El consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Gobierno regional de Madrid, Enrique López, ha defendido hoy ante la Asamblea regional el proyecto de ley por el que se propone a la cámara regional renunciar al privilegio y la potestad de proponer al Consejo General del Poder Judicial el nombramiento de una de cada tres plazas de magistrado para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La intervención de López se ha producido en el debate parlamentario de las enmiendas a la totalidad de esta iniciativa, un compromiso del Gobierno regional que profundiza en la despolitización, imparcialidad e independencia de la Justicia, y que ha superado “con nota” los hitos de un procedimiento “largo y exigente”, siendo avalado en abril por la Sala de Gobierno del TSJM.
El proyecto de ley planteado supone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
A juicio de López, la propuesta “va en el sentido contrario al de los abusos legislativos que buscan sin disimulo resquebrajar las bases de nuestro sistema constitucional”.
Frente a esas intenciones, el consejero ha defendido una reforma que quiere “fortalecer la apariencia de independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo, sustentando, en equilibrio, a los poderes del Estado”. Con ello, sigue la senda de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que tan importante como la imparcialidad de los jueces es su apariencia de imparcialidad.
La reforma que también busca “mantener el vigor y la calidad de la democracia en España frente a la sociedad internacional en general y, especialmente, ante nuestros socios y aliados en la Unión Europea”, ha remachado López.
ELIMINAR LAS TERNAS DE LA ASAMBLEA
El proyecto de Ley defendido por el Gobierno regional en la Asamblea conlleva la modificación de dos artículos: el 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
En el primero de ellos se propone que sea el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el encargado de elegir aquellas plazas reservadas para juristas de reconocido prestigio, con más de diez años en la Comunidad Autónoma, en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid –una de cada tres–.
Hasta ahora la elección se realiza a partir de una terna, propuesta por la Asamblea de Madrid.
Con el cambio legislativo planteado, las restantes plazas también serían cubiertas por magistrados nombrados por el CGPJ entre los juristas que lleven diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos de derecho civil, o especial, propio de la Comunidad, como ya se hace en la actualidad.
En el otro artículo, para el que se propone la modificación, se suprime la propuesta de nombramiento entre la terna promovida por la Asamblea de Madrid y, al igual que en el anterior punto, se sustituye por magistrados nombrados por juristas de reconocido prestigio, en la forma prevista en el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La reforma propuesta, una vez culmine su aprobación en la Asamblea madrileña, se remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados.
