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Delgado pide ‘sosiego’ ante la reforma de elección de los vocales judiciales del CGPJ

Califica de 'inadmisibles' las amenazas al magistrado que pidió al Supremo que investigue a IglesiasLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha sido hoy la protagonista del Foro Justicia del ICAM, en el que ha abordado la actualidad judicial y ha detallado la actuación de la Fiscalía durante la pandemia. Foto: ICAM
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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha apelado hoy a “llegar a soluciones a partir del consenso” sobre la forma de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como a la necesidad de “oír a los operadores jurídicos”, entre los que ha mencionado a jueces y a fiscales.

Delgado ha hecho este llamamiento en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), del que ha sido protagonista, tras ser preguntada por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) planteada por PSOE y Podemos para cambiar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ.

“El servicio público que es la justicia es de todos y es muy bueno escuchar, oír y llegar a soluciones a partir de ese consenso y ese acuerdo y sobre todo de esa colaboración de todos aquellos que participan en la Administración de justicia”, ha señalado Delgado.

PSOE y Unidas Podemos también persiguen con esta proposición limitar las decisiones que pueda adoptar el CGPJ en una situación de interinidad. Al respecto, Delgado ha recordado que también ha habido fiscales generales en funciones y que aunque no está reglado en la Fiscalía se decidió no realizar acciones que pudieran tener una proyección en el futuro y que fueran irreversibles en el caso de cambio de una política criminal.

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“Lo cual quiere decir que es importante que nos soseguemos, que pensemos qué es lo mejor para la ciudadanía y que adoptemos aquellas decisiones que al final redunden en beneficio del servicio público”, ha remachado.

José María Alonso
El decano del ICAM, José María Alonso, inagurando el foro, junto a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, y la periodista de La Sexta Verónica Sanz, que ha moderado el acto. Foto: ICAM

Por otra parte, la fiscal general del Estado ha calificado de “inadmisibles” las amenazas denunciadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la pieza ‘Dina’ del ‘caso Tándem’, quien ha pedido al Tribunal Supremo que investigue por tres delitos al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Delgado ha manifestado que las amenazas a un juez “son inadmisibles en este y en muchos de los casos”, porque al fin y al cabo los jueces y fiscales son “funcionarios públicos”.

“Nos podemos equivocar y hacerlo muy bien, podemos estar sometidos a nuestra crítica profesional, podemos estar sometidos a una alabanza profesional, pero lo que no podemos ser es objeto de amenazas bajo ningún concepto”, ha subrayado.

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La fiscal general ha señalado que “una cosa es la libertad de expresión”, pero que “ésta debe ejercerse dentro de unos márgenes, teniendo en cuenta cuales son esos márgenes en función del sujeto que recibe esta critica”, según ha establecido el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

“Es inadmisible que se ataque a un operador jurídico por el hecho de trabajar, independientemente del acierto o desacierto que puede tener”, ha insistido, y ha apuntado que los jueces y fiscales hablan a través de sus escritos.

“Esos ataques lo único que hacen es perturbar algo que a la ciudadanía le importa, que es el sosiego e independencia personal que los operadores jurídicos necesitamos para ser certeros en nuestras decisiones. Eso está fuera de toda duda”, ha indicado.

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Tras su intervención en el foro, la fiscal general ha sido preguntada por temas de actualidad judicial.

Delgado ha eludido manifestarse sobre la postura de la Fiscalía Anticorrupción contraria a que se abra causa a Iglesias en el Supremo por presuntos delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos en relación con lo datos de el teléfono móvil que fue robado a su excolaboradora Dina Bousselham.

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“No hablo de temas que se están investigando, pero es que además yo no tengo ninguna intervención en ese asunto”, ha señalado la fiscal general en relación con el informe que coordina el ‘número dos’ de la Fiscalía General del Estado (FGE), el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas.

Delgado también se ha referido al informe que realizó Navajas contrario a la admisión de las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus, para señalar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aún tiene que resolver si las admite o no.

Ha explicado que el encargo se realizó al teniente fiscal al tratarse de un asunto de relevancia, si bien ello es algo normal en la forma de funcionar de la Fiscalía, puesto que al igual se hizo en 2003 con ocasión de las más de cien querellas que se presentaron contra el que fuera presidente de Gobierno José María Aznar por su postura en la guerra de Irak.

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Preguntada por quien sustituirá a Navajas, que se jubila el próximo mes de diciembre, ha dicho que la plaza debe ser convocada formalmente y los aspirantes a la misma deben presentar su currículum y un proyecto de actuación.

“Debemos basar los nombramientos en el mérito y que todos se puedan explicar en base a esos méritos y capacidad“, ha manifestado Delgado. “Además, se tiene que celebrar un Consejo Fiscal, que es la representación democrática de la carrera”, ha añadido.

Sobre las declaraciones de Navajas sobre otros compañeros fiscales del Supremo, de los que dijo que estaban “contaminados politicamente”, Delgado ha señalado que en su Departamento, al igual que ocurre en todas las instituciones, existen “tensiones”, si bien lo importante es que éstas “no perturben el trabajo cotidiano”.

Ha añadido que se cuenta con instrumentos de resolución de estos conflictos, que ahora mismo están en marcha si bien “esto no significa nada”.

Se ha referido así tanto a Navajas como a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal, de quien ha recordado que escribió un artículo sobre la gestión de la pandemia “que fue muy comentado fuera y dentro de la fiscalía”, si bien ha incardinado ambas actuaciones en la libertad de expresión.

La fiscal general del Estado, en otro momento de su conferencia. Foto: ICAM

LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA DURANTE LA PANDEMIA 

Dolores Delgado ha comenzado su intervención en Foro Justicia señalando que “estamos viviendo un tiempo difícil” y que “las actuaciones ejemplares de ciudadanos, la solidaridad de determinados colectivos, nos han mostrado esa parte positiva de la sociedad”. “También el compromiso de abogados, jueces, procuradores… y los fiscales”, ha añadido.

En su intervención también ha abordado la actuación llevada a cabo por la Fiscalía durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, de cara a garantizar los derechos de la ciudadanía y la adecuada continuidad del servicio público de la Justicia.

Con la declaración de la situación de pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo y la posterior declaración del estado de alarma, “quienes participamos en la función de administrar justicia nos encontramos ante una situación inédita que exigía soluciones imaginativas, urgentes y eficaces”, ha señalado Delgado.

Ha explicado que a partir de aquí, la FGE asumió el reto de dar respuesta a las problemáticas sociales, definir en cada momento el alcance de la actividad de la Fiscalía, arbitrar los medios necesarios para abordar el teletrabajo y la actividad online, asegurar que no se viera comprometida la salud de los usuarios, de los profesionales implicados y de sus familias, salvaguardar el derecho a la conciliación y, al tiempo, garantizando la continuidad del servicio público.

En ese sentido, ha indicado que la constitución del Comité de Prevención del Coronavirus permitió anticipar el diseño de la metodología de trabajo para dar respuesta a la dinamicidad de los problemas derivados de la emergencia sanitaria en el ámbito de la Justicia.

Asimismo, ha expuesto que varios decretos y notas de servicio permitieron agilizar los servicios procesales, a través del sistema de videoconferencia u otros similares, la unificación de criterios de actuación por parte de fiscales especialistas y fiscales superiores en lo relativo a la COVID-19, la adopción de medidas acordadas por las Resoluciones del Ministerio de Justicia, y las gestiones para la confección de un plan de contingencia, comunicaciones, petición y distribución de materiales de protección.

La fiscal general también ha destacado el papel de la Secretaría Técnica, cuyos responsables elaboraron múltiples informes técnicos sobre las diversas cuestiones jurídicas que se habían suscitado o se podrían suscitar con motivo de la crisis sanitaria, como las entregas de las OEDEs, fake news, propuestas de mejora y modernización de la Administración de Justicia, medidas de choque, formación, plazos procesales, aspectos administrativos y de derechos fundamentales de las medidas de confinamiento, y otras cuestiones análogas.

Delgado ha destacado que con el inicio de la llamada fase de desescalada, la Fiscalía General del Estado lideró el debate interno en la búsqueda de soluciones, aglutinado a través del trabajo desarrollado por las Unidades Centrales y teniendo en consideración las sugerencias del Consejo Fiscal, las asociaciones profesionales, las Juntas de Fiscales Superiores y de Fiscales Jefes Provinciales.

Ha recordado que con el fin de abordar el inicio de la reincorporación de los fiscales a la nueva normalidad, el 30 de abril se dictó un Decreto de adaptación del Real Decreto Ley 16/20, para que los Fiscales Superiores procedieran a la adopción de las medidas de organización de sus fiscalías conforme a los principios de presencia progresiva, trabajo y asistencia por turnos, teletrabajo y reparto equitativo, con mención específica en materia de conciliación.

La fiscal general ha destacado también la esencial importancia de la colaboración y coordinación tanto interna como interinstitucional y con los distintos operadores jurídicos, con el trabajo conjunto con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comisiones de Seguimiento creadas a nivel autonómico.

También ha aludido a la rigurosa actividad llevada a cabo por el Fiscal de Sala y los fiscales delegados de lo Civil, especialmente en la labor de seguimiento y amparo jurídico de las personas residentes en centros geriátricos y hospitalarios, que han resultado particularmente afectadas por las dramáticas consecuencias de esta enfermedad.

“Desde el primer momento en que se difundieron informaciones sobre la situación de las residencias de personas mayores, fuimos conscientes de la necesidad de dedicar una particular atención a su seguimiento, por lo que inmediatamente me coordiné con el Fiscal de Sala de lo Civil y el 18 de marzo di orden a todos los fiscales superiores para que remitieran de forma periódica y centralizada toda la información disponible sobre la situación, estableciéndose una red dirigida a recabar información, emitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente en el marco de nuestras competencias”, ha detallado.

Una vez más, la fiscal general del Estado ha destacado el papel encomiable que las Fiscalías territoriales desarrollaron  en la protección de los mayores, familias y vulnerables. “Estuvimos con las víctimas y, en mucho casos, aliviamos el sufrimiento de los familiares que tenían enfermos”, dado que en ocasiones “sólo tenían información a través del Ministerio Fiscal”, ha señalado.

PROPUESTAS DE FUTURO

Dolores Delgado ha terminado su intervención en el Foro Justicia haciendo referencia a algunas propuestas de futuro formuladas por la Fiscalía General del Estado para mejorar la Administración de Justicia, como el aprovechamiento de la estructura territorial y centralizada del Ministerio Fiscal, la agilización procesal, a través de la armonización de la eficacia procedimental, la optimización de los recursos y la tutela judicial efectiva.

Ha apuntado también el constante diálogo y colaboración interinstitucional, la dotación de medios personales, mediante adaptaciones de plantilla, refuerzos, sustituciones y comisiones de servicio, el desarrollo de medios tecnológicos adecuados, como el expediente digital o el sistema de gestión procesal único, o la particular intervención en la protección y atención a las víctimas y en la defensa de personas y colectivos vulnerables.

ALONSO MUESTRA SU ‘PREOCUPACIÓN’ POR LAS PELEAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

El acto ha arrancado a las 9.30 horas con unas palabras de bienvenida del decano de la Abogacía madrileña, José María Alonso, quien ha señalado que “el sistema jurídico y democrático español, partiendo por su Constitución está perfectamente bien asentado”, que “somos uno de los países más avanzados del mundo” y que “quién quiera ponerlo en duda, se equivoca”.

El decano del Colegio de Abogados de Madrid durante su intervención. Foto: ICAM

Ha manifestado que están produciéndose “situaciones que a todos nos preocupan y que pueden dar lugar a una interpretación distinta”, como son “las peleas de los partidos políticos en la renovación del CGPJ; las discusiones entre Comunidades Autónomas, particularmente de la Comunidad de Madrid, con el Gobierno sobre cómo debe tratarse la pandemia,; ataques a instituciones del Estado, empezando por la Corona e incluso amenazas de muerte a jueces que investigan determinadas cosas”, en referencia al magistrado instructor del ‘caso Dina’, de quien la Asociación Profesional de la Magistratura ha instado hoy al Consejo a que ampare.

Alonso también ha expuesto que “el fiscal, contrariamente a la opinión que suele tener la ciudadanía, no se limita a quien ejerce la acusación en los procesos penales, sino que la labor del fiscal es muy supuerio: el fiscal es defensor de la legalidad en todos sus ámbitos”.

Ha destacado que “el Ministerio Público es el principal garante del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica, siempre bajo criterios de absoluto respeto a la ley y de imparcialidad e independencia”.

“Normalmente, el abogado y el fiscal estamos en posiciones enfrentadas en Sala, pero que eso corresponde a nuestro ejercicio profesional del día a día. Cuando estamos ante problemas que trascienden eso y que tienden a afectar a la percepción que se pueda tener sobre la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, Fiscalía y Abogacía tenemos que ir absolutamente de la mano”, ha manifestado el decano.

Ha afirmado que la Fiscalía puede tener la absoluta seguridad de que la Abogacía trabajará a su lado, con absoluta lealtad y con su compromiso. “Nuestra obligación es defender las instituciones, defender el Estado de Derecho”, ha añadido.

Y ha terminado su alocución traslandado públicamente el agradecimiento del ICAM a la ayuda que presta al Colegio la Fiscalía Superior de Madrid y la Fiscalía Provincial de Madrid.Tenemos un entendimiento realmente fabuloso”, ha explicado.

La presentación de la invitada ha corrido a cargo del fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.

“Apabullan sus escritos, sus intervenciones, sus juicios… Cumple con el sentido práctico de la profesión y es una gran persona”, ha señalado García.

Y ha afirmado que “liderada por ella, la Fiscalía General del Estado afronta un proyecto nuevo e ilusionante que trata de maximizar los valores de la Carrera Fiscal”.

“Todos somos protagonistas y debemos asumir esta responsabilidad que pasa por estar al servicio del ciudadano”, ha agregado.

Álvaro García durante su intervención. Foto: ICAM

En la clausura del acto, el decano del ICAM se ha mostrado contrario a la reforma de la LOPJ planteada por PSOE y Podemos y ha expresado su asombro ante el hecho de que “no haya entendimiento ni capacidad de llegar a un acuerdo”.

“La fiscal general ha dicho que hay que oír a los operadores, pero a través del sistema de una proposición de ley y no de un anteproyecto de ley se eluden los informes del CGPJ y del Consejo de Estado, que me parecen importantísimos”, ha indicado Alonso.

El decano ha señalado que “es sorprendente lo que estamos viviendo en el Parlamento” y ha concluido haciendo hincapié en que “la ciudadanía pide diálogo y entendimiento”.

Puede ver el acto completo en este vídeo:

Foro Justicia ICAM es una iniciativa de carácter institucional e independiente que parte de un impulso del área de Comunicación del Colegio.

A través de conferencias neutrales y plurales, tiene como objetivo fomentar el intercambio de ideas y el contraste de opiniones en todos los campos vinculados al mundo jurídico.