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Es hora de poner fin al chantajismo del independentismo catalán

Es hora de poner fin al chantajismo del independentismo catalán
Manuel Álvarez de Mon Soto, ha sido magistrado, fiscal y funcionario de prisiones. Actualmente es letrado del Colegio de Abogados de Madrid. [email protected]. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
25/1/2021 06:46
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Actualizado: 25/1/2021 12:50
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Los independentistas catalanes, y concretamente ERC, llevan tiempo presionando al Gobierno en materia del indulto a los condenados por el «procés» y, últimamente, a la Justicia, concretamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por el asunto de la fecha de la celebración de las elecciones catalanas, fijadas en principio para el 14 de febrero.

Veamos ambos temas por separado.

La cuestión del indulto tiene una lectura jurídica y otra política.

El indulto, en cuanto a lo  jurídico, tal y como está solicitado, debería rechazarse de plano, por algo sobre lo que apenas se ha tratado.

Y es que, según el artículo 19 de la ley del indulto de 1870, redactada con arreglo a la Ley 14 de enero de 1988, podrán solicitarlo los penados o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de acreditar su representación.

Efectivamente, no se exige acreditar la representación y así se ha pedido por un abogado para todos los condenados, por 3 expresidentes del Parlamento de Cataluña para Carme Forcadell y por un sindicato para Dolors Bassa.

Y una cosa es no acreditar la representación y otra ir contra la voluntad expresa o presunta del condenado.

Aquí consta por las propias palabras del abogado solicitante, en entrevistas a medios de comunicación, ir contra la voluntad tácita  de los condenados  al decir que estos, no lo pedirían al no asumir su culpabilidad, por razones políticas.

Ninguno de ellos ha mostrado el arrepentimiento necesario, que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de acuerdo con el artículo 25 de la mencionada ley.

Es más, varios condenados han dicho expresamente que volverían a cometer los hechos por los que han sido condenados.

Sería por ello, el indulto una burla a la ley, por la falta de la legitimación necesaria para pedirlo y además como acertadamente dice el informe de los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jesús Moreno y Fidel Cadena, el indulto sería una, decisión injustificada y arbitraria.

Dado ese informe de gran solidez me remito a él para manifestar la falta de apoyo jurídico, para conceder el indulto a los condenados por el «procés».

SEGÚN LA LEY NO CABE INDULTO

En cuanto a la lectura política esta, dependiendo del punto de vista del que se parta, lleva a admitirlo o recharlo.

Pero esto es indiferente, porque la ley está por encima de la política y según la ley no cabe el indulto.

Y hay más: ¿Puede el independentismo catalán chantajear eficazmente al Gobierno?

Pues no, porque Pedro Sánchez puede prescindir de ellos y de todos sus apoyos parlamentarias, y todos es todos, y seguir al frente del Gobierno hasta el fin de legislatura; desde el punto de vista parlamentario es imposible una moción de censura.

Teniendo ya una ley de presupuestos prorrogable en caso de necesidad, no necesita apoyos externos, salvo los necesarios para legislar, pero esto es cuestión parlamentaria y no gubernativa.

Por lo tanto, que no se diga y repita que Sanchez necesita a los independentistas.

Ya ni a estos ni a Podemos, al menos hasta las próximas elecciones o eso si, para pactos en autónomias incluida Cataluña o ayuntamientos o diputaciónes, pero no para el Gobierno del Estado.

Sí necesita llegar a acuerdos con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pero eso es otro tema, muy importante y urgente, del que ya hablaremos.

Finalmente, en cuanto a las palabras de diversos independentistas, presionando a la Justicia respecto de la fecha de las elecciones, diciendo que si se celebrasen en febrero carecerían de legitimidad, hay que responder contundentemente que es un chantaje inasumible y basado en la falsedad.

Para, empezar el Estatuto de Cataluña de 2005, modificado por el Tribunal Constitucional en 2010, tan mitificado por el independentismo, no alcanzó más allá del voto del 35 % del electorado. 

35 % del electorado, repito.

¿De qué legitimidad hablan?

Los independentistas se apropian de la representación de todos los catalanes sin haber jamás alcanzado un 50 % del  voto popular y teniendo mayoría de escaños, sólo por beneficiarse de una arbitraria ley electoral que les premia.

Al margen de esto, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sea la sea, será sin duda la que proceda en derecho y no fruto de algaradas y presiones políticas al margen de la ley.

En resumen, el Gobierno de Pedro Sánchez, guste o no, está constucionalmente protegido para toda la legislatura y debe acabarse con el mantra de que depende de independentistas o de Podemos.

Ya gracias a la prudente Constitución española que, a imitación de la de alemana, establece la moción de censura constructiva, Sánchez no depende ni de unos, ni de otros, para seguir en la Presidencia del Gobierno, hasta el fin de la legislatura.

Ya es hora de poner fin al chantajismo del independentismo catalán.

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