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Tres de las cuatro asociaciones judiciales critican duramente la reforma del CGPJ de PSOE y Unidas Podemos

Esta proposición de ley sólo es defendida por JJpD, que lo ve como alternativa al bloqueoDe izquierda a derecha: los magistrados Manuel Almenar, presidente de la APM; Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de AJFV; y Concepción Rodríguez, presidenta de FJI.
| | Actualizado: 15/10/2020 8:13

La proposición de ley registrada hoy en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos para cambiar la ley que exige una mayoría cualificada para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es duramente criticada por tres de las cuatro asociaciones judiciales, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que lo ve como alternativa al bloqueo actual.

Las cuatro asociaciones judiciales coinciden desde hace años en la necesidad de que se modifique el sistema de elección para que los vocales judiciales del Consejo sean elegidos por los jueces. Sin embargo, en la actualidad JJpD ve normal el plan alternativo del Gobierno dado que el órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones casi dos años.

Los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición persiguen que se active la elección por mayoría absoluta en 48 horas en caso de que no fuera posible la cualificada en primera votación, como ocurre hasta ahora; es decir, que tanto el Congreso como el Senado puedan elegir a los seis vocales de cada Cámara con mayoría absoluta 48 horas después de una primera votación en la que se mantendría la exigencia de tres quintos.

PSOE y Podemos estiman que en dos meses pueda entrar en vigor la reforma que han impulsado.

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LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA DESCARGAR

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la mayoritaria- pide a los partidos políticos que «antepongan el mandato constitucional y el interés común por encima de intereses particulares».

El presidente de esta asociación, el magistrado Manuel Almenar, afirma que la reforma registrada por PSOE y Unidas Podemos es «inconstitucional» porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las Cortes.

Añade que la vía de la proposición de ley también «plantea serias dudas de inconstitucionalidad» porque al evitar el cauce del proyecto de ley, se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, «algo básico».

Por otra parte, señala que no se puede plantear una reforma del sistema de nombramientos y que ésta tenga carácter retroactivo. En este sentido, ha recordado al Gobierno que el proceso de renovación del órgano se inició hace dos años y medio, y las reformas son a futuro, no sobre procesos iniciados.

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«Tenemos la certeza de que es inconstitucional y mostramos nuestro absoluto rechazo», sostiene.

Además, vaticina que generará una reacción por parte de organismos europeos.

«Nosotros acudiremos a todas las instancias internas e internacionales donde sea necesario. A las nacionales vía Tribunal Constitucional, cuya sentencia 108/86 ya abordó ese tema y puso el acento en la necesidad de una mayoría cualificada, que era la prevista en la Constitución; y a las instancias internacionales, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», explica.

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Almenar añade que «bastaría leer la recomendación de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en Polonia, de 26 de noviembre de 2017, para darse cuenta de que la reforma va en sentido opuesto a la recomendación de la Comisión y que cuestiona los valores fundamentales en los que se asienta la Unión, entre ellos el Estado de Derecho».

Recuerda a los autores de esta proposición de ley que «la relación de los valores y principios básicos de la Unión pueden determinar la expulsión del estado de la Unión Europea».

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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de afiliados de las cuatro existentes,  califica esta iniciativa de “muy desafortunada y un auténtico despropósito”.

Su portavoz nacional, el magistrado Jorge Fernández Vaquero, recuerda que las asociaciones judiciales llevan «años reclamando que se modifique la ley para despolitizar el sistema de elección del CGPJ, es decir, justo lo contrario de lo que pretende esta propuesta de PSOE y Podemos».

Fernández Vaquero añade que «es obligación constitucional de los grupos parlamentarios renovar el CGPJ en plazo», por lo que dice que es «inaceptable que llevemos dos años en esta situación de bloqueo».

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«Pero tan inaceptable como supeditar la negociación al reparto de asientos que los dos grandes partidos llevan practicando desde hace más de 30 años y que algunos se empeñan en mantener”, agrega.

AJFV insiste en que “la mejor forma de desbloquear el CGPJ es despolitizar su elección de una vez, como nos está exigiendo el Consejo de Europa».

«Y como llevamos años proponiendo la inmensa mayoría de profesionales de la Justicia, que es justo lo contrario de lo que representa esta propuesta, que no haría sino provocar más politización y descrédito en el órgano de gobierno de los jueces españoles”, apunta.

Así, AJFV se reafirma en lo que lleva años exigiendo tanto a gobiernos del PP como del PSOE: Que cambien la ley para que los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial sean elegidos por todos los jueces españoles mediante una votación con listas abiertas y a la que pueda presentarse cualquier de ellos.

Foro Judicial Independiente (FJI) insiste que lo que se debe hacer es cumplir con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que lleva tiempo advirtiendo a España que el sistema de elección actual de los vocales del Consejo es el “talón de Aquiles de la judicatura” por su “politización”.

Reclama volver al sistema mixto de designación, en el que parte de los vocales sean elegidos en el seno del Poder Judicial.

«La propia sentencia del Tribunal Constitucional 108/86, de 29 de julio, en el fundamento jurídico decimotercero pone de manifiesto que el sistema de la reforma del 85 era constitucional porque la mayoría que se exigía era de 3/5, con lo cual si ahora ponen mayoría absoluta cualquier partido político va a poder controlar el órgano de gobierno de los jueces y va a contradecir la propia sentencia del Constitucional», manifiesta la presidenta de FJI, la magistrada Concepción Rodríguez. 

Critica que PSOE y Unidas Podemos quieran cambiar la ley para que cualquier partido con una mayoría absoluta pueda controlar el CGPJ.

Denuncia que «han dado un paso presentando esta reforma que da una vuelta de tuerca más a la politización de la Justicia». 

Hace hincapié en que «el sistema actual ya está siendo cuestionado por el Consejo de Europa y nos pone en la mira de la Comisión Europea como está sucediendo con Polonia».

Anuncia que su asociación «recurrirá a todas las instancias necesarias para que España cumpla con las exigencias europeas y cese la politización del CGPJ».

Desde Juezas y Jueces para la Democracia también consideran que lo más adecuado es renovar el CGPJ con la ley actual, pero ven «lógico» que el Ejecutivo tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo entre PSOE y PP.

«Nuestra primera opción es que se renueve lo antes posible con la actual ley, pero también entendemos que el partido en el Gobierno tenga que buscar un ‘plan b’ como alternativa si la renovación no se produce», señala la portavoz de esta asociación, la magistrada Ascensión Martín.

Además, destaca que ese bloqueo tiene carácter indefinido, no tiene fecha de caducidad. «¿Hasta cuándo esperamos? Entendemos que en algún momento tendrá que ponérsele fin a esta situación de bloqueo «, indica.

Ascensión Martín hace hincapié en que PSOE y PP deberían sentarse a dialogar y ponerse de acuerdo antes de que se acometa esta reforma, pero ve normal que se prepare un plan alternativo dado que el órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones casi dos años.

«La ley se puede mejorar, pero tras el acuerdo. Ahora mismo, lo más razonable es que la renovación se haga en las actuales circunstancias», reitera.

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