Sobre estas líneas, la sede del Tribunal de Cuentas. Como la Fiscalía Anticorrupción, investiga los contratos del IMSERSO de 2013 a 2018, que supusieron más de 17 millones de euros. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción investigan los contratos del IMSERSO de 2013 a 2018
La aportación del Estado al sistema de dependencia es solo del 11,98% cuando la normativa vigente regula un reparto del 50% y otro tanto por las Comunidades Autónomas
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31/8/2020 06:48
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Actualizado: 30/8/2020 23:11
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Los dos organismos, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción, están investigando lo mismo, de forma paralela. La gestión financiera, desde marzo de 2013 a diciembre de 2018, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la Entidad Gestora de la Seguridad Social del Gobierno de España encargada de la gestión económico-financiera de los servicios sociales complementarios de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social.
En el primer caso, el Tribunal de Cuentas ha elaborado un anteproyecto de informe de fiscalización de dicha gestión y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
A lo largo de 76 paginas el Tribunal de Cuentas ha analizado la inadecuada e irregular ejecución de los contratos formalizados por el IMSERSO para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación del nuevo Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (NSISAAD) a través de los expedientes de contratación y subcontratación tramitados entre 2013 y 2018 que suponen 17.201.069 euros.
Un periodo en el que Cesar Antón y Carmen Balfagón eran directores generales del IMSERSO, cargos para los que fueron nombrados por el Gobierno del Partido Popular.
Entre las actuaciones irregulares, que están siendo investigadas de manera paralela por la Fiscalía Anticorrupción, se detallan también «contratos millonarios adjudicados de forma recurrente a una misma empresa, y que subcontrata a su vez, de forma recurrente, con otras empresas».
Algunas de estas compañías no podían concursar en primer término por distintas circunstancias, como puede ser parentesco o consanguinidad con responsables de la empresa contratante.
Sede central del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en la Avenida de la Ilustracion de Madrid.
José Manuel Ramírez, como presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha tenido acceso al anteproyecto de informe de fiscalización de la gestión y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, elaborado por el Tribunal de Cuentas. Está muy preocupado por las irregularidades en la contratación que se describen en el informe han afectado a la gestión de la dependencia.
Reconoce que, entre el periodo que va entre 2012 y 2018, se gastaron 17 millones de euros en todos estos contratos. Y, lo peor, a su juicio el sistema no funciona. Porque dicho gasto no ha servido par nada.
El Observatorio Estatal para la Dependencia, organismo dependiente de dicha Asociación de expertos de Servicios Sociales, ha analizado con detenimiento el informe del Tribunal de Cuentas, que califica de demoledor.
Del mismo se realizan las siguientes apreciaciones sobre los contratos para el Sistema de información (NSISAAD) y en las que se reproducen frases textuales del Tribunal de Cuentas:
En cuanto a la contratación de servicios para el desarrollo y mantenimiento del NSIAAD, dicho informe revela la falta generalizada de control de la documentación que conforman los expedientes, así como la omisión reiterada del deber de custodia por parte del IMSERSO encargadas de la tramitación y gestión de dichos contratos.
Asimismo, se han puesto de manifiesto importantes debilidades relacionadas con el seguimiento y control de su ejecución.
En cuanto a las deficiencias detectadas se habla que el IMSERSO no dispone de un sistema de archivo único, completo y ordenado (ni físico, ni informático) de los expedientes de contratación tramitados.
En concreto, de manera reiterada, y salvo excepciones, no han sido aportadas: Las actas de las reuniones de seguimiento de los contratos. así como los documentos de evolución de los trabajos ejecutados.
Las actas de recepción de los documentos entregables de los contratos donde se recoge su detalle, fecha de entrega y, en ocasiones, la copia de los mismos. Y la documentación acreditativa que justifique la selección de las tres empresas destinatarias de la invitación a la oferta, restringiendo la posibilidad de concurrencia.
Especial relevancia adquiere la absoluta falta de control verificada con respecto al personal técnico ajeno al IMSERSO contratado para la ejecución de los servicios de desarrollo y mantenimiento del NSISAAD.
Otra cuestión que queda clara es que la aportación del Estado para Dependencia es del 11,98 % del coste total del sistema cuando debería llegar al 50%, así lo indica la normativa vigente indica que el coste de los cuidados a las personas dependientes se deben cubrir a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas.
José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
SOLAPAMIENTO DE CONTRATOS
Esta situación, unida a la existencia de empresas que, recurrentemente, resultaron adjudicatarias (o subcontratadas por estas), y a que los periodos de ejecución de los contratos, frecuentemente, se solapaban en el tiempo, conllevó un riesgo añadido de que una misma persona pudiera realizar, simultáneamente, trabajos técnicos relativos a diferentes contratos, o, incluso, que los trabajos derivados del cumplimiento del objeto de un contrato se iniciaran con carácter previo a su adjudicación, como se expone en el análisis específico de los expedientes tramitados.
También en dicho informe del Tribunal de Cuentas se indica que el IMSERSO carece de manuales de procedimiento interno donde se desarrolle la preparación, licitación, adjudicación y seguimiento en materia de contratación administrativa que garantice la aplicación de criterios y procesos homogéneos, así como un adecuado control interno de todas las fases procedimentales.
Por último, en el informe se verifica que el IMSERSO, con carácter general, no ha publicado, en la Plataforma de Contratación del Sector Público los contratos formalizados en relación con el desarrollo y mantenimiento de la aplicación informática SISAAD .
Se han observado irregularidades adicionales, especialmente en la preparación, licitación y ejecución de los contratos relacionados con el desarrollo y mantenimiento del NSISAAD que, al amparo de la necesidad de mejora y evolución de dicho sistema de información, podrían haber redundado en beneficio de unas empresas frente a otras.
Esta situación también ha sido puesta de manifiesto tanto por la Inspección General de Servicios del anterior Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como por la Intervención Delegada en la Dirección General del IMSERSO. También existían informes desfavorables emitidos por el Servicio Jurídico Delegado Central en el IMSERSO.
Se verifica que trabajos subcontratados no se desarrollaron conforme a lo recogido en la oferta de la empresa adjudicataria, ni de acuerdo con los términos del contrato formalizado con el IMSERSO y que se permitió el acceso a terceras personas a información pública sin ningún amparo contractual.
FALTA DE PLANIFICACIÓN CONTRACTUAL
En cuanto al mantenimiento del sistema de información para la autonomía y atención a la dependencia, el Tribunal de Cuentas revela una absoluta falta de planificación, control y seguimiento en materia de contratación administrativa por parte del IMSERSO, según señala este colectivo de Asociacion de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Esta labor fiscalizadora señala una absoluta falta de control con respecto al personal técnico ajeno al IMSERSO provocando el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
Y mientras en los años de recortes del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se producía lo que ahora constata el Tribunal de Cuentas, el Observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales mantenía a la opinión pública informada de la realidad cruel y el sufrimiento por el que pasaban las personas en situación de dependencia desde la más absoluta soledad y con la persecución continua de gobernantes y cómplices.
En definitiva, se detectan numerosas y relevantes deficiencias e irregularidades: Contratos adjudicados directamente, vulnerando el compromiso de confidencialidad y los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de trato y provocando una concentración de adjudicaciones que derivaban en subcontrataciones, provoca un sobrecoste con un evidente perjuicio en el patrimonio público.
Asimismo, denota una absoluta falta de control y custodia de la documentación contraviniendo el procedimiento de la contratación pública.
También el propio Tribunal de Cuentas revela la existencia de contratos millonarios adjudicados de forma recurrente a una misma empresa, y que subcontrata a su vez, de forma recurrente también, con otras empresas que tenían por objeto que estas adquiriesen experiencia para poder participar después en las diferentes licitaciones.
Finalmente, Ramírez revela que se han gastado más de 30 millones de euros para crear un sistema de información, insuficiente, inadecuado e inservible a pesar de su elevado coste.
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