7 años de cárcel para el presidente de una ONG dedicada a la reinserción de drogodependientes por explotación laboral de internos

Fruto de esta actuación, el centro acoge entre 40/45 personas.

El tribunal concluye que «los varones, en lugar de recibir la terapia prometida, son ocupados laboralmente en actividades que no respetan en modo alguno la normativa ni los convenios colectivos del sector, con la única finalidad del enriquecimiento personal» del condenado.

Los magistrados relatan que J. M. G. contactó en 2012 con una mercantil al objeto de venderle los residuos de plástico que recogían los internos del centro, y como dichos residuos no estaban aptos para el reciclaje directo, se convino que el centro desplazara internos/trabajadores hasta las instalaciones de la empresa para que llevaran a cabo la selección de los residuos, retirando el material impropio.

Exponen que el condenado desplazaba en furgoneta a unos 13 o 14 internos para trabajar en la citada mercantil, si bien únicamente tenía dados de alta en la Seguridad Social a media jornada, cuatro horas, a un porcentaje mínimo de trabajadores, «para cubrir formalmente la apariencia de que respetaba la legalidad laboral».

Según los hechos probados, en realidad, la jornada laboral se extendía desde las 8:00 u 8:30 horas hasta las 21:00 horas, descansando de 11:00 a 11:30 y de 14:00 a 16:00 para comer.

El tribunal destaca también que los trabajadores, a pesar de estar en contacto con material tóxico, no disponían de EPIS adecuadas ni existía en el centro plan de prevención de riesgos laborales.

De acuerdo a la resolución, a través de dicha actividad, el centro obtuvo «importantes ingresos», habiendo declarado a la AEAT 67.753 euros en 2012, 182.408 euros en 2013, 130.789 en 2014 y 921.288 en 2015.

Cantidades que no eran destinadas por el condenado «ni a la remuneración del trabajo de los internos ni al pago de la Seguridad Social, ya que en 2012 no tenía ningún trabajador dado de alta en la Seguridad Social, ni abonó salario alguno, en 2013 tenía 23 trabajadores dados de alta y cobrando salario, en 2014 tenía 18 trabajadores dados de alta y 17 cobrando salario y en 2015, solo tenía dados de alta 5 trabajadores y 18 cobraron salario».

El tribunal destaca que el condenado facturaba directamente a la citada empresa en concepto de chatarra o residuos, pero que en realidad la mercantil no sólo le abonaba el material, sino también las nóminas de los trabajadores, que no aparecían desglosadas en las factura abonadas por la empresa, «de modo que, aunque los trabajadores, algunos, firmaban dichas nóminas», era el condenado quien recibía la cantidad que aparecía en las facturas y abonaba a algunos de los trabajadores, no a todos, cantidades en concepto de salario, que no superaban los 500 euros, por menos horas de las realmente trabajadas, y exigiéndoles, como a los que recibían pensiones o subvenciones, el pago de su mantenimiento.

Los magistrados señalan que en 2015 J. M. G. decidió desvincular formalmente dicha actividad de la asociación, «al objeto de poder distraer los beneficios obtenidos a su propio patrimonio de una manera aparentemente legal», y que para ello constituyo una mercantil, cuya titular era su esposa, M. J. P. S.

Explican que la operativa fue la misma, de modo que, el condenado desplazaba internos de su centro a trabajar a la mencionada empresa. En 2015 dicha mercantial obtuvo beneficios por 84.349 euros, teniendo dados de alta a 17 trabajadores en la Seguridad Social y realizando pago de salario a 12 trabajadores.

Según recoge la sentencia, el 30 de agosto de 2016 funcionarios de la Guardia Civil, Unidad de la Policía Judicial, se personaron en las instalaciones de la mercantil y encontraron allí trabajando a 13 personas, todos ellos internos del centro, de los que únicamente estaban dados de alta en la Seguridad Social cuatro, algo que también pudieron comprobar funcionarios de la Inspección de Trabajo desplazados a dicha empresa.

Se comprobó, asimismo, que los trabajadores no contaban con los EPIS adecuados a la labor que desempeñaban.

Aquel día también se practicaron registros y se halló documentación perteneciente a los internos, junto a sus teléfonos, agendas con notificaciones de trabajos realizadas por los internos, número de horas y facturas, así como partes médicos de los mismos.

Además, en el vehículo utilizado para transportarlos se halló talonarios de facturas giradas a la empresa por el centro, compresivos de horas de trabajo, 10 horas que se pagaban a 5 euros la hora, y anotaciones de la recaudación diaria de las huchas con las que «obligaban a los internos a ejercer la mendicidad, alegando que lo obtenido era para la lucha contra el sida».

El tribunal concluye que en el centro «no se realizó ninguna actividad terapéutica destinada a la rehabilitación de las personas internas», salvo la denominada terapia ocupacional, auspiciada por el condenado en su propio beneficio.