Lo adelantó Confilegal: Antonio Julián Rodríguez y Manuel Olmedo, nombrados secretario de Estado y secretario general de Justicia
El Consejo de Ministros ha aprobado ambos nombramientos y pasarán a ocupar los cargos en sustitución de Pablo Zapatero y Borja Vargues
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07/12/2021 17:22
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Actualizado: 07/12/2021 19:24
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de Antonio Julián Rodríguez como nuevo secretario de Estado de Justicia, en sustitución de Pablo Zapatero, y el de Manuel Olmedo como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, en sustitución de Borja Vargues.
La noticia fue adelantada por Confilegal la semana pasada, un días después de la salida de Zapatero y Vargues del Ministerio que lidera Pilar Llop.
El nuevo número dos de Justicia (Barakaldo, 1962) es desde 2013 senador del PSOE. En la Cámara Alta coincidió con la actual ministra de Justicia, donde ingresó como senadora en 2019 y meses más tarde se convirtió en presidenta, cargo que ocupó hasta julio de este año cuando fue nombrada ministra.
Como senador autonómico ha sido portavoz de las comisiones de Justicia y de Reglamento y desde 2019, secretario General del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y portavoz adjunto.
Es abogado desde 1987, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, como abogado ejerciente entre 1987 y 2003 en despacho propio. Fue concejal en Barakaldo entre 1991 y 1999 y, posteriormente, alcalde de esta localidad entre 2003 y 2013. También fue director general de la empresa pública Azpiegitura S.A., dependiente de la Diputación Foral de Vizcaya de 1995 a 1999.
Rodríguez también ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva de la FEMP desde 2007 a 2011 y vicepresidente 1º de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) entre el 2007 y 2012, así como presidente del Consorcio de Transportes de Vizcaya en los años 2010 y 2011.
En la formación socialista, ha sido con anterioridad secretario de políticas públicas de la Comisión Ejecutiva de Euskadi del PSE-EE y miembro del Comité Provincial y Comité Nacional del PSE.
Por su parte, Manuel Olmedo (1976) ingresó en la Carrera Judicial en el año 2003 y ha desempeñado diversos puestos en la judicatura y magistratura hasta ahora.
Entre 2009 y 2015 fue miembro de los Grupos de Trabajo para la Reforma del Acceso a las Carreras Judicial y Fiscal (2010-2012), para la implementación del Plan de Transparencia y Acceso a la Información del CGPJ (2013-2015) y para la elaboración de los Principios de Ética Judicial (2013-2015).
Ha sido magistrado de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, destinado en los Juzgados de lo Penal de Móstoles y en diversas Secciones de la Audiencia Provincial de Madrid.
También ha impartido docencia como profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid. Internacionalmente, ha desarrollado su trabajo en el ámbito de la cooperación judicial penal tanto en el ámbito de la unión europea como con países terceros.
Es evaluador del Consejo de la Unión Europea en la 9ª Ronda de Evaluación Mutua sobre implementación y aplicación de los instrumentos de cooperación penal en los Estados Miembros de la Unión Europea en el ámbito de la privación o restricción de libertad.
También ha ejercido como letrado del Consejo General del Poder Judicial responsable de la Selección de jueces, fiscales y magistrados en España y de la Especialización de Magistrados entre 2009 y 2015.
Rodríguez y Olmedo pasan así formar parte del equipo de la ministra Pilar Llop, que se incorporó al Ministerio de Justicia en julio de este año, en sustitución de Juan Carlos Campo.
Zapatero y Vargues, que ocupaban los cargos de secretario y secretario general para la Innovación desde la etapa de Juan Carlos Campo, dejaron el ministerio el pasado jueves.
Según fuentes consultadas entonces por Confilegal, ambos consideran que se ha hecho efectivo el traspaso de conocimiento de una etapa a otra en Justicia y es el momento de dar un paso a un lado para que Pilar Llop pueda armar su propio equipo.
A finales de noviembre el Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) pidieron a Llop el cese de ambos «ante la ruptura de las negociaciones sobre la adecuación salarial de los Letrados de la Administración de Justicia».
Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que la salida de ambos no ha sido consecuencia de dicho conflicto, que ha quedado finalmente resuelto con el acuerdo alcanzado entre Ministerio de Justicia y el de Función Pública sobre un incremento salarial.
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