Varios expertos en derecho del trabajo explican a Confilegal la necesidad de medidas contundentes para activar la economía y el mercado laboral.
Empresarios y expertos en derecho laboral reclaman medidas de choque para impulsar el empleo estable
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14/11/2020 06:05
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Actualizado: 13/11/2020 23:14
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La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto significativo en todos los sectores productivos sin excepción y ha supuesto una importante incidencia sobre la evolución del empleo.
Desde febrero se han destruido más de 300.000 empleos, una cifra a la que se le tiene que sumar los más de 700.000 trabajadores acogidos a ERTE que, a efectos legales, siguen siendo trabajadores en activo que cotizan a la Seguridad Social.
Expertos como Carlos de la Torre, of counsel de Baker McKenzie y vicepresidente de Adirelab; Fernando Ruiz, socio de laboral de Deloitte Legal, Laura Idoate, asociada del área laboral de Deloitte y Ferrán Camas, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Girona, reclaman medidas contundentes para activar la economía y el mercado laboral.
Un 28% de las empresas contempla reducir las contrataciones en los próximos seis meses, frente al 11% que tenía estos planes antes de la pandemia, según señala el último informe del portal de empleo Infojobs.Este informe también indica que una de cada dos empresas prevé mantener el nivel de contratación en los próximos meses, una cifra que no varía respecto a los niveles pre-pandemia. Ampliar plantilla no se contempla hasta el 2022, según el 48% de las empresas consultadas.
Carlos de la Torre, «Of Counsel» de Baker McKenzie y vicepresidente de Adirelab, entidad que celebra el próximo viernes su Congreso Anual con la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la expresidenta del Constitucional, María Emilia Casas, señala que «el mercado laboral está muy afectado por el Covid-19 con un crecimiento anémico. El entorno económico es de recesión, se ve en los datos del PIB y en la subida de niveles de déficit y deuda pública”.
En este escenario, que se ha agravado en los últimos meses, considera que «los ERTE han sido amortiguadores, pero no han parado la situación de despidos y costes, un millón de puestos perdidos desde el inicio del estado de alarma. Se trata ahora de que los 700.000 profesionales en ERTE aguanten”.
Para De la Torre «los jóvenes van a tener un impacto y una limitación de inicio de carrera importante. Es fundamental los estímulos a la contratación y que sean claves del Programa de Reconstrucción del Gobierno sobre nuestro país”.
En este sentido apunta que “se está negociando con los agentes sociales otro Real Decreto-Ley con bonificaciones a las nuevas contrataciones de 4.000 a 7.000 euros, en contratos indefinidos especialmente. Eso es positivo desde un punto de vista estratégico”.
Para este jurista, “estamos en un escenario en el que los estímulos no bastan, se precisan programas de formación y reciclaje hacia los empleos del futuro. Hay que tener faros de largo alcance. Las empresas deben buscar perfiles que demanda el mercado y al mismo tiempo cubrir sus necesidades”.
Carlos de la Torre, of counsel de Baker McKenzie y vicepresidente de Adirelab.
A su juicio, “hay que crear un círculo en el que los gobiernos incentiven los empleo y que través de dichas bonificaciones se complemente la política monetaria vinculada a los bajos tipos de interés, créditos, avales y ayudas directas a una recuperación que no sabemos cómo será aún”.
Sobre la reforma laboral habla de la presión de los sindicatos, “ahora no tocan estos cambios, es una reforma amplia la que se hizo en el 2012 en distintos aspectos no ayudaría a crear empleo”.
En su opinión, “hay que gestionar bien esta nueva burbuja, aprovechar los Fondos Europeos hasta que llegue la vacuna e invertir bien para impulsar esos estímulos a la contratación y a los nuevos emprendedores y ‘startups’”.
Fomentar los contratos indefinidos
Para los expertos de Deloitte legal, Fernando Ruiz, socio de laboral y Laura Idoate, asociada del área laboral, en España la crisis del coronavirus ha supuesto una distorsión en el mercado laboral de enormes proporciones. Actualmente, hay medio millón más de personas desempleadas de las que reflejaban las cifras de paro en febrero, justo antes del estallido de la pandemia de coronavirus.
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, correspondientes al mes de octubre, la cifra total de parados se eleva a 3,8 millones de personas. En este sentido, en aras a recuperar el empleo y la economía resultará clave incentivar la contratación y ofrecer facilidades a las empresas para que estas se vean motivadas a ello.
Estos expertos resaltan que actualmente el Gobierno se encuentra negociando con los agentes sociales un Real Decreto, con el fin de regular las políticas activas de empleo, renovando la estrategia de empleo para el periodo temporal comprendido entre los años 2021 a 2024.
“En concreto, las medidas contempladas en el borrador de este Real Decreto ponen el acento en los colectivos más afectados por las condiciones y la estructura actual del mercado, siendo estos, las mujeres; los jóvenes y los parados de larga duración (en especial los mayores de 45 años)”, apuntan.
Fernando Ruiz, socio de laboral de Deloitte Legal.
Otra cuestión que señalan es que el plan del Gobierno se centra también en incentivar, mediante la aprobación de subvenciones, los contratos indefinidos a tiempo completo, frente a la contratación temporal.
Al mismo tiempo, “las administraciones de las Comunidades Autónomas están lanzando diferentes medidas encaminadas a reducir el efecto de esta crisis en la actividad económica, ayudando a las empresas a que contraten nuevos recursos humanos o dando estabilidad laboral a los trabajadores y trabajadores temporales”, advierten.
“Entre estas medias se pueden encontrar ayudas para que las empresas contraten a parados de larga duración y personas que hayan visto extinguido su contrato de trabajo por la situación pandémica”, destacan.
Fernando Ruiz y Laura Doate están de acuerdo en que “las empresas necesitan medidas ciertas y rápidas para poder mantener el empleo y fomentar la contratación”. Revelan algunas de ellas de especial importancia.
En primer lugar, bonificaciones y reducciones en cuotas de la Seguridad Social. Para estos juristas, “las empresas cuentan con un buen número de contratos laborales o conversiones de contratos que son susceptibles de obtener bonificaciones o reducciones en cuotas de cotizaciones a la Seguridad Social”.
“Estas bonificaciones o reducciones estarían enfocadas mayoritariamente a favorecer la contratación o conversión en contratos indefinidos de determinados colectivos que la administración se propone favorecer”, apuntan.
“Tanto las bonificaciones como las reducciones consisten en deducciones en la cuota a la Seguridad Social que resultan de aplicación de determinados porcentajes o cantidades a la misma y tienen como finalidad la reducción de los costes de Seguridad Social de las empresas”, explican.
Otra medida que plantean tiene que ver con el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social. “Se trata de una moratoria que permita pagar las deudas contraídas con la Seguridad Social, tanto futuras como acumuladas, en un plazo superior y posterior a las fechas reglamentarias de pago”.
También consideran que “dicha concesión de aplazamiento dará lugar a la suspensión del procedimiento recaudatorio y a que el empresario sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social entre otras para la obtención de subvenciones y bonificaciones”.
Seguir la normativa comunitaria para crear empleo
Para Ferrán Camas, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Girona, “pese a seguir estando inmersos en un nuevo estado de alarma y volver a sentir con fuerza los embates del COVID-19 en el ámbito sanitario, social y productivo, están activándose, no obstante, medidas diversas en relación a proyecciones sobre empleo y contratación, o iniciativas políticas y legislativas”.
A su juicio se trata de “canalizar y favorecer el acceso o el mantenimiento de personas en el mercado de trabajo».
En este sentido, resalta la aprobación, el 26 de octubre de 2020, del Plan Anual de Política de Empleo para este 2020, que establece las actividades de los servicios públicos de empleo para gestionar la inserción de los demandantes de empleo.
Para este jurista, “los fundamentos de las políticas que se han de adoptar en España para promover el empleo en los próximos tiempos se encuentran en varios instrumentos adoptados recientemente, como la Decisión del Consejo de la Unión Europea, del pasado 13 de octubre, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros”.
En ese documento “se imponen, entre otras, la de establecer regímenes de reducción del tiempo de trabajo, diseñar bien los incentivos a la contratación y la adopción de medidas de reciclaje profesional para apoyar la creación de empleo durante la recuperación”.
En opinión de este jurista, “para aplicar estas orientaciones en nuestro país, las autoridades públicas competentes deben partir de la legislación de empleo adoptada en el 2015, en la que se regulan los colectivos prioritarios de los programas y políticas activas de empleo”.
Ferrán Camas, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Girona.
Estos colectivos, recuerda, «son los jóvenes, en particular aquellos con déficit de formación; las mujeres; los parados de larga duración; los mayores de 45 años; las personas con responsabilidades familiares; las personas con discapacidad o en situación de exclusión social y los inmigrantes».
Camas advierte que “todos ellos son colectivos vulnerables en nuestro mercado de trabajo y sobre los que deben focalizarse los programas de favorecimiento de la contratación y empleo adaptados a las circunstancias específicas de cada uno de ellos. De ellos, quisiera centrarme en dos: por un lado, los jóvenes, y por otro, los inmigrantes”.
En cuanto a los jóvenes, este experto subraya que “las medidas deberán tomar especialmente en consideración la Recomendación del Consejo de la Unión Europea titulada ‘Un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil’«.
Dicha recomendación, explica, “se dirige a los Estados miembros para que garanticen que todos los jóvenes menores de 30 años reciban una oferta de buena calidad de empleo, educación continua, aprendizaje o prácticas dentro de un período de cuatro meses tras quedarse desempleado o abandonar la educación formal».
Esto se traduce, subraya, en «adoptar medidas no solo para que acceda a un empleo, sino para que este no sea precario”.
Respecto a los trabajadores migrantes residentes en España, Ferrán Camas considera “la necesidad de tomar medidas que favorezcan su integración en el mercado de trabajo debido al mantenimiento de brecha crónica en materia de desempleo, de acceso al empleo (sobre todo en categorías laborales precarias por aquellos o en el sector informal de la economía), o de igualdad respecto a las condiciones de trabajo”.
Desde su punto de vista, “la adopción de políticas específicas respecto de estos debe ser tomada en consideración cuando el COVID-19 les ha afectado específicamente, y cuando en muchas ocasiones ocupan puestos de trabajo de las actividades que han sido consideradas esenciales en España durante este año de pandemia”.
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