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La Audiencia de Valladolid juzgará en marzo al funcionario municipal acusado de amañar el contrato de señalización

La Fiscalía le imputa un delito continuado de cohecho y pide 4 años y medio de cárcelSe trata de José Luis G. M.; será juzgado por un jurado popular.
| | Actualizado: 12/01/2021 13:14

La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará a partir del próximo 5 de marzo al funcionario municipal acusado de amañar durante años distintas adjudicaciones del contrato de señalización a favor de una empresa a cambio de distintas prebendas, entre ellas un coche para su disfrute, jamones por Navidad y entradas para los toros y el fútbol.

El acusado es José Luis G. M., quien como funcionario de carrera ocupó distintos puestos dentro del Área de Urbanismo y Vivienda, en Seguridad y Vialidad, y en julio del 2000 fue nombrado jefe de la Sección de Licencias y Autorizaciones de la División de Control de la Legalidad Vial.

Fue el encargado de fijar los criterios de valoración, tanto técnica como de la proposición económica, de distintas ofertas presentadas para la adjudicación de contratos de señalización de calles, los cuales fueron incorporados al pliego de cláusulas administrativas particulares que debían regir la contratación, y también fue el que emitía informe de valoración de las ofertas y elevaba la propuesta a la mesa correspondiente.

Será juzgado por un jurado popular.

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El juicio se prolongará hasta el 19 de marzo.

La Fiscalía lo acusa de un delito continuado de cohecho y pide cuatro años y siete meses de cárcel, que se le imponga una multa de 15.000 euros, y que sea inhabilitado para empleo o cargo público durante 10 años y medio.

El Ayuntamiento denunció los hechos ante la Fiscalía en enero de 2016, y han sido investigados por el Juzgado de Instrucción número 3.

El Consistorio, que ejercita la acusación particular, aplica la agravante de prevalimiento como empleado público y reclama tres años de prisión, una multa de 6.480 euros y el pago de una responsabilidad civil que se concretará en el juicio.

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UN HIJO, EMPLEADO POR EL GRUPO

El Ministerio Público sostiene que el técnico, lejos de actuar con imparcialidad y en lugar de defender los intereses municipales, tuvo como único objetivo propiciar que la adjudicación de un contrato de señalización, por cuatro años prorrogables a un máximo de dos, en un expediente tramitado en 2008 recayera en una de las empresas licitantes, API Movilidad.

Indica que a tal efecto, rechazó la oferta más barata por considerarla «desproporcionada o anormalmente baja», sin dar audiencia a la empresa afectada -Campezo- para justificar los valores que ofrecía, tal y como exigía la Ley de Contratos del Sector Público vigente en esa fecha.

A su vez, siempre según el Ministerio Público, el acusado, bajo el epígrafe ‘otras mejoras’, admitió varias que no estaban contempladas en el pliego de condiciones, estableciendo así unos criterios o reglas de valoración no reflejadas en el mismo que favorecían a API Movilidad, tan solo buscando las «ventajas personales» que le iba a suponer la adjudicación del contrato en favor de esta mercantil, entre ellas la puesta a su disposición de un Volkswagen Passat que el encausado disfrutó entre octubre de 2009 y 2013.

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Según la Fiscalía, además de esta presunta prebenda, en fechas navideñas también recibió localidades gratuitas para corridas de toros, entradas para partidos de fútbol o invitaciones a comidas.

Asimismo, destaca que su hijo, desde el inicio de su vida laboral, ha trabajado y lo sigue haciendo para sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial, entre ellas Aplicación de Pinturas API, Salmantina de Seguridad Vial, API Movilidad y la UTE Señaliza Madrid.

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Al margen del citado expediente, también se le vincula con otro en 2015, en el que se encargó de elaborar la memoria justificativa para la contratación de la señalización vertical y horizontal de tráfico en la ciudad.

Al igual que en el caso de 2008, sus dictámenes presuntamente iban encaminados a que la mesa de contratación se los adjudicara a dos empresas del grupo, de forma que se establecieran dos lotes, uno de señalización vertical y otro horizontal, y ello a pesar de que en la justificación del pliego de condiciones se planteaba un único contrato para realizar así un mejor control por parte del Ayuntamiento.

En esos contratos, en lugar de apostar por trabajos de mantenimiento, lo hizo mayoritariamente por la renovación pese a ser ésta una opción mucho más costosa para las arcas municipales y, a la par, más lucrativa para las licitantes, Imesapi y API Movilidad, a las que la mesa de contratación adjudicó los contratos en julio de 2015 confiando en el informe final de valoración -les otorgó la máxima puntuación- confeccionado por el técnico municipal.

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La propuesta de adjudicación elaborada por José Luis G.M. planteaba un importe máximo de 600.000 euros por el de señalización vertical para Imesapi y de 900.000 por la señalización horizontal para API Movilidad, es decir, 1.500.000 euros para 2015 y 2016, con una posible prórroga de otros dos, con lo que el presupuesto final del contrato se elevaba a 3 millones de euros.

La Junta de Gobierno Local, en una sesión celebrada el 16 de septiembre de 2015 y en una decisión ratificada el 18 de noviembre, acordó paralizar la adjudicación de esos contratos por resultar llamativo el elevado coste y la existencia de otras ofertas con precios mucho menores que fueron excluidas por el acusado al considerarlas desproporcionadas.

Las empresas adjudicatarias recurrieron al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León y éste les dio la razón, por lo que la Junta de Gobierno Local el 9 de marzo de 2016 acordó adjudicar el contrato.

Con anterioridad, en diciembre de 2015, el Ayuntamiento ya había iniciado la tramitación de un expediente disciplinario contra el encausado, y el 18 de enero de 2016, por decreto del entonces concejal del Área de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica, se acordó poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid.

DENUNCIA DE UN EXTRABAJADOR

El expediente se inició a raíz del escrito que un trabajador despedido de API Movilidad, Pablo M. G., dirigió al alcalde en noviembre de 2015, en el que denunciaba «una situación de corrupción y abuso de poder» que supuestamente se venía produciendo desde hacía años en el departamento ocupado por el acusado.

Este operario, que trabajó para la citada mercantil durante una década, aseguró que desde hacía tres o cuatro años conocía directamente por lo visto y oído -carecía de documentación acreditativa- que la empresa ajudicataria del contrato de señalización horizontal y vertical había cedido a José Luis G. M. un vehículo para su disfrute particular y que su hijo había sido contratado por el grupo. 

A ello se sumarían regalos, que van desde jamones por Navidad, a entradas a festejos taurinos y al palco del estadio Santiago Bernabéu, invitación a comidas, viajes, estancias pagadas a ferias del sector en Amsterdam o a los pinchos de la Feria de Día.