Los fiscales anticorrupción Tomás Herranz y Fernando Bermejo consideran que hay «indicios sólidos» contra el magistrado Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán de haber cometido los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, de haber llevado a cabo al menos 8 delitos de detenciones ilegales, de haber coaccionado a testigos y haber usado pruebas falsas.
Por ello, han presentado un recurso de 34 páginas ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra el auto del magistrado de ese órgano judicial –y nuevo presidente de ese órgano judicial–, Carlos Gómez, por el que acordó el sobreseimiento libre de dichos delitos hace dos semanas.
Dicho archivo tiene los mismos efectos que una sentencia exculpatoria.
Junto al magistrado Penalva y al fiscal Subirán también solicitan la imputación de cuatro policías del Grupo de Blanqueo.
Los dos investigadores se amparan, además, en sentencias como la que, en 1996, dictó el Tribunal Supremo para condenar al juez Luis Pascual Estevill por detención ilegal y prevaricación.
De acuerdo con el recurso presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, los fiscales anticorrupción consideran que el magistrado Gómez «ha rebasado sus funciones» con el auto que dictó el pasado 1 de diciembre porque «la verificación de la culpabilidad y la decisión de absolución» exige celebrar el juicio oral. Y afirman que hay indicios sólidos para juzgar a los investigados por los delitos que dejó fuera Gómez.
Por ejemplo, entienden que hay indicios de que determinadas declaraciones de testigos del ‘caso Cursach’ fueran inducidas por el juez, fiscal y grupo de blanqueo. Reprochan al nuevo presidente del TSJIB que haya actuado de forma opuesta al criterio que manejó el TSJB con el juez Miquel Florit en el ‘caso Móviles’ y que impida que un tribunal valore declaraciones como las de la «madame».
Asimismo, Anticorrupción ve indicios claros de detención ilegal en los ingresos en prisión de dos imputados en el ‘caso IME’. Desde su punto de vista, el juez Penalva tomó esa decisión sin tener ningún tipo de base legal a principios de 2017 sin que existiera riesgo alguno de destrucción de pruebas, a petición del fiscal Subirán.
«El magistrado investigado tenía decidido enviar a prisión a los detenidos aún antes de oírles», afirma el recurso.
Los dos fiscales anticorrupción centran una buena parte de su escrito en las conversaciones que los implicados mantuvieron cuando investigaban una de las piezas que se desgajó de la causa principal, relativa a la alteración del concurso para adjudicar la ORA en Palma de Mallorca. Por ello fueron detenidos varios empresarios, nueve funcionarios que formaron parte de la mesa de contratación que tramité el expediente y los padres y el hermano del exconcejal del PP, Álvaro Gijón.
Los fiscales anticorrupción consideran que dichas detenciones fueron ilegales. Magistrado, fiscal y policías las detuvieron a sabiendas de que eran inocentes.
El auto del ya presidente del TSJIB decía que no mostraran ninguna realidad y que eran meros comentarios. Anticorrupción discrepa y subraya que «se da una perfecta coincidencia entre lo que se manifestaba en el chat y lo que sucedía en el procedimiento judicial».
Los dos fiscales anticorrupción también incluyen las detenciones de los padres y el hermano del entonces diputado del PP, Álvaro Gijón, antes mencionados.
Consideran que el ‘caso ORA’ nace con una prueba «muy endeble» y que las sucesivas comprobaciones demostraban que no era cierto que el exconcejal hubiera recibido un piso como recompensa. Sin embargo, «utilizaron cualquier dato para poder seguir la causa contra Álvaro Gijón».
Para Anticorrupción, resultaría revelador que José María Rodríguez, la otra persona implicada por el primer testigo que habló del caso, nunca fuera citado a declarar.
Sobre los testigos dudosos, la Fiscalía discrepa del auto del magistrado que, simplemente, consideraba que Penalva y Subirán se habían creído las mentiras de la madame y del 29. Sin embargo, los fiscales sí ven indicios de que conocían la falsedad de elementos como la agenda del supuesto burdel.
Sobre el exempleado de Tito’s señalan: «La decisión de guiar sus declaraciones no fue un hecho aislado sino una forma de trabajo». El recurso pide que se continúen los trámites para juzgar esos delitos.
