El secretario de Estado de Justicia, número 2 del Ministerio, Pablo Zapatero, en una foto tomada recientemente. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿Interoperabilidad o integración de los sistemas de gestión procesal? El Ministerio y las 12 consejerías de Justicia ante la decisión
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05/11/2020 19:01
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Actualizado: 05/11/2020 19:01
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El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha revelado, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que el Ministerio y las 12 consejerías de Justicia de las Comunidades con competencias transferidas, tienen que optar entre la interoperabilidad de sus diferentes sistemas de gestión procesal o en su integración en uno solo.
«La interoperabilidad supone migrar todos los sistemas a metadatos, que es la forma de evitar conexiones continuas, o podemos integrarnos todos en un mismo sistema de gestión procesal que parte de una masa crítica suficiente y que puede administrarse conjuntamente. A mí me parece que ambas soluciones son funcionales», explicó a los diputados que forman parte de la Comisión.
«Es una solución politécnica, en el sentido de que políticamente supondría un cambio sustancial de concepto ya que entre todos gestionaríamos algo de forma conjunto, en el ámbito de la tecnología de la justicia», añadió.
Pablo Zapatero, secretario de Estado de Justicia, durante su exposición ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Foto: Congreso.
«Y técnica porque tenemos que cambiar el modo en el que trabajamos con la tecnología, pasando de conectar herramientas que gestionan documentos a conectar herramientas que gestionan datos, lo que hace posible la interoperabilidad. Es el gran asunto que tenemos que aclarar», precisó.
Zapatero reveló que mañana lo abordarían en la reunión que tienen que mantener en el marco de la Comisión Técnica con los responsables de las consejerías de justicia.
En España, en la actualidad, existen 9 sistemas de gestión procesal distintos. Muchos de ellos no se hablan entre sí: En las 5 Comunidades Autónomas bajo territorio Ministerio –Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Islas Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo– funciona el sistema Minerva, lo mismo que en Galicia. En Andalucía, Adriano, en Canarias, Atlante, en Valencia, Cicerone, en el País Vasco, Justicia. Bat, en Madrid, Libra, en Cataluña, Themis II, E.Justicia.cat, en Navarra, Avantius y en Cantabria, Vereda.
El objeto de la comparecencia fue el de explicar a los miembros de la Comisión cuál va a ser el presupuesto del Ministerio de Justicia para 2021.
Pantallazo del proyecto de presupuesto del Ministerio de Justicia para 2021. El 79,7 %, 1.505,41 millones de euros, se destina a gastos de personal.
El Consejo General del Poder Judicial aumenta un 12,04 % su presupuesto anual, pasando de los 65 millones de euros de 2019 a los 73 millones de 2021.
El Ministerio de Justicia aumenta su presupuesto anual un 7,6 por ciento, 142,59 millones de euros más que en 2020 –1.871,65 millones de euros–, hasta los 2.014,24 millones de euros.
Zapatero explicó, al comienzo de su intervención, que el próximo 10 de noviembre, en el aniversario del lanzamiento de la oficina judicial, van a lanzar una consulta pública sobre el futuro Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público Justicia que complementa el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia que activarán en los próximos días.
110,49 MILLONES DE EUROS DE PRESUPUESTO GLOBAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
«El presupuesto global de la transformación digital pasa a ser de 110,49 millones de euros, lo que supone un incremento, con respecto a 2020, de un 2,1 %», expuso. En ese punto destacó la importancia de la creación de la Dirección General de Transformación Digital, que asumió el pasado mes de julio Héctor Cubo –al que no mencionó–, uno de los grandes expertos internacionales en este sector. Para hacer realidad el proyecto Justicia 2030.
Un proyecto que afirma que la transformación digital no es un fin sino un medio para el servicio público justicia, que debe crear proyecto país y gestionarse en cogobernanza con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas e instituciones del sector, que debe estar integrado con el resto de las Administraciones Públicas, fortaleciendo el sistema TIC; y que debe estar orientado a dar servicios de calidad a profesionales y ciudadanos.
El secretario de Estado de Justicia desgranó los conceptos a velocidad de paso legionario, o superior: 102,09 millones de euros de inversión total destinada a la transformación tecnológica de la Administración Tecnológica y el Ministerio Fiscal, de los cuales 72,04 millones –la partida más importante– va destinada a la mejora de los sistemas de gestión procesal y sistemas asociados, entre los que destaca la actualización de las bases tecnológicas, con 35 millones de euros.
De acuerdo con Zapatero, esto incluye el expediente judicial electrónico basado en datos: «Nos movemos de la gestión de documentos a la gestión de datos con la adopción de Inteligencia Artificial».
SISTEMAS DE TRANSCRIPCIÓN DE VOZ A TEXTO, DE FORMA AUTOMÁTICA
Esta es una de las grandes novedades. Los 4 millones de euros que se van a invertir en la actualización de los sistemas audiovisuales de las salas de vistas de los órganos de territorio Ministerio, instalando nuevos y modernos sistemas de videograbación, llevarán aparejado un sistema de transcripción automático a letra escrita de lo que se diga en los juicios con el fin de facilitar las sentencias orales así como los juicios telemáticos.
Con el llamado Centro de Atención Tecnológica a Usuarios Judiciales avanzarán en el programa «Conecta Justicia» para acercar a los usuarios, a través del móvil, tanto al propio centro en la resolución de los problemas técnicos. Son 7,5 millones de euros.
1,2 millones de euros serán destinados a completar el programa Justicia Digital en los órganos centrales, léase Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
15 MILLONES DE EUROS EN DIGITALIZACIÓN DE LAS FISCALÍAS
Dicha cantidad queda repartida en cuatro epígrafes diferentes: 5,5 millones de euros en mejoras de las aplicaciones del Ministerio Fiscal, en especial en la evolución del sistema Fortuny; 4,8 millones en finalizar la implementación de Fiscalía Digital, que es la culminación de la solución Justicia Digital para la Fiscalía; 3,2 millones de euros en el Centro de Atención Tecnológico a usuarios fiscales; y 1,5 millones de euros en el refuerzo de función de normas de servicios digitales de Fiscalía.
Por otra parte, de acuerdo con Zapatero, con esta apuesta por lo digital también se beneficiarán la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que, «por su especialidad, tabajaban en papel. En 2021 podrán comunicar digitalmente», aclaró.
REGISTRO CIVIL Y TRIBUNALES DE INSTANCIA
El presupuesto destinado al nuevo Registro Civil, que público, gratuito e íntegramente digital, es de 12,3 millones de euros. Habrá uno en las 431 oficinas cabeza de partidos judiciales.
«Se alinearán con los 431 tribunales de instancia que se implantarán con la nueva ley de de eficiencia organizativa. En los municipios se abrirán oficinas de justicia, un proceso en el que participarán las Comunidades Autónomas», expuso Zapatero.
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