El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incluido en el orden del día del próximo Pleno, que se celebrará el jueves, la propuesta de un grupo vocales para que se examine la Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos que pretende que el órgano de gobierno de los jueces no pueda realizar nombramientos discrecionales estando en funciones.
Cinco vocales, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona, han solicitado expresamente el examen de la reforma por parte del Pleno.
Esta reforma legislativa, al ser registrada como Proposición de Ley y no como Proyecto de Ley no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, impidiendo esos informes previos que aunque no son vinculantes realizan un análisis pormenorizado de la reforma propuesta.
No serían exigibles según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pero sin embargo podrían serlo con arreglo al Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como destacan otros seis vocales, José Antonio Ballestero, José María Macías, María Victoria Cinto, Juan Martínez Moya, Rafael Fernández Valverde y Wenceslao Olea, quienes piden que se solicite al Congreso de los Diputados que recabe el informe del Consejo y de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en relación a esta proposición de ley.
Los 11 cuestionan la reforma planteada por PSOE y Podemos para limitar funciones al CGPJ, que precisamente hoy se debate en el Congreso.
También la rechazan más vocales, según ha podido saber Confilegal.
CONTINÚA CON LOS NOMBRAMIENTOS
En el Pleno del jueves, el CGPJ tiene previsto aprobar cuatro nombramientos en la cúpula judicial, el de presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (con sede en Burgos) y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Audiencia Provincial de Cáceres.
Además, se dará luz verde a la aprobación de varias bases de convocatoria de plazas que se quedan ahora vacantes en el Tribunal Supremo por jubilación de magistrados en cuatro Salas, la de lo Civil, la de lo Contencioso-Administrativo, la Social y la Militar, así como las relativas a otras vacantes en los tribunales superiores del País Vasco y Extremadura y en varias audiencias provinciales.
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