Jorge Fernández (AJFV): ‘En el momento en que no haya un Poder Judicial independiente, el Gobierno puede hacer lo que quiera’
El magistrado Jorge Fernández Vaquero analiza en esta entrevista la actualidad judicial y explica cuáles son sus retos al frente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en la que el próximo mes de noviembre cumplirá un año como portavoz nacional.

Jorge Fernández (AJFV): ‘En el momento en que no haya un Poder Judicial independiente, el Gobierno puede hacer lo que quiera’

Destaca que "tan necesario es desbloquear como despolitizar el CGPJ"
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05/10/2020 01:30
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Actualizado: 28/1/2021 11:57
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El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, analiza en Confilegal el bloqueo político en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma legal del Poder Judicial anunciada por el Gobierno, la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces, la situación actual en la Justicia, o los ataques de ciertos políticos a las sentencias de Quim Torra o Bankia.

Además, el magistrado hace balance de su primer año al frente de esta asociación, la segunda en número de afiliados de las cuatro existentes, con cerca de 900 jueces y magistrados, y explica cuáles son sus retos.

Fernández Vaquerofue elegido portavoz nacional el 22 de noviembre de 2019 con un gran respaldo de la Asamblea General de la AJFV, junto a otros 8 ‘vitorinos’, como se conoce popularmente a los miembros de esta asociación, que forman su Comité Nacional por periodos de dos años hasta un máximo de cuatro.

Tomó el relevo de Raimundo Prado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, quien detentaba dicha responsabilidad desde 2015.

Jorge Fernández (Avilés, Asturias, 1975) lleva 14 años dictando sentencias. Es de la promoción 56.

Su primer destino como juez fue en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castro Urdiales (Cantabria), en 2008 pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer.

En 2011 ascendió a magistrado, y desde 2015 está destinado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez, Cádiz, del que es titular.

El Gobierno estudia cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para facilitar la renovación del CGPJ. Una de las opciones sería permitir que los 12 vocales procedentes de la carrera judicial fueran elegidos por las Cortes sin necesidad de contar con el apoyo de los tres quintos de la Cámara, sino con mayoría absoluta. ¿Qué opina de que se cambiara la ley para que el Consejo se elija sólo por mayoría simple? 

Lo que quiere el Gobierno es facilitar más la intervención de los políticos. Buscan no necesitar una mayoría cualificada en el Congreso.

Desde AJFV lo hemos dicho muy claro: La peor forma de desbloquear el CGPJ es politizarlo más todavía de lo que ya está, como provocaría esa maniobra con la que amaga ahora un Gobierno cuyo actual presidente, cuando estaba en la oposición se hartó a defender que había que despolitizar el CGPJ y que los partidos, empezando por el suyo, debían dejar de proponer vocales; justo lo contrario de lo que ese mismo PSOE está haciendo ahora.

Esta noticia también puede haber saltado a la palestra para forzar al PP a negociar. Su asociación  ha exigido a Sánchez y Casado una renovación «independiente» del CGPJ. Denuncia que hasta la fecha ambos partidos «han politizado» esta elección fundamental para la Justicia en nuestro país” …

Sí, porque el PP es tan culpable como el PSOE de la situación a la que hemos llegado. Lo que ahora exige desde la oposición pudo hacerlo desde el Gobierno, incluso gozando de mayoría absoluta. Y hasta este mismo verano, el PP ha estado a punto de volver a repartirse el CGPJ con el PSOE. Tan necesario es desbloquear como despolitizar el CGPJ.

Con el sistema actual, siempre habrá un vínculo entre un vocal del Consejo y el partido que le propuso y que votó su nombramiento. Esa duda es muy perjudicial incluso aunque los políticos se estuvieran comportando de manera escrupulosa. Pero es que encima no lo están haciendo.

Para reforzar la independencia de la Justicia en España es necesaria una reforma de la LOPJ que cambie el sistema de elección de esos 12 vocales para que sean elegidos directamente por los propios jueces en una votación que garantice la pluralidad y no viciada por afinidades partidistas, de manera que no se negocien y se repartan por los dos grandes partidos, como ha venido ocurriendo desde que hace 35 años se cambió esta ley para que, en la práctica, todos los vocales del CGPJ dependan de un acuerdo entre PSOE y PP.

Las asociaciones de jueces y fiscales llevan tiempo reclamándolo. Ciudadanos ha llevado al Congreso esta reforma de «refuerzo de la justicia independiente», pero la han tumbado PSOE y Podemos.

AJFV lleva años insistiendo a los políticos en ese cambio tan necesario para la Justicia española. A finales de 2018, justo tras expirar el mandato del CGPJ, nuestra asociación presentó una propuesta detalla y articulada en esa misma línea y a principios de este año me reuní con los grupos políticos para volver a insistir en esta reforma, en la que estamos de acuerdo todas las asociaciones de jueces y la inmensa mayoría de profesionales de la Justicia.

Como los que pueden hacerlo, se niegan a cambiar la LOPJ en ese sentido, pedimos que se renueve el Consejo, pero que lo hagan cumpliendo el sistema que hay, porque lo que están haciendo es repartirse el CGPJ como si fuera un pastel y peleando por qué porción corresponde a cada uno.

La actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder de la oposición, Pablo Casado, y del líder de Podemos y vicepresidente, Pablo Iglesias, recuerda mucho a la de tres chiquillos que se pelean por un trozo del pastel.

Se pelean por un trozo del pastel, por ver quien coge su parte, a quien le toca el trozo más grande, pero en realidad el pastel no es suyo, es de los ciudadanos, y se lo están comiendo ellos.

Tienen que elegir a las personas que mejor pueden desempeñar el cargo de vocal, con independencia de afinidades políticas o de que «a mí me tocan siete y a usted cinco» cuando lo único que les toca es elegir a los mejores candidatos.

¿Y qué opina de los recientes nombramientos del CGPJ? 

Confilegal y algunos otros medios estáis reflejando perfectamente una realidad: que desgraciadamente hay una relación directa entre los partidos políticos que nombran a los vocales y la posterior actuación de estos.

Los vocales, aunque aparentemente no votaron por bloques -muchos que fueron propuestos por el PSOE han votado junto con los propuestos por el PP a los mismos candidatos-, en realidad lo que han hecho ha sido plasmar en la votación un acuerdo al que habían llegado previamente ellos. Por eso salieron esos resultados, porque previamente había habido una negociación.

Esa negociación la han hecho con criterios de oportunidad política. Han buscado qué mensaje le interesaba al Consejo trasladar al Gobierno, al Parlamento y a la sociedad. Ese es el criterio predominante. Y esa realidad es la que habéis plasmado los medios, que al final estáis sacando a flote lo que está por detrás. Y ese el problema: lo que está por detrás.

No me refiero a las personas nombradas ni cuestiono que no tengan cualificación, lo que digo es que les colocan etiquetas políticas o ideológicas precisamente por ese vicio en el nombramiento de quienes después nombran a esos altos cargos.

La etiqueta que arrastran los vocales del Consejo que nombran a estos cargos se las cuelgan también a ellos por extensión y eso al final acaba desprestigiando a personas con una trayectoria profesional y que no tienen ninguna culpa de que el sistema sea este. 

¿Entendió que el CGPJ aplazara en julio esos nombramientos?

No. Cuando venció el mandato entendíamos que lo lógico era que un CGPJ en funciones no hiciera los siguientes nombramientos, sino un nuevo nuevo Consejo que hubieran nombrado en un plazo razonable de un par de meses o medio año como mucho.

Pero llega un momento en el que la Justicia no puede estar parada porque los políticos no se pongan de acuerdo y no sean capaces de hacer una simple votación. Por eso, a partir de determinado momento es necesario hacer esos nombramientos, porque llevamos así casi dos años. 

Lo de «ahora nombro, ahora no nombro durante tres meses para ver si los políticos se ponen de acuerdo, ahora vuelvo a nombrar y ahora vuelvo a parar» sólo sirve para trasladar a la opinión pública la imagen de que el Consejo va actuando en función de la política. Y eso no puede ser.

En el centro, María Tardón, la primera mujer portavoz de la historia de una asociación judicial (la AJFV; en los años 90), junto a Jorge Fernández Vaquero (segundo por la izquierda), quien formaba parte de la Comisión de Igualdad de la asociación junto con Tardón, presidenta de dicha Comisión; el resto son todos miembros de esa Comisión: Alfonso Álvarez-Buylla, el portavoz, Verónica Pontes, Tardón, Mónica García y Rafael Estévez. Faltan Auxiliadora Díaz y José Antonio Baena. Foto: Twitter.

¿Qué le diría a quienes se empeñan en estigmatizar a todos los jueces diciendo que la mayoría son conservadores o que el acceso a la Carrera Judicial es machista o endogámico?

Llevo muchos años trabajo en un Juzgado de Violencia de Género y me he dado cuenta de que una de las grandes barreras para lograr unas relaciones igualitarias entre hombres y mujeres son los prejuicios y estereotipos. Esto mismo es lo que pasa con aquellas personas que a todos los jueces nos meten en la misma categoría: que si somos conservadores, que si somos gente con dinero o hijos de jueces… Eso es un estereotipo que cae por su propio peso; por eso, los que difunden semejantes bulos no aportan ni un sólo dato objetivo.

Los datos oficiales del Poder Judicial sobre la última promoción de jueces, la 69, reflejan que apenas el 5% tiene algún familiar en la carrera, las mujeres son mayoría -el 71%- y no hay ningún dato sobre su situación socioeconómica.

Exacto. Esos datos son la mejor prueba, reflejan la realidad, lo otro no es ni siquiera una opinión, que podría ser discutible, sencillamente no es cierto. El problema que tienen los que catalogan a todos los jueces de conservadores o clasistas es que se han puesto unas gafas con cristales opacos y no pueden ver la realidad.

El vicepresidente Iglesias le definió a usted en el Congreso como conservador. Luego le pidió disculpas públicamente en Twitter…

Desconozco las razones por las que me pidió disculpas. Por supuesto, las acepto. A mí no me molestó que me llamara conservador, porque obviamente no me conoce y, por lo tanto, cualquier opinión que tenga sobre mi ideología es pura especulación. Lo que me molestó es que dijera que yo era un juez conservador.

Al calificarme como tal lo que estaba haciendo era asociar mi desempeño profesional a una determinada ideología y eso sí que no puedo aceptarlo, por eso respondí a través de redes sociales.

Usted le respondió adjuntando un artículo en el que exponía «algunas ideas que les pueden interesar a quienes de verdad deseen fortalecer nuestra democracia» y diciendo que confía en que Iglesias se inspire también en su asociación sobre «el respeto a la Justicia o despolitizar el CGPJ»…

Hay un problema, que es el oído y vista selectivos. Es decir, ver y oír sólo lo que a uno le interesa. El pasado miércoles tuvimos otro ejemplo de ello: algunos se hacen mucho eco del informe de la Comisión Europea que nos dice que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial porque está en funciones y eso desprestigia a la institución. Sin embargo, no hacen lo mismo cada vez que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa nos dice que tenemos que renovar el sistema de elección del CGPJ porque no es respetuoso con la independencia judicial. 

Y lo mismo ocurre cuando la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa dice al Gobierno y a los diputados que se abstengan de hacer comentarios sobre decisiones judiciales que vayan más allá de expresar que no están de acuerdo con ellas y que las van a recurrir porque todo lo demás vulnera la independencia judicial y los derechos humanos. Por eso, en mi respuesta a Pablo Iglesias le invitaba a que, ya que me utilizó a mí y a otro compañero de AJFV para defender sus argumentos sobre otros temas, se inspire también en nosotros para despolitizar la Justicia. 

Unidas Podemos ha calificado de «desproporcionada» la sentencia de inhabilitación del expresidente de la Generalitat y ha contrapuesto la sentencia del Supremo con la absolución del caso Bankia, que, según dice, instala en la ciudadanía la sensación de que la «justicia no es igual para todos». JxCat y ERC ven la sentencia de Torra como «represión» y «causa general» contra el independentismo, pese a que se le ha condenado porque desobedeció.

Cualquier político puede criticar cualquier resolución judicial diciendo que considera que no es correcta, que no está de acuerdo y que va a buscar la forma legal de que se modifique o revoque esa decisión. Diciéndolo de esa manera no se le puede criticar nada. Ahora bien, si dice que la sentencia del Supremo relativa a Torra es un auténtico ataque a la soberanía popular y a la decisión de las urnas y que solo se explica por un tribunal que está haciéndole el juego a la derecha para sofocar la libre expresión del pueblo de Cataluña, eso mina la confianza en el Poder Judicial. 

Eso no es libertad de expresión, es directamente atacar y deslegitimar el Poder Judicial y vuelvo a remitirme a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa: todo político que siembre una duda generalizada de sospecha sobre el Poder Judicial o que haga manifestaciones de las que se deduzca que no va a obedecer ni respetar una resolución judicial, está lesionando y violando los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Por cierto, el ministro de Justicia enmarca las críticas de Iglesias y el ministro Garzón sobre el Rey en la libertad de expresión. ¿Qué le parece?

Siempre recurren a lo mismo, pero eso no es libertad de expresión, es lesionar los derechos de los ciudadanos desde un cargo público y eso es inaceptable, no se puede justificar. 

El Poder Judicial protege nuestros derechos frente a quienes los vulneran. Los políticos pretenden despojar a los jueces de la toga. Me refiero simbólicamente a que cada juez es independiente cuando resuelve un asunto y eso, desde el punto de vista de los políticos, quiere decir que ellos no pueden controlar el resultado de esa decisión. Eso es lo que les pone nerviosos y les molesta.

Sólo hay dos cosas que un político no puede controlar: el resultado de las elecciones y el Poder Judicial. No pueden controlar las decisiones judiciales, si un tribunal va a absolver o condenar a un político corrupto o si un juez de instrucción va a abrir una investigación o no.

El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, Luis Santamaría, afirma que el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias “teme a la independencia del Poder Judicial”.

Esas dos cosas a las que aludía ponen nerviosos a algunos.

Al final, la última barrera que existe para defender una democracia es un juez independiente. Hay muchas otras cosas que hacen falta, lógicamente, pero al final siempre hay un juez independiente, que es la última posibilidad democrática de frenar los abusos del poder. En el momento en el que no haya un Poder Judicial independiente, el Gobierno puede hacer lo que quiera. Cuando el Poder Judicial esté desnudo, nadie podrá impedir el saqueo a la democracia.

¿Qué opina de la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos? Por primera vez en la historia no asistió.

La entrega de despachos es un acto formal con un alto valor simbólico: pone de manifiesto a la sociedad que quienes los reciben, a partir de ese momento individualmente asumen la condición de servidores públicos como titulares de un poder del Estado, y lo lógico es que reciban esa transmisión de poder de manos del Rey.

Me preocupa la falta de explicaciones sobre su asusencia. El ministro de Justicia las dio a posteriori aduciendo supuestos problemas de seguridad. Si se da una explicación desde el principio, nosotros podemos discrepar o no de si es lo suficientemente importante como para que el Rey no esté presente, pero por lo menos de alguna manera se está poniendo encima de la mesa cuál es el argumento que lleva al Gobierno a considerar que esa otra circunstancia es más importante que el Poder Judicial como poder del Estado.

Ahora bien, el hecho de que oculten la explicación, que den lugar a todo tipo de especulaciones y que conscientemente las permitan, provoca que se difunda la idea de que hay motivaciones políticas o interés partidista y eso sí que es absolutamente inaceptable.

¿Urge la unión del constitucionalismo ante el acoso a los símbolos nacionales?

Eso es una cuestión política en la que quienes defendemos la separación de poderes y, además, somos miembros de uno de ellos, como es mi caso, no podemos ni debemos entrar. Yo exijo respeto para la independencia del Poder Judicial, que es lo que me corresponde, y como tal respondemos y actuamos cuando vemos que no sólo no se respeta, sino que se ataca.

¿Se está sumiendo a la Fiscalía General del Estado en el descrédito con un presidente que dice públicamente que depende de él, aunque luego rectificó, o con las acusaciones del fiscal Navajas sobre supuestas presiones de otros compañeros?

El problema con la Fiscalía es desgraciadamente la crónica de una muerte anunciada. Una de mis primeras intervenciones como portavoz de AJFV fue valorar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. En aquella ocasión dije que no es una cuestión de si tiene cualificación o no para serlo, que no lo pongo en duda y ni siquiera digo que lo vaya a hacer mal, que seguramente lo hará bien, pero haga lo que haga siempre se puede sospechar que lo hace en favor del Gobierno, porque tiene esa vinculación que no puede negar.

El último ejemplo de ello es el del teniente fiscal Luis Navajas, que tiene que salir en medios de comunicación y hacer ese tipo de manifestaciones tan llamativas porque la fiscal general del Estado no puede intervenir en ese asunto. Ese nombramiento no podía traer nada bueno y estamos viendo las consecuencias.

El Comité Nacional de la AJFV, de izquierda a derecha: Rafael Martín, Rosa María Freire, Natalia Velilla, Javier Albar, Fernández Vaquero (portavoz), Eva Atarés, Carlos Viader, Juan José Moreno y Jorge Riestra. Foto: AJFV

¿Cuál es la situación actual en Justicia con la pandemia?

Desgraciadamente, muy parecida a la que teníamos antes, pero agravada por esta situación tan excepcional. 

Antes de la pandemia ya teníamos problemas de fondo y estructurales muy graves, como falta de jueces, una planta judicial anticuada, la distribución de los juzgados en el territorio no se corresponde con la realidad, una organización judicial obsoleta, un modelo de un juez con un juzgado en lugar de desarrollar otros modelos en los que se optimizan los recursos humanos o una administración de justicia con graves problemas de desarrollo tecnológico porque la implantación de las nuevas tecnologías ha sido desigual en cada comunidad autónoma y se ha hecho sin suficiente previsión legal, dando muchos problemas de tipo procesal que afecta incluso a los derechos de las personas. 

No se ha previsto debidamente cómo hay que incorporar los medios electrónicos al procedimiento y, además, se había hecho de espaldas a la carrera. En fin, teníamos un problema de falta de desarrollo de métodos alternativos al sistema judicial verdaderamente eficaces.

Y hay un problema en el ámbito Penal, con una la Ley de Enjuiciamiento Criminal absolutamente anticuada y ya inservible por la cantidad de reformas que tiene. También ya antes había una sobrecarga de trabajo brutal, no dábamos a basto.

Todo esto se ha agravado con la pandemia. La paralización ha suspendido muchas actuaciones judiciales que ahora hay que volver a colocar en agendas muy sobrecargadas, pero al mismo tiempo también hay entrada de nuevos asuntos, que ya se está empezando a notar.

Desde el punto de vista de la administración, se han elaborado algunos planes, se están intentando poner en marcha, ha habido una dotación presupuestaria para Justicia con un plan de choque de unos 50 millones de euros para este año y el que viene, pero de momento no estamos viendo capacidad de gestión para trasladar ese esquema a la realidad.

Se han hecho cosas sobre el papel, pero no estamos viendo capacidad de gestión y de coordinación entre instituciones que permita trasladar las ideas a la realidad. Y esto teniendo en cuenta que tampoco el plan que se diseñó era el más adecuado. 

Fernández Vaquero reclama una verdadera inversión en Justicia para conseguir una administración moderna y eficaz.

¿Cuáles son sus retos al frente de la AJFV?

El principal reto es romper la situación de punto muerto en la que nos encontramos en relación con las garantías básicas de independencia judicial. Hay que blindar la independencia judicial. Y un reto de las asociaciones judiciales, y en particular de AJFV, es liderar que desde la carrera judicial se aporten soluciones para conseguir un sistema judicial en el que la apariencia de independencia deje de ser un problema que nos lastra a todos los jueces en el día a día.

Otro reto es seguir posicionando a AJFV como una referencia dentro de la carrera judicial como organización profesional seria, proactiva, comprometida y con capacidad de liderazgo para alcanzar cambios en el estatuto profesional de jueces y magistrados. 

¿Qué más retos?

Hay que conseguir modernizar el diseño de carrera profesional de los jueces y magistrados y mejorar ciertas cuestiones relativas al estatuto profesional. Lo que ocurre es que cualquier iniciativa que implique coste económico apenas se puede plantear ahora mismo dada la situación del país.

Otro reto es seguir mejorando AJFV hacia los propios asociados. Por ejemplo, llegar a acuerdos con determinadas entidades para que nuestros asociados puedan beneficiarse de programas de colaboración o que podamos colaborar con organizaciones sociales para actividades formativas, de divulgación o de participación y en las que también pudieran intervenir nuestros asociados.

¿Y qué balance hace de este año al frente de la asociación?

Es un año muy complicado y me resulta difícil hacer un balance. Cuando se constituyó el Gobierno, todos pensábamos que estas iniciativas podíamos empezar a ponerlas en marcha con un nuevo Ejecutivo y contando con que el Consejo se iba a renovar antes o después, pero se frustró todo con el coronavirus.

Hemos trabajado mucho, pero centrados en temas de prevención de riesgos laborales. Estamos haciendo una labor de fondo en otros aspectos, pero es un trabajo más discreto y a medio o largo plazo. En otras líneas no hemos podido avanzar prácticamente nada por la pandemia.

El principal problema es que la administración está centrada en la crisis sanitaria y el Consejo está paralizado. Nosotros solos por nuestra cuenta no podemos cambiar nada, podemos proponer cambios para que otros cambien, pero los que tienen que tomar las decisiones ahora mismo están a otra cosa o no están, como es el caso del Consejo.

¿Qué llamamiento haría a los políticos?

Que recuerden que el cargo que ocupan y todos los beneficios asociados al mismo no son suyos. Son un medio que la sociedad ha puesto a su disposición para que cumplan un objetivo, que es pensar en todos los ciudadanos de aquí hacia el futuro y no en sus propios intereses.

Ese es el llamamiento que les hago, pero circunscrito lógicamente al ámbito de la Justicia.

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