El titular del juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado el levantamiento del secreto de la pieza 7, conocida como ‘operación Kitchen’ en el marco de la macrocausa Tándem o caso Villarejo, en la que se investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En el auto, con fecha de este lunes, el magistrado Manuel García Castellón alza el secreto de las actuaciones que se decretó el pasado 7 de noviembre de 2018 para todas las partes, a excepción del Ministerio Fiscal.
Esta pieza, recuerda el magistrado, se abrió entonces a raíz de un informe de la Fiscalía, derivado de un informe policial, en el que se ponían de manifiesto nuevos hechos de apariencia delictiva, distintos a los analizados hasta ese momento en Tándem.
Según recoge el auto, «se trataría de ejecutar un operativo parapolicial del que serían responsables Órganos Superiores y/o Directivos de la Administración General del Estado y cuya ejecución material se encomienda a los ya investigados en la causa Enrique García Castaño, entonces jefe de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo), y José Manuel Villarejo».
«En este caso el encargo que se habría llevado a efecto al menos en los años 2013 a 2015 consistiría en la captación y la manipulación como colaborador-informante de la Policía de Sergio Ríos Esgueva, conductor de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular».
Así, continua el auto, “el objetivo de dicha misión podría ser, aparentemente, la obtención por medio de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial».
Por todo ello, agrega García Castellón, se acordó el secreto de las actuaciones para evitar que se pudieran sustraer elementos probatorios a medida que fueran conocidos los avances de la investigación. Secreto que ha ido prorrogando, por periodos de un mes, hasta el pasado 7 de agosto, momento en el que a su juicio «se han removido los motivos que justificaron la declaración del secreto».
