Empresarios y fiscalistas creen que debe retrasarse al final de la pandemia la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo que plantea Hacienda
El objetivo es combatir la economía sumergida.

Empresarios y fiscalistas creen que debe retrasarse al final de la pandemia la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo que plantea Hacienda

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29/1/2021 06:47
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Actualizado: 28/1/2021 23:38
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El Banco Central Europeo ya calificó de desproporcionado aplicar esta limitación en España y advirtió del riesgo que supone para el propio concepto de curso legal del dinero.

Las organizaciones empresariales ANGED (grandes empresas de distribución ), CEC, Acotex (comercio textil y de moda), Fece (comercio de electrónica y electrodomésticos) y la de servicios de seguridad APROSER ven con preocupación el impacto que sobre la actividad comercial podría tener la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo, como se ha propuesto en diversas enmiendas al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal.

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado diversas enmiendas al Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude que ha elaborado el Gobierno de coalición y que se encuentra actualmente en tramitación en la Cámara Baja, entre las que se encuentra una para prohibir los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros también cuando sean de particulares a profesionales.

En concreto, la enmienda suprime el límite de 2.500 euros fijado en el Proyecto de ley para el supuesto de que el pagador sea una persona física y no actúe en calidad de empresario o profesional. Este límite de 2.500 euros es el vigente desde que en 2012 lo introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, y que también se viene aplicando a los pagos entre profesionales.

Inicialmente, con el objetivo de combatir la economía sumergida, el proyecto de ley impulsado por el Ministerio dirigido actualmente por María Jesús Montero planteaba reducir dicho límite a 1.000 euros, pero solo en el caso de las operaciones entre profesionales, permitiendo seguir aplicando el límite de 2.500 cuando se trate de pagos de particulares.

Sin embargo, ahora los partidos que conforman el Ejecutivo de coalición plantean rebajar el límite a 1.000 euros para los pagos en efectivo en los que «alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional«, lo que afectaría a los pagos de particulares a profesionales.

Una medida desproporcionada 

Este colectivo empresarial sigue las tesis del propio Banco Central Europeo, quien indica que es una medida desproporcionada, que puede poner en cuestión el propio concepto de curso legal del dinero.

Además, es totalmente inoportuna, ya que puede afectar directamente a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo.

En un dictamen de febrero de 019, el Banco Central Europeo ya advertía a España de que imponer un límite de 1.000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionado. Entre otras razones, el supervisor bancario recordaba que:

– “La posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago”.

– “El efectivo también se aprecia en general como medio de pago porque es ampliamente aceptado y rápido y porque permite al pagador controlar sus gastos”.

–  “Es el único medio de pago en dinero del banco central y a su valor nominal que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso”.

– “No requiere una infraestructura funcional técnica y siempre puede usarse, lo cual es muy importante en caso de interrupción de los pagos electrónicos”.

– “Facilita la integración en la economía del conjunto de la población, al permitirle liquidar de esta forman cualquier tipo de operación financiera”.

La inmensa mayoría de países europeos no han establecido límites al pago en efectivo y, de los que lo han hecho, solamente Francia lo ha fijado en 1.000 euros.

Para este grupo de empresarios donde destaca Alfonso Merry del Val, presidente de ANGED, la medida no ha funcionado. “Queremos llamar la atención sobre esta experiencia europea, porque los límites para pagos en efectivo en Francia no han logrado reducir la economía sumergida de forma significativa mientras que países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos”.

Desde este colectivo empresarial se indica a Confilegal que en un momento de gran incertidumbre para la economía y desplome de la demanda, no parece razonable establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta.

En ese sentido, creen que cualquier regulación que vaya en esa línea, debería adecuarse lo máximo posible a la realidad actual de nuestra estructura comercial y de distribución, en la que una inmensa mayoría de los consumidores continúa haciendo sus compras en metálico.

Alfonso Merry del Val, presidente de ANGED.

Desde las organizaciones empresariales se comprende el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España. Sin embargo, parece desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo, que limita la libertad de elección de medio de pago por parte del consumidor, y que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio.

A juicio de estos empresarios, “convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad”.

A nivel de expertos en fiscalidad, Confilegal ha recogido las opiniones de Enrique Beaus, socio de BROSETA, y director del área de Derecho Fiscal en la oficina de Valencia, y Francisco de Haro, socio de fiscal de Ontier. quienes opinan sobre esta medida y su oportunidad en estos momentos de implantar el control de efectivo.

Una restricción injustificada

Enrique Beaus indica que el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal sigue inexorable su trámite parlamentario, y con él, la introducción de nuevas restricciones al pago de operaciones en efectivo.

A su juicio, “en los últimos años existe la presunción dogmática que subyace de unos años a esta parte en la normativa tributaria, y que no es otra que entender todos los ciudadanos somos, en esencia, defraudadores en potencia, y que cualquier norma contra el fraude fiscal debe partir de tal presunción”. 

Para este experto, “el pago en efectivo no tiene por qué ser una manifestación de defraudación, y lo que no puede pretender el legislador es acabar con la utilización del dinero de curso legal, cuando la alternativa es encorsetar a los ciudadanos en el uso de un sistema financiero cada vez como menos jugadores y mayores comisiones”.

«Dicho lo anterior, recordemos en qué consiste esta limitación y qué consecuencias tiene su incumplimiento. Así, señala la vigente normativa que no podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe como empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros, límite que asciende a 15.000 euros cuando el pagador justifique que no tiene su domicilio fiscal en España«.

Beaus señala que “la norma que está en tramitación pretende reducir a 1.000 euros el importe de los pagos en efectivo únicamente cuando ambos intervinientes en la operación actúen como empresario o profesionales, manteniendo el importe de 2.500 euros solo para aquellos supuestos en los que uno de los intervinientes sea una persona física que no actúe como empresario o profesional”. 

Enrique Beaus, socio de BROSETA.

“Para personas físicas que no actúen como empresarios o profesionales y, además, tengan su domicilio fuera de España, el proyecto de ley reduce de 15.000 a 10.000 la limitación de pagos en efectivo”, indica.

«Además, el Proyecto de Ley incluye la reducción del 50 por 100 de la sanción prevista actualmente cuando el infractor satisfaga la deuda antes de la notificación de la resolución de imposición de sanción, lo que implicará su renuncia a formular alegaciones, y la firmeza de la vía económico-administrativa, siendo entonces solo posible recurrir ante la jurisdicción ordinaria”, revela este experto.

En su opinión, “aquellos que quieran defraudar no se verán compelidos a dejar de hacerlo por la inclusión de nuevas limitaciones de pago en efectivo, y lo único que se va a conseguir es poner nuevas trabajas en una economía que lo que necesita son estímulos y no más burocracia”.

«Y es que, al final, aquellos que cumplen con la legalidad, que son la mayoría de los empresarios y profesionales, serán los que van a sufrir los efectos de esta nueva limitación, que creo, en modo alguno conseguirá acabar con el fraude fiscal y sí dificultar la tan ansiada recuperación económica«.

Ahora no es el momento de esta restricción

Para Francisco de Haro, “pese a que el futuro tiende a un escenario digital con la aparición de medios de pagos cada vez más sofisticados, en un momento como el que vivimos de pandemia con una crisis económica en ciernes no parece el momento más oportuno para implantar la restricción al pago de 1000 euros en efectivo que ahora se debate en el Congreso”.

Desde su punto de vista, “lo que hay que ver es cómo se hace y que momento porque habría que establecer un periodo transitorio de adaptación. Hay que darse cuenta que hay un sector de la población amplio que no está habituado a esos medios de pago telemáticos de plástico, medios que suponen un coste adicional, tanto a nivel de tarjetas de crédito. Es un coste adicional para economías modestas”.

Francisco de Haro, socio de fiscal de Ontier.

A nivel empresarial, De Haro contempla la situación de forma similar “el pago mediante tarjeta o el uso de los datáfonos también genera comisiones importantes, eso ha generado que muchos sectores de la economía se hayan quejado de este tipo de costes. En estos momentos, con una pandemia encima y una crisis económica que se avecina, lo lógico sería esperar al menos un par de años para activar este tipo de medidas que no ayudarán mucho a la lucha contra el fraude fiscal”.

A su juicio, “en un momento como el actual esta medida puede ser concebida como una traba más hacia la recuperación económica, sobre todo para el pequeño empresario. Ya hay sectores como el del taxi que han mostrado su contrariedad sobre este asunto. Al mismo tiempo una parte de la población se verá perjudicada por esta medida por no estar aconstumbrados a usar este tipo de herramientas digitales o tarjetas de toda índole”.

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