino en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica el pasado 8 de junio.
