Once de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han reclamado que el órgano del gobierno de los jueces celebre un Pleno extraordinario o incluya en el orden del día del próximo ordinario, que se celebrará el jueves, la Proposición de Ley del PSOE y Unidas Podemos para que el órgano de gobierno de los jueces no pueda realizar nombramientos de altos cargos judiciales estando en funciones.
Precisamente, el Congreso de los Diputados debate hoy esta polémica reforma planteada por los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para limitar funciones al CGPJ. Tras este primer debate, la idea de los partidos del Ejecutivo es habilitar el mes de enero para poder completar su tramitación y que se apruebe lo antes posible.
Seis vocales, Wenceslao Olea Godoy, María Victoria Cinto Lapuente, José Antonio Ballestero Pascual, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño y Rafael Fernández Valverde, enviaron ayer un escrito al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, en el que piden que se solicite al Congreso de los Diputados que recabe el informe del Consejo en relación a esta proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el aspecto relativo a las atribuciones del CGPJ en materia de nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional.
Asimismo, reclaman que se solicite al Congreso que también recabe el informe de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa.
Según ha trascendido y ha confirmado Confilegal, otros cinco vocales –Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona– también han reclamado «el examen de la reforma» por parte del Pleno del órgano de gobierno de los jueces. Este escrito no se ha hecho público.
No obstante, según ha podido saber este diario, más vocales del CGPJ rechazan esta reforma.
Los vocales Wenceslao Olea, María Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez, José María Macías y Rafael Fernández recuerdan que sla interpretación que se ha venido haciendo del artículo 561.1 de la LOPJ ha consistido en que el Gobierno tiene «la obligación» de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ, mientras que para las Proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe «no es obligatoria, sino sólo posible» (artículo 561.1.9º de la LOPJ).
Señalan que el «principio de interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impone que «cuando la proposición de ley se refiera a aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial o afecte a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ y también la Comisión de Venecia».
«Esto es una consecuencia derivada por las instituciones de la Unión Europea de lo dispuesto en el artículo 19.1, párrafo segundo, Tratado de la Unión Europea (TUE) en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho que, con arreglo al artículo 2 TUE, constituyemel fundamento de la Unión y cuya infracción puede desencadenar el mecanismo de respuesta previsto en el artículo 7 TUE).
Recuerdan que así se ha expresado la Comisión Europea en sus recomendaciones, las número 1017/1520 y 2018/103 entre otras muchas, y que así se lo ha recordado al Gobierno de España en «sendas comunicaciones» el portavoz de justicia europeo el pasado 15 de octubre y el 4 de diciembre.
También apuntan que el que el Pleno del CGPJ, en su anterior acuerdo del 30 de octubre, ya expresó su «preocupación» por una iniciativa parlamentaria que incluía, entre otros, el contenido de la nueva Proposición de Ley y que permanecería «expectante» ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de adoptar las decisiones oportunas.
Añaden que en las anteriores circunstancias, y ante la posibilidad de que la iniciativa legislativa referida fuera tomada en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, con su consiguiente tramitación parlamentaria, los vocales que firmamos la presente solicitud, de conformidad con el artículo 600 LOPJ y 25 ROFCGPJ, solicitn que se convoque un Pleno extraordinario o, en su caso, se incorporen al próximo Pleno del Consejo que se solicite a la Cámara Baja que pida el informe al Consejo y a la Comisión de Venecia.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera Judicial, reiteró ayer su llamamiento a que se retire definitivamente esta Proposición de Ley planteada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del CGP.
Denuncia que se trata de «una invasión de competencias» que revela, por un lado, un «desprecio» por la separación de poderes y, por otro, la «incapacidad» de los políticos para renovar el CGPJ.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) considera que «la última propuesta de PSOE y Podemos confirma que el CGPJ está cada vez más politizado», y afirma que si los políticos quieren de verdad un CGPJ independiente, «que dejen ya de repartirse y monopolizar el gobierno de los jueces».
Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI) ha pedido recientemente la dimisión del ministro porque «no se cumplen las exigencias de Europa para preservar la independencia del órgano de gobierno de los jueces».
Además, denuncia que Campo «está alentando» las reformas planteadas por el grupo parlamentario socialista para modificar la LOPJ y rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los 20 vocales del CGPJ.
Esta asociación reclama también a la clase política que apueste definitivamente por un modelo de gobierno del Poder Judicial que cumpla con los cánones anticorrupción que viene reclamando el Consejo de Europa desde hace siete años.
APM, AJFV y FJI han presentado a los grupos parlamentarios del Congreso un Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial, impulsado por asociaciones judiciales y fiscales, que pide que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «no como pretende la propuesta de reforma con la que siguen amagando PSOE y Podemos para politizar más aún el CGPJ, sino para todo lo contrario: para despolitizarlo de una vez y de verdad permitiendo que todos los jueces españoles puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano».
También se reunirán con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a finales de esta semana.
