Tras formular las alegaciones ante el Tribunal Supremo contra el Procedimiento de actuación contra la desinformación del Gobierno, Confilegal ha dado un paso más: Lo ha puesto en conocimiento de Rik Daems, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y de Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia, que forma parte de ese mismo Consejo de Europa, el cual tiene su sede en Estrasburgo, Francia.
Su director, Carlos Berbell, informó ayer al belga Daems de lo que implica el citado Procedimiento para la libertad de expresión y el derecho a la información en España y le requiere para que pida a la Comisión Europea para la Democracia a través de la Ley, conocida por su nombre corto –Comisión de Venecia–, que emita una opinión sobre este asunto que Confilegal considera que supone una violación absoluta del artículo 20 de la Constitución española.
Un artículo que se corresponde con el artículo 10 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
«El derecho a la libertad de expresión, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, respetando el derecho al secreto profesional, y sin restricción alguna por medio de cualquier tipo de censura previa, está siendo directamente vulnerado por el Gobierno de España por el acuerdo adoptado el 6 de octubre de 2020 por la Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 5 de noviembre de 2020, que establece el «Procedimiento de Actuación contra la Desinformación», dice la misiva dirigida al presidente de la Asamblea Parlamentaria.
«Teniendo esto en cuenta, solicito que usted, como máxima autoridad de la Asamblea Parlamentaria, inste a la Comisión de Venecia a dar su opinión sobre la conformidad con el estado de derecho del acuerdo aprobado por las autoridades del gobierno español sobre el llamado ‘Procedimiento de Acción contra la Desinformación'», añade el director de Confilegal en el marco de una carta escrita en consonancia con las alegaciones presentadas el día anterior ante el Supremo por Miguel Ángel Durán y Miguel Durán, del despacho Durán & Durán Abogados.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa. Fue creada en 1990, después de la caída del muro de Berlín, como una necesidad urgente de asistir a los países de Europa central y oriental que formaron parte del telón de acero y que deseaban adoptar sistemas democráticos.
POR QUÉ NOS HEMOS DIRIGIDO A LOS DOS ORGANISMOS
Sus miembros son expertos independientes en derecho constitucional que se reúnen cuatro veces al año –marzo, julio, octubre y diciembre– y toman su nombre de la ciudad en la que celebran sus encuentros. Están presididos por el italiano Gianni Buquicchio.
Goza de una gran reputación internacional. Trabaja en grupos de trabajo que visitan el país concernido para conocer el asunto directamente para asegurar que comprende la situación desde un punto de vista objetivo. Finalmente, realiza propuestas no ejecutivas que los países suelen seguir.
A esta Comisión solo se pueden dirigir el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria –compuesta por 324 miembros–, el Congreso de Autoridades Regionales y Locales de Europa, el secretario general y cualquier estado u organismo que participe en los trabajos de dicha Comisión.
Es por ello que Confilegal se ha dirigido al presidente Daems para que éste, si considera que hay base legal suficiente, pueda pedir a la Comisión de Venecia que se pronuncie sobre el «Procedimiento de actuación contra la desinformación» del Gobierno español.
También, a título informativo, se ha enviado otra misiva a Buquicchio, con el mismo material, informándole de la iniciativa tomada a través de Daems.
EL CONSEJO DE EUROPA NO FORMA PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA, CON LA QUE COLABORA
Ni el Consejo de Europa, ni su Asamblea Parlamentaria, ni la Comisión de Venecia forman parte de la Unión Europea, si bien todos los países de la Unión son miembros del Consejo –27–. La organización está compuesta por muchos más, hasta 47, incluyendo Rusia, Turquía y Ucrania.
Sin embargo, sin formar parte de la Unión, está en su génesis. Fundado por diez países –vencedores y vencidos– en 1949, fue la primera forma de cooperación entre los estados europeos tras la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces su misión principal es la de promover los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Todo aspirante a entrar en la Unión Europea tiene que cumplir los requisitos ideológicos del Consejo de Europa.
Su trabajo se desarrolla a través de una serie de órganos, tales como la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Secretaria General.
A diferencia del Parlamento Europeo -institución de la Unión Europea-, la Asamblea se limita a investigar, recomendar y aconsejar en el marco de los Derechos Humanos y la cooperación legal y cultural.
