El Tribunal Constitucional (TC) podría convocar un Pleno en los próximos días para afrontar la situación del magistrado Fernando Valdés, a quien el Tribunal Supremo propone juzgar por un presunto delito de maltrato a su esposa. Aún está pendiente que la Fiscalía presente o no escrito de acusación provisional contra Valdés.
Fuentes del tribunal de garantías han señalado a Europa Press que lo más deseable sería que el magistrado, en una situación personal delicada debido a problemas de salud, adoptara una decisión sobre su actual situación procesal y la comunicara al presidente del TC Juan José González Rivas.
De no ser así, se podría acudir a lo estipulado en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y convocar un Pleno para discutir sobre la cuestión.
Según la LOTC, los magistrados del Tribunal Constitucional pueden ser suspendidos, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese previstas en la propia norma.
La suspensión requiere el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno, según detalla la LOTC. Además el Pleno para tratar este asunto puede ser convocado a propuesta de tres de sus compañeros o por el propio presidente González Rivas.
El pasado martes, el instructor de la causa contra Valdés en el Supremo, Andrés Martínez Arrieta, concluyó las diligencias de prueba en relación a este asunto tomando declaración a dos testigos, una de ellas hija de Valdés, quien exculpó a su padre, asegurando que «jamás» se ha producido agresión alguna.
En este relato coincidió con sus padres, ya que tanto Valdés como su esposa señalaron en sendas declaraciones el pasado 1 de octubre que lo ocurrido en su vivienda no fue más que una discusión de pareja que pudo ser «sacada de contexto».
Apenas unas horas tras concluir estos interrogatorios el instructor transformó las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supone la preparación del juicio oral por los hechos recogidos en la resolución y con la calificación contenida en la misma, que es la del artículo 153 del Código Penal (delito de maltrato), sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica, según señala la resolución.
Fuentes de la defensa del magistrado señalaron a Europa Press que su intención era recurrir la decisión de Martínez Arrieta ante la Sala de lo Penal. Así, de no dimitir y mientras se espera la resolución, Valdés mantendría el estatus de aforado que le permite mantener la causa en el alto tribunal en vez de tener que acudir a un juzgado ordinario.
En los hechos del auto, dado a conocer el pasado 7 de octubre, se recoge entre otros puntos que, en la tarde del 10 de agosto de 2020, el magistrado mantuvo una discusión con su esposa, y, al percibir que los gritos eran oídos por personas que estaban en un parque público cercano a su vivienda, en la localidad madrileña de Majadahonda, introdujo a la mujer de forma violenta al interior de la casa, donde siguió la discusión.
«Desde el exterior, los viandantes percibieron movimientos bruscos y golpes, que determinaron una lesión, no diagnosticada, en el dorso de la mano derecha de la mujer», añade los hechos reseñados por el instructor.
Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE para un mandato que ya ha caducado, ha sido defensor de la lucha contra la violencia de género a lo largo de diversas sentencias en las que ha participado en el tribunal de garantías.
Aunque inicialmente su arresto recayó sobre este juzgado de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, el magistrado está aforado ante el Tribunal Supremo, de modo que la Sala Segunda, de lo Penal, del alto tribunal es la única que puede investigarle mientras siga siendo magistrado del TC.
El Tribunal Constitucional ha salido de manera oficial en defensa del magistrado y ha apelado a respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia «mientras continúe el procedimiento judicial en curso».
