La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por el PSOE contra la diputada de VOX Macarena Olona Choclán por un presunto delito de injurias, calumnias y coacciones graves contra el Gobierno y las Instituciones del Estado por relacionar en un programa de televisión el fallecimiento de ancianos durante la pandemia con los proyectos del ejecutivo sobre la eutanasia.
El tribunal no aprecia indicios de delito.
Pone de manifiesto, al igual que el fiscal en su informe, que “es comprensible la queja de la parte querellante», pero que «no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de una entrevista en relación con la gestión de la pandemia”.
No obstante, el tribunal añade que “sería deseable que las expresiones y los tonos en el debate público fueran más correctos», pero insiste en que «el exceso (en estos contextos de análisis de un debate relevante de interés general) no es suficiente para cubrir las exigencias del Derecho penal”.
El auto está fechado a 16 de septiembre y ha sido notificado hoy.
Lo fiman los magistrados Manuel Marchena Gómez, presidente del tribunal y de la Sala de lo Penal; Vicente Magro Servet, ponente; y Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
El PSOE alegaba que las declaraciones de Olona en esa entrevista eran «gravemente calumniosas» y que entiende que ello desborda la libertad de expresión y de la sana crítica política, al criminalizar la labor del Gobierno.
En la querella reprodujo la parte de la entrevista que, a su juicio, era calumniosa y que recoge el auto del Supremo.
Señala, entre otras, estas manifestaciones de Olona para afirmar la existencia del delito de calumnias al Gobierno de la Nación: «…porque lo que hoy tenemos y de verdad yo quiero hacer una mención muy especial, para mí personalmente la mayor tragedia que estamos viviendo son los más de ocho mil mayores que han fallecido en las residencias totalmente abandonados y desahuciados, sin poder ingresar en las UCIs porque los han desahuciado si tenían más de 80 años… Este Gobierno social-comunista quiso introducir en España la regulación de la eutanasia y por desgracia y por la evolución de los hechos lo ha aplicado de la manera más feroz».
El Supremo explica que las declaraciones de la diputada de VOX deben valorarse como una crítica política a una concreta gestión, más que el «dolo de calumniar» que puede suponer el literal de las palabras.
Aún así, el tribunal advierte de que «que ello no quiere decir que todo valga en este marco de situaciones por activa y pasiva», pues la condición pública de una persona no supone un «cheque en blanco o una tarjeta abierta para que se puede decir lo que se quiera de los demás, o se esté obligado a recibir todo tipo de manifestaciones o expresiones de terceros» por el hecho de ostentar un cargo público.
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