Tres acusados. Un juicio en el Tribunal Supremo. Y una sesión de miércoles que lo cambió todo.
Víctor de Aldama, el empresario que se sienta en el banquillo junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, no se guardó nada.
Habló durante horas. Y lo que dijo sacudió la sala.
Que Pedro Sánchez era «el uno». Que había una organización criminal con jerarquías claras. Que el presidente «todo lo sabía». Que Ábalos y Koldo le pidieron que las constructoras colaborasen en «la financiación del PSOE». Y que a ambos les pagó entre tres, cuatro y cinco millones de euros.
Este jueves, declaran ellos.
Será Koldo primero. Ábalos, después. Así lo acordó la defensa del exasesor, cuya abogada dejó claro que su prioridad era que su cliente tomara la palabra «con posterioridad» a Aldama.
Estrategia o necesidad: el caso es que ahora toca responder.
El andamiaje acusatorio
La Fiscalía Anticorrupción no deja muchos flecos sueltos en su escrito. El fiscal jefe Alejandro Luzón sostiene que los tres acusados «convinieron» aprovecharse del cargo ministerial de Ábalos —nombrado titular de Fomento, después Transportes, en junio de 2018— para favorecer contratos con la Administración «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad».
Todo ello, subraya, «a cambio del correspondiente beneficio económico» y con «ánimo de enriquecimiento».
No se trató, según Anticorrupción, de una operación puntual. La presunta organización nació, en palabras del fiscal, «con innegable vocación de permanencia en el tiempo»: estuvo activa durante varios años, operando en distintas esferas ilícitas, y solo empezó a desmoronarse cuando Ábalos y Koldo abandonaron el ministerio en julio de 2021.
Las penas que pide Luzón lo dicen todo sobre la gravedad que atribuye a los hechos: 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, por pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, además de una multa de 3,8 millones de euros.
Para Aldama, que reconoció su culpabilidad en los tres primeros delitos y se acoge a la atenuante de confesión, solicita 7 años de prisión y 3,7 millones de multa.
Las acusaciones populares, lideradas por el PP, van más lejos: 30 años para el exministro y su exasesor.
El jefe, el alter ego y el conseguidor
Luzón disecciona con precisión quirúrgica el reparto de papeles en la presunta trama. Ábalos era «el jefe»: aportaba la autoridad que dimana del despacho ministerial y su influencia directa cuando hacía falta. Para lo demás, tenía a Koldo.
El exasesor, según el fiscal, dejó de ser asesor para convertirse en algo más parecido a un mayordomo con funciones ilegales.
«Más en asistente que en asesor», lo define Luzón. Gestionó tareas «de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas».
Fue, en suma, «el alter ego de José Luis Ábalos»: quien traducía sus decisiones al resto del ministerio, quien transmitía sus deseos, quien los ejecutaba. Y quien, según la Fiscalía, «manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos», actuando «de facto como testaferro de su superior».
Aldama, por su parte, era el engranaje exterior. Empresario con intereses en el sector inmobiliario, hostelero y de hidrocarburos, su valor en la presunta organización residía en una cosa: el acceso.
Esa «interlocución privilegiada» con Ábalos le permitió, según Anticorrupción, enterarse antes que nadie de las necesidades de compra de material sanitario durante la pandemia, identificar empresas proveedoras y diseñar ofertas a medida para captar contratos —primero en Transportes, después en las administraciones canaria y balear.
Las contraprestaciones que habría recibido la cúpula de la presunta trama incluían, según el relato fiscal, pagos continuados de 10.000 euros mensuales, alquiler de viviendas para los acusados o sus parejas, y contratos en empresas públicas para personas de su entorno.
Este jueves, Koldo y Ábalos tienen la palabra para convencer al tribunal de que las cosas no fueron como las contó Aldama.
El Supremo escucha.
