El comisario jubilado en prisión preventiva, José Manuel Villarejo Pérez, presentó, a través de su empresa de «pluriempleo» CENYT y de su socio Rafael Redondo, dos presupuestos al Grupo San José, S.A. para contrarrestar el «tratamiento mediático inadecuado» que el Grupo Voz –La Voz de Galicia, Voz Galicia Radio o Voz Audiovisual– estaba haciendo sobre ella.
Fue el 28 de septiembre de 2009 y a requerimiento del director de Prevención, Seguridad y Patrimonio del Grupo San José, empresa constructora y de energías renovables, José Antonio Carpintero Dacal, quien seis días antes así se lo había solicitado.
El presupuesto entregado tenía dos opciones. La opción A, que costaba 1 millón de euros, de los que tenía que abonarse la mitad, 500.000 euros al inicio del encargo, y que duraría seis meses.
Y la opción B, cuyo coste era sensiblemente inferior, 650.000 euros, con una duración máxima de doce meses.
En caso de alcanzarse el éxito habría, eso sí, una bonificación de 1.100.000 euros.
«Se aconsejaba por los responsables de CENYT, debido al carácter confidencial que habría de tener el encargo, el máximo de discreción en el procedimiento de pago», señala el magistrado Manuel García Castellón en el auto por el que archiva esta causa, la 16, de las 25 que conforman el caso Tándem, en el que se investiga las actividades ilegales de investigación privada que el comisario Villarejo realizaba al margen de la Policía pero sirviéndose de los medios de la Policía.
El trabajo a realizar por Villarejo y su gente era investigar al presidente del Grupo Voz, Santiago Rey Fernández, y a su entorno y a la aplicación de «acciones de hostigamiento o boicot de sus actividades». También habría una segunda fase de publicación de lo que se hubiera conseguido en esas «investigaciones».
En el Grupo San José, que en esta causa ha estado representada por el despacho Fuster-Fabra Abogados, la idea de hacer algo surgió en un Comité de Dirección, donde preocupaban las publicaciones del Grupo Voz y se encargó a Carpintero Dacal, quien se puso en contacto con el comisario encarcelado.
Así nació el «proyecto Bird», pájaro. García Castellón investigaba un supuesto delito de cohecho activo cometido por Villarejo, que comete un funcionario público en el ejercicio de su cargo, o de cohecho pasivo.
Sin embargo, el pájaro nunca llegó a volar.
Así lo motiva el magistrado García-Castellón. Ni de la documentación incautada en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo, en su casa de Galapagar, localidad al oeste de la Comunidad de Madrid, ni en ningún otro sitio, «se puede inferir que Grupo San José, S.A. aceptara el ofrecimiento realizado por los investigados José Manuel Villarejo Pérez y Rafael Redondo Rodríguez a través de Grupo CENYT, ni que abonara importe alguno por las gestiones realizadas o en el curso de las conversaciones o negociaciones mantenidas».
El Grupo San José jamás aceptó el encargo. De ahí el carpetazo.
