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[Opinión] A tener muy en cuenta: Consideraciones legales sobre los registros realizados por la Agencia Tributaria.

El fiscal Javier González Gutiérrez y el letrado judicial Santiago García Miguel abordan las condiciones que deben cumplir los registros de inmuebles por parte de la Agencia Tributaria.
| | Actualizado: 20/11/2020 21:22

La diligencia de entrada y la de registro son medidas de investigación propias del ámbito penal, de las que mas resultados prácticos se obtienen desde el punto de vista de la obtención de pruebas inculpatorias.

Tales diligencias no solo tienen su incidencia  en el ámbito penal, sino que también se extienden al ámbito contencioso administrativo en los casos en los que sea necesaria la ejecución forzosa de un acto administrativo por parte de la Administración Publica, precisándose o bien el consentimiento del afectado para entrar en su domicilio o bien  autorización judicial por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según se prevé en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo.

Igualmente pueden acordarse tales diligencias en el ámbito civil, en el seno de las diligencias preliminares y en los supuestos de entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores (artículo 256 y 778 ter de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

A nivel interno, en nuestra Carta Magna se recoge en su artículo 18.2: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

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Se encuadra en la Sección I, Capitulo II del Titulo I, “De los derechos fundamentales y de la libertades públicas”, erigiéndose como un autentico derecho fundamental que vincula tanto a particulares como a Administraciones publicas.

LA JURISPRUDENCIA PERFILA

Partiendo de lo anterior, la jurisprudencia ha ido perfilando y desarrollando los contornos de tal derecho fundamental, y, en concreto, nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas sentencias, pudiendo citarse a modo de ejemplo, la sentencia 10/2002 de 17 de enero de 2002 del Pleno de dicho Tribunal, así como la sentencia 11/2006, de 16 de febrero de 2006 de la Sala Primera.

Tras la publicación de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 1 de octubre de 2020, se avisa y alerta por el órgano superior de la jurisdicción contencioso-administrativa que, con los medios y reglas legislativas actuales, la Agencia Tributaria no dispone de herramientas para la práctica de los llamados “registros sorpresa” o sin previo aviso en el seno de los procedimientos tributarios de inspección (como regla general), lo cual lleva como premisa inmediata una falta absoluta y radical de validez procedimental administrativa y/o judicial de cualquier atisbo de responsabilidad fiscal que pueda ser hallado por conducto de estas actuaciones.

Ahora se plantea la posibilidad de dotar al Fisco de un mayor número de utensilios para el ejercicio de sus funciones, entre ellas, una eventual entrada sin aviso en domicilios de personas físicas y jurídicas que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, se encuentran en el mismo espectro de protección de nuestra norma fundamental.

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Hemos de cuestionarnos, pues si ello es viable con los instrumentos normativos actuales o cuál sería el cauce adecuado para satisfacer las pretensiones de Hacienda en cuanto a sus registros, si hubieren de introducirse modificaciones normativas; pero, con aún más intensidad jurídica, cuál es el alcance de la inviolabilidad domiciliaria del artículo 18 de la Constitución y hasta donde puede bloquear los deseos inspectores con el paraguas normativo actual. Dicho paraguas se constituye por el juego de los artículos 113, 141 y siguientes de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2003, así como el artículo 8.6.I de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa; debidamente integrados por la doctrina jurisprudencial.

LO QUE DEBE ESTIPULAR LA AUTORIZACIÓN DE ENTRADA Y REGISTRO

En cuanto al contenido de la resolución habilitante por el que se autoriza la entrada y registro, la misma debe pronunciarse necesariamente respectos de los siguientes extremos:

Identificación del edificio o lugar cerrado en que deba realizarse la inspección tributaria, siempre y cuando tenga la consideración de domicilio de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.

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• Identificación de la fecha exacta y periodo de tiempo por el que se concede la autorización.

• Se debe indicar la presunta infracción tributaria que se atribuye al obligado tributario, determinando los periodos impositivos presuntamente infringidos, asi como la documentación y demás documentos que pueden ser objeto de intervención en la entrada y registro.

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• Por ultimo, se debe identificar a las autoridades y funcionarios de la agencia tributaria que van a proceder a la correspondiente entrada y registro, indicando igualmente si va a ser requisito necesario la presencia física del representante del obligado tributario, o bastaría únicamente la presencia de este último, o de cualquiera de las personas que tuvieran una relación comercial o mercantil con este.

Esta resolución judicial, como cualquier otra, debe ser objeto de notificación a todos los que sean “parte” del proceso (artículo 270 de la LOPJ), para que en su caso se puedan ejercitar los mecanismos de defensa correspondiente, que en este caso seria el correspondiente recurso contra la citada resolución, ya que la medida ha sido adoptada inaudita parte.

Cuestión distinta de la anterior es la determinación de si es necesario la notificación del procedimiento administrativo- tributario con carácter previo a la realización de la entrada y registro.

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Podemos advertir un cambio de criterio sobre esta materia de nuestro Tribunal Supremo con la resolución recientemente publicada, donde se manifiesta la falta de aprobación hacia la ausencia de contradicción, salvo casos absolutamente excepcionales, correspondiendo al juez la operación de ponderación de intereses.

Así las cosas, se incide por la Sala de casación en la importancia de esa labor de contraste que el juez debe efectuar sobre los contenidos que la entidad administrativa solicitante ponga encima de su mesa para solicitar las entradas, reprobando duramente la fe ciega e indiscutible del juzgador en los datos y estadísticas facilitados, es decir, un juicio de proporcionalidad que justifique limitar un derecho constitucional.

En estos términos, se refiere el ponente a contenido formal y material, sobre este segundo refiere que «es la que debería llevar a considerar que, en este preciso caso, a la vista de los indicios aportados inaudita parte, es razonable y precisa la invasión o preterición ‘ad casum’ del derecho fundamental, en aras de la prevalencia de un derecho de superior rango o de un bien más necesitado de protección».

DIFICULTADES PROPORCIONALES

Puede verificarse que las dificultades que se suscitan en algunas inspecciones de carácter fiscal son equitativamente proporcionales a las garantías que las personas físicas y jurídicas tienen atribuidas por el ordenamiento, de suerte que se constituye en una balanza cuyo desequilibrio puede ser peligroso si el pesaje vence en disminución de los derechos.

Ahora bien, ello no obsta para dar a los intereses de las Arcas Públicas y su sostenimiento el valor e importancia que merecen, pero siempre en subordinación a las garantías ciudadanas.

Se trata claramente de un conflicto entre bienes jurídicos legítimos que requiere un imparcial juicio de proporcionalidad toda vez que pretendan emprenderse estas actuaciones de inspección.

Así pues, la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental debe ser objeto de regulación por el legislador orgánico, en lo que se refiere al núcleo esencial y a las posibles limitaciones que pudieran imponerse.

Respecto de la regulación de estas, que en el ámbito contencioso administrativo-tributario se centran en las entradas y registros, deberá concretar numerosos extremos (tipo de procedimiento tributario, momento para la solicitud…) para evitar que exista margen de discrecionalidad por parte de las Administraciones publicas y de las Autoridades judiciales, y el principio de seguridad jurídica no se vea menoscabado.

No puede olvidarse que las limitaciones que se establezcan deberán valorar los intereses en juego, teniendo siempre presente, la importancia que en un Estado de derecho tienen los derechos fundamentales frente a cualquier otro interés por muy legitimo que sea; porque no existe ni existirá sujeto físico o jurídico que pueda erigirse frente a la norma fundamental y los derechos que consagra.