La Comunidad de Madrid recurre ante la AN la orden que restringe la movilidad

«Lo que afirmamos a la vista de que, a pesar de la falta de consenso –legalmente necesario conforme al artículo 73 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud- se dicta por el ministro de Sanidad la Orden que impugnamos, con la que cual se convierte lo que debe ser un órgano para la coordinación consensuada, en un mecanismo de inavasión de la competencia autonómica, a través del cual el Ministerio se irroga una competencia de la cual carece», prosigue.

Y dice que esto «resulta agravado» cuando, a la vista de la intensidad de las medidas adoptadas, «nos damos cuenta que el Estado dispone de un instrumento para ello: la declaración del estado de alarma».

Añade que si acudimos a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, vemos que el artículo 4 permite la declaración del estado de alarma para el caso de crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; dando lugar a que se pueda establecer la medida de limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

«Lo cual no solo significa que asistamos a una sustracción de competencias por la vía de una Orden del Ministerio de Sanidad adoptada a través de un Acuerdo del Consejo Interterritorial que carece de los requisitos legales para ser considera tal; es que en realidad la Orden del Ministro supone la aplicación de unas limitaciones propias del estado de alarma», manifiesta el gobierno regional.

Y denuncia que «esta agresión a las competencias de la Comunidad de Madrid tiene un efecto adicional, que intensifica el daño que causa la ejecución inmediata».

Al respecto, indica que la adopción de las medidas supone un «impacto económico negativo en el ámbito de la Comunidad de Madrid».

En este sentido, alude al informe de la Consejería de Hacienda y Función Pública, que aporta junto al escrito, en el cual se señala:

-El impacto económico y laboral se da en el conjunto de la economía productiva, no en el sector público, cuyo gasto no ha bajado y el empleo no ha mermado.

-Por ello, el impacto de estas nuevas medidas restrictivas para el 71% de la población de la Comunidad de Madrid, en media, hará que se pierdan 750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica, que conlleva la destrucción media semanal de 18.000 empleos.

-Eso provocará una merma en la recaudación impositiva ligada a la menor actividad económica. La merma en recaudación para 2020 en la Comunidad de Madrid se espera que sea de 1.777 millones de euros (por todas las figuras tributarias relevantes) sobre el cierre del ejercicio anterior.

-Por ello, la pérdida por cada semana de retraso en la reactivación económica puede cuantificarse en proporción a la misma: un 2,48%, equivalente a una pérdida recaudatoria semanal de 44 millones de euros.

La Comunidad de Madrid señala que son conscientes de que este impacto económico «debe quedar siempre supeditado a las necesidades de Salud Pública, pues así lo impone, por ejemplo, el principio de precaución». Ahora bien, considerando que lo que supone la orden de Illa es «una invasión de las competencias de esta Administración, y recalcando que en todo momento se han venido adoptando medidas sanitarias», lo que extrae es que «además del daño que evidentemente supone la sustracción de las competencias, el daño que de ello se deriva resulta totalmente injustificado en el ámbito económico, que se convierte, en el contexto procesal en que nos encontramos, en una pérdida irreperable, que justifica la adopción de las presentes medidas».

Por todo ello, afirma que concurre el requisito principal de la justicia cautelar.

Por otra parte, indica que toda cautelar exige una valoración de los intereses en conflicto, y que el propio artículo 130.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) señala que la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el juez o tribunal ponderará en forma circunstanciada.

La Comunidad de Madrid señala que en todo caso, tratándose de «un litigio entre Administraciones, cuya actuación debe estar presidida por la protección y defensa del interés público, constituyendo la confluencia de intereses públicos representados por ambas Administraciones –estatal y autonómica– una circunstancia que forzosamente ha de influir en la ponderación de intereses afectados», la valoración circunstanciada «tiene inevitablemente un margen más ajustado que en aquellos en los que confrontamos el interés público con intereses privados».

Afirma que en este caso es evidente que la orden del ministro de Sanidad se sustenta sobre una vocación sanitaria, como dice la propia orden en su preámbulo.

«Armonizando lo dicho anteriormente con la necesaria ponderación de intereses, lo cierto es que se debe dar preferencia a la pretensión de la Comunidad de Madrid porque, lejos de buscar otros objetivos, esta Administración no ha perseguido otra cosa que la protección de la salud», sostiene el ejecutivo madrileño.

Además, manifiesta que desde el momento en que se han venido adoptando medidas sanitarias, se puede convenir que tiene una mayor intensidad por su dimensión constitucional y por su inmediata relación con la propia naturaleza de la Comunidad Autónoma, «la protección del régimen de competencias y la conservación de la economía de la región».

Apunta que esto es así porque «ante la evidente imposición de unas medidas que no han obtenido el preceptivo consenso, debe prevalecer la competencia autonómica, especialmente cuando con su mantenimiento no se genera riesgo alguno para la salud pública, a la vista, no solo de que se vienen adoptando medidas sanitarias constantes, sino de que esas medidas están teniendo un efecto positivo».

El gobierno regional explica que esto puede comprobarse a la vista del informe que adjunta, «en el que puede verse una reducción que alcanza hasta el 50% en algunas de las zonas donde se han aplicado medidas».

Añade que desde otra perspectiva, el criterio que ha venido utilizando esta administración, estableciendo medidas por Zonas Básicas de Salud, «resulta mucho más acorde, proporcionado y efectivo».

En este sentido, dice que se puede advertir que fijar un umbral de 500/100.000 habitantes para municipios de 100.000 o más habitantes supone un riesgo muy diferente en función del tamaño de la población.

«En la Comunidad de Madrid son 10 los municipios con 100.000 o más habitantes, cuya población oscila entre 117.040 a 3.3266.126 habitantes, es decir hay una gran variabilidad en el tamaño poblacional ya que el municipio de Madrid tiene una población 30 veces superior a los 9 municipios restantes. La Comunidad de Madrid, por ello precisamente, ha escogido como unidad territorial para la monitorización y control de COVID-19 la zona básica de salud (tamaño medio 23.000 habitantes), población atendida por un centro de salud y asignada junto a la población de otras zonas básicas a un Hospital de referencia en caso de necesitar cuidados más complejos», argumenta.

Y dice que aplicando medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 45 zonas básicas de salud se actúa sobre una población de un millón de habitantes que representa un 15,4% de la población de la Comunidad y un 27,2% de los casos acumulados en los últimos 14 días, a 20 de septiembre (Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad).

El gobierno madrileño destaca que aplicando el criterio propuesto por el acuerdo, se actuará sobre un 72% de la población de la Comunidad de Madrid, que representa al 77% de los casos.