El SUP denuncia un aumento de contagios entre los agentes que custodian inmigrantes por la ‘ausencia de protocolos’
Exige a la Dirección General de la Policía "una política preventiva mucho más activa, que se anticipe a los riesgos y aproveche todos los recursos sanitarios públicos (no solo los privados) para que todos los agentes que lo necesiten accedan a pruebas de diagnóstico y sepan, además, si los inmigrantes con los que tratan están contagiados".

El SUP denuncia un aumento de contagios entre los agentes que custodian inmigrantes por la ‘ausencia de protocolos’

Y que siguen encontrándose con 'trabas para acceder a los test de diagnóstico'
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01/9/2020 10:53
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Actualizado: 01/9/2020 10:53
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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que «la ausencia de protocolos operativos» para la custodia de los inmigrantes ilegales que llegan en pateras y saltan la valla, así como las «trabas para un acceso ágil y prioritario a los test de diagnóstico» están aumentando exponencialmente el riesgo de contagio por coronavirus en la Policía Nacional.

Según ha informado en un comunicado, en las últimas semanas se han incrementado los contagios entre los agentes.

El sindicato detalla algunas de las situaciones que viven los policías en Almería, Cádiz, Ceuta y Melilla, Canarias o Baleares.

Según explica, los agentes del puesto fronterizo de Tarifa (Cádiz) deben afrontar el traslado de los inmigrantes hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque «con un número de efectivos no adecuado al volumen de pasajeros custodiados y en régimen de detención, que, por otra parte, son desplazados en un autobús no preparado para garantizar la protección sanitaria, en el que «se obliga a ir a un solo policía», y sin conocer las enfermedades que pueden ser susceptibles de transmisión.

Denuncia que «el responsable policial de ese puesto fronterizo, con el beneplácito de Comisaría Provincial de Cádiz ante la que el SUP ya ha presentado la pertinente queja pidiendo en esa y en las demás incidencias unas pautas de actuación claras y que abarquen todos los escenarios posibles, está permitiendo que los funcionarios asuman una conducción de personas detenidas con escasez de efectivos, sin medidas de protección y sin informar a los agentes de los riesgos».

Este sindicato también resalta que los riesgos de contagio por Covid-19 no sólo son propios de las plantillas más expuestas por la presión migratoria (Canarias, Andalucía, Murcia, Islas Baleares), sino que ya han comenzado a tener sus efectos entre las Unidades de Intervención Policial (UIP), que se desplazan como refuerzo para la vigilancia de la cuarentena sanitaria de los inmigrantes y que, según asegura, «siguen teniendo trabas para un acceso inmediato y prioritario, como colectivo de alto riesgo, a los test de Covid-19″.

Afirma que los funcionarios de la UIP, a su regreso a sus respectivas plantillas «no están siendo sometidos a estas pruebas», y denuncia que «eso supone un riesgo injustificable para ellos y sus familias».

Apunta que en el caso de la VIII UIP, sus efectivos han retornado a Vigo y La Coruña y no han podido acceder a estos test «por el temerario desentendimiento del Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno en Galicia y la Jefatura Superior, teniendo en cuenta que la Xunta de Galicia ofreció firmar un convenio para proporcionar atención prioritaria sanitaria a los policías en materia de diagnóstico por Covid-19, siendo rechazada esa oportunidad».

El SUP califica esto de «un error intolerable» y de «desprecio» hacia los profesionales de la seguridad pública.

Por otra parte, informa que en otra de las plantillas con una de las mayores presiones migratorias de España, Almería, donde  hasta la fecha han llegado 3.112 inmigrantes a bordo de 269 pateras, «no hay equipos de protección individual para toda la plantilla de policías» y que «el riesgo de contagio en las instalaciones del CATE -que no tiene un aforo concreto, como ha denunciado el SUP- es extremadamente alto, no disponiendo además de ningún protocolo específico, más allá de las recomendaciones de la autoridad sanitaria».

También destaca que en las plantillas de Ceuta y Melilla se está viviendo «una situación límite» por la combinación de crisis migratoria y sanitaria.

«Los asaltos violentos al vallado fronterizo se unen al cierre de fronteras con Marruecos y la saturación de los CETI, desbordados en capacidad de acogida y con un número de internos que genera riesgos de orden público provocados por elementos violentos», relata este sindicato.

Además, informa que en Ceuta, el índice de ocupación del CETI supera el 63% y que en Melilla se está duplicando la capacidad máxima de 782 internos para alcanzar los 1.354 (habiendo casos positivos, además, se permite la salida y entrada de los ocupantes sin ninguna medida de prevención sanitaria), con saltos del vallado de hasta 300 inmigrantes y un número considerable de menores marroquíes que se encuentran internos en la plaza de toros.

El SUP señala que «la peor presión migratoria de toda España» se está viviendo en las Islas Canarias, donde hasta el 15 de agosto se ha incrementado en un 520% el número de inmigrantes llegados vía marítima respecto al mismo periodo de 2019.

Sólo en las últimas horas han llegado más de 200 a la costa del archipiélago.

El SUP también denuncia las «malas condiciones de instalaciones y recursos humanos» con las que se afronta en Murcia la presión migratoria, que les han llevado a mantener una reunión con la Delegación del Gobierno para exigir mejoras en el trabajo de los policías nacionales.

Informa que esta reclamación que también se ha producido ante las autoridades policiales de Almería, Málaga y Alicante, «dándose en esta última provincia la circunstancia de que los inmigrantes que llegan a las costas de la Comunidad Valenciana son trasladados allí, lo que supone una sobrecarga de trabajo sobre una plantilla con un número de efectivos limitados para atender las necesidades de servicio».

El SUP exige a la Dirección General de la Policía «una política preventiva mucho más activa, que se anticipe a los riesgos y aproveche todos los recursos sanitarios públicos (no solo los privados) para que todos los agentes que lo necesiten accedan a pruebas de diagnóstico y sepan, además, si los inmigrantes con los que tratan están contagiados».

Así las cosas, el SUP ha instado nuevamente a que se reúna el grupo de trabajo entre la DGP y los sindicatos de Policía Nacional para exponer todas estas quejas, pero dice que hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna de la Administración «pese a la urgencia de la materia, su impacto en la salud de los agentes y sus familias, y el evidente incremento de riesgo por contagio que estamos viviendo en toda España».
Exige a la Dirección General de la Policía «una política preventiva mucho más activa, que se anticipe a los riesgos y aproveche todos los recursos sanitarios públicos (no solo los privados) para que todos los agentes que lo necesiten accedan a pruebas de diagnóstico y sepan, además, si los inmigrantes con los que tratan están contagiados».
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