Podría someterse a la votación del próximo pleno de la Eurocámara, previsto del 14 al 17 de diciembre. Foto: Carlos Berbell
El Parlamento Europeo pide que la euroorden sea automática para más delitos, como los ataques al orden constitucional
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior aboga por que no haya entre Estados miembros rechazos de entrega de sospechosos infundados para evitar espacios de impunidad
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09/12/2020 11:38
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Actualizado: 09/12/2020 11:48
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La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo solicita a la Comisión y a los Estados miembros una reforma del marco de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para ampliar la lista de delitos por los que se debe proceder a la extradición automática de un sospechoso si así lo reclama la Justicia de otro socio de la Unión Europea, por ejemplo los delitos contra el orden público y la integridad constitucional cometidos mediante violencia.
Reclama esta reforma de la Eurorden después de más de 15 años de vigencia, «para mejorar el mecanismo y actualizarlo a los crímenes de actualidad».
Esta reivindicación tiene la forma de un informe de iniciativa propia que ha sido adoptado en comisión parlamentaria este pasado 1 de diciembre, con 45 votos a favor, 19 en contra y nueve abstenciones.
Podría someterse a la votación del próximo pleno de la Eurocámara, previsto del 14 al 17 de diciembre.
«El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión», ha explicado el eurodiputado ponente del informe, Javier Zarzalejos (PP).
Una de las claves que defienden los eurodiputados es que la lista de 32 delitos que ya reconoce el mecanismo para proceder a una extradición automática sea ampliado, para reducir los casos en los que las autoridades deben comprobar la doble incriminación -es decir, que el delito está tipificado en los dos países implicados- antes de autorizar la ejecución de la euroorden.
A juicio de los eurodiputados, esta condición de doble incriminación mina el principio de confianza mutua entre Estados miembro y complica la aplicación de las euroórdenes, por lo que abogan por ampliar el listado para incluir crímenes contra el orden público y la integridad constitucional con el uso de la violencia.
También identifican otros delitos de carácter transnacional que no se perseguían del mismo modo cuando la UE creó este instrumento y creen que deberían ser motivo de extradición automática, como la usurpación de identidad, crímenes de genocidio, abusos sexuales o algunos delitos medioambientales y de evasión fiscal.
La vicepresidenta de la Comisión LIBE, Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos, celebra la adopción del informe porque sigue la línea defendida por su formación que reclamó a la Comisión Europea una reforma de la euroorden para aclarar «conceptos, definiciones y que se refuercen los bienes jurídicos protegidos, especialmente los relacionados con el Estado de derecho, así como los nuevos crímenes transnacionales que son producto de la transformación digital».
Pagazaurtundúa ha destacado que Ciudadanos cumple así con uno de sus promesas electorales, después de haber logrado en octubre de 2019 un compromiso por parte del comisario de Justicia, Didier Reynders, de incluir la reforma de la euroorden en la agenda de la Comisión de Úrsula Von Der Leyen.
Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de LIBE.
“En este texto, en el que hemos trabajado desde hace más de un año, proponemos una reforma de forma y fondo del listado de 32 categorías delictivas que incluye incorporar categorías que, por su gravedad o por contener elementos trasnacionales, deben estar incluidas como son los delitos que impliquen el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público de los Estados miembros y delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia”, ha explicado Pagazaurtundúa.
“Necesitamos abordar todo ello para contribuir al mantenimiento del área de libertad, seguridad y justicia. En concreto, se identifican problemas concretos que perjudican que la confianza mutua entre Estados miembros y tienen un coste muy elevado en términos social y económico”, indica la eurodiputada.
Otra de las reivindicaciones que recoge el informe es reforzar el principio de reconocimiento mutuo para asegurar que un Estado miembro debe reconocer y ejecutar las OEDE emitidas por un socio de la UE, salvo en determinados casos muy específicos que se basen en criterios objetivos y no dependa de si el delito por el que se reclama al acusado sea o no delito en el Estado en el que se encuentra.
En este sentido, el ponente, Javier Zarzalejos, ha defendido que «un sistema de cooperación más ambicioso y más ágil entre los estados miembros, sustentado en la confianza mutua». «La no aplicación de la euroorden debería ser la excepción», ha subrayado.
«Apuesta por abolir las inconsistencias en la aplicación de los motivos para que un Estado pueda negarse a ejecutar las órdenes de detención europeas, como ha ocurrido recientemente con casos como el del expresidente catalán Carlos Puigdemont o la etarra Natividad Jáuriegui, recientemente extraditada a España desde Bélgica», ha indicado la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
El Parlamento Europeo recoge en su informe la jurisprudencia derivada del caso de esta presunta terrorista, también llamada ‘Pepona’, por ser el único caso de una etarra no entregada a España por un Estado miembro, en este caso Bélgica, cuya euroorden ha tenido que ser emitida hasta en tres ocasiones para conseguir el pasado mes de noviembre la autorización de traslado a España.
Pagazaurtundúa destaca que “la impunidad derivada de un rechazo infundado de ejecución de una orden de detención europea, puede tener también un impacto negativo en el Estado de Derecho, sistema judicial, en la confianza pública en las instituciones, en las propias víctimas y en la sociedad en general”.
El informe recoge también la preocupación por la falta de datos sólidos y fiables sobre el número de euroórdenes ejecutadas y denegadas en cada Estado miembro, y advierte de problemas para el buen funcionamiento de este instrumento como son las condiciones desiguales de detención y prisión, la proporcionalidad, la doble representación legal o cuestiones vinculadas al Estado de Derecho.
“Una cooperación judicial más sólida y efectiva con relación a estas nuevas categorías -y los bienes jurídicos que protegen- contribuirá a que el respeto a la democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales a nivel europeo sea también más efectivo”, concluye Pagazaurtundúa.
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