El titular del juzgado Central de Instrucción 6 ordenó entonces el expurgo de varios "archivos y documentos especialmente sensibles" que le fueron intervenidos a Villarejo (a la derecha). Imagen: TSJM.
Villarejo recurre la decisión de excluir de la investigación de ‘Kitchen’ varios documentos por afectar a secretos de estado
El excomisario recurre en apelación el auto del juez García Castellón del pasado 20 de enero por vulnerar, afirma, su derecho a la tutela judicial efectiva
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01/2/2021 18:45
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Actualizado: 01/2/2021 18:45
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El excomisario José Manuel Villarejo ha interpuesto un recurso de apelación contra el auto del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que acordó el pasado 20 de enero excluir de la pieza en la que se investiga la operación ‘Kitchen’ documentación que podría afectar a secretos de Estado.
El magistrado que investiga esta causa, Manuel García Castellón, ordenó entonces el expurgo de varios «archivos y documentos especialmente sensibles» que fueron intervenidos a Villarejo.
En esta pieza separada de la macrocausa Tándem o caso Villarejo se investiga el supuesto operativo policial, secreto y sin control judicial, dirigido a espirar al extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle la información sensible del PP que guardaba y así poder ocultársela a la justicia.
El instructor, según informó entonces Europa Press, accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que en un escrito advirtió de que en la documentación aportada por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) en relación a un informe sobre la conexión del comisario, también jubilado, Marcelino Martín-Blas con el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, se observaban documentos que «por su formato o contenido tendrían clasificación legal de secreto».
El magistrado consideró «inaplazable» la necesidad de excluir del procedimiento la información y ordenó su precinto y custodia, así como la puesta en conocimiento de este «descubrimiento o hallazgo» al Centro Nacional de Inteligencia.
Su abogado pide acceso sin limitaciones al material intervenido
Entre la documentación excluida, según recoge Europa Press, se encuentran denuncias, recopilación de informaciones sobre terrorismo yihadista, varios documentos con información bancaria sobre terceros y archivos de audios, que fueron encontrados en la carpeta denominada ‘Marcel’, que fue, entre otras, incautada en los registros que se produjeron en noviembre de 2017 tanto en el domicilio y en las oficinas del comisario como en las de su socio Rafael Redondo.
«Entre este material se ha podido tomar conocimiento de la existencia de información archivos y documentos especialmente sensibles, afectos a la legislación de secretos de Estado o que de cualquier otro modo afecte gravemente a la seguridad de las personas o que perjudique a los legítimos intereses de terceras personas ajenas al procedimiento», indicó el juez García Castellón.
Ahora, el abogado del excomisario, Antonio José García Cabrera, solicita la revocación del auto y el acceso sin limitaciones al material documental intervenido, pudiendo obtener copia de la totalidad del material, incluso para la realización de las correspondientes pericias sobre su autenticidad, integridad y completitud, «al ser la primera, principal y prácticamente única fuente de prueba de cargo».
La defensa de Villarejo asegura en el recurso, al que ha tenido acceso Confilegal, que «no consta en la causa que dichos documentos, la mayoría elaborados y obtenidos por el propio investigado, sean ‘secretos de estado’ o información reservada ni tampoco su acuerdo expreso de clasificación».
Por ello, agrega, «su conocimiento y la eventual formulación de alegaciones por el investigado en el seno del proceso penal que se sigue contra él no le puede quedar completamente vedada sin que el instructor pueda calificarlos o declararlos secretos ni tampoco la Policía Nacional».
En este sentido, añade que «solo el Consejo de ministros o la Junta de Estado Mayor puede hacerlo, constando en este caso además la más amplia desclasificación, también la del material intervenido, por acuerdo del Consejo de Ministros».
Asimismo, apunta que Villarejo «no era un agente de inteligencia, secreto, o como quiera denominársele con un estatus especial que le permitía mantener su estructura empresarial propia como cobertura de tales funciones al servicio de la seguridad del estado ninguna de la documentación hallada en su domicilio puede tener la consideración de secreta a los efectos que previene la legislación de secretos oficiales, sin que pudiera estar ‘clasificada’ en los términos que prevé el artículo primero uno de la Ley 9/1968 de 5 de Abril Sobre Secretos Oficiales».
Información sobre Martín-Blas
Afirma que varios archivos de audio entre los excomisarios Villarejo y Marcelino Martín-Blas, denuncias interpuestas en sede policial y judicial, así como documentación relativa a una investigación efectuada por CENYT en relación al patrimonio personal y familiar de Martín-Blas, archivada bajo la denominación ‘party’, «se pretenden expurgar del proceso o dicho de otro modo sacar el proceso y del conocimiento de todas las defensas y, en concreto, de la defensa del propio tenedor de esa documentación en función de la cual se le ha imputado en esta causa Sr. Villarejo».
En el recurso, el abogado considera que se pretende excluir de la causa información que afectaría a Martín Blas o al CNI, siendo su tarea «demostrar esta relación». Y es que, añade, Villarejo ya ha manifestado que Martín-Blas informaba de sus actividades policiales al Centro Nacional de Inteligencia, sin el conocimiento de sus superiores, pudiendo prestarle apoyo.
Esto, indica, forma parte de las denuncias interpuestas contra él por Villarejo y sus propias notas de información elevadas a su superior, documentación que, entre otros archivos, «se pretenden excluir del conocimiento de esta defensa».
Además, la defensa de Villarejo apunta que algunos coinvestigados, como Pino, García Castaño y Martínez, «vinieron, cuando menos, a sugerir en sus declaraciones, la intervención del Centro Nacional de Inteligencia en el operativo que es investigado, y así se ha publicado en varios medios de comunicación».
El abogado solicita por tanto que se revoque el auto, ya que, según explica, la decisión del instructor de excluir esta documentación de la causa limita el derecho de defensa y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
«No es admisible -afirma- que se introduzca un principio de ‘acción preventiva’ que consiste en prohibir el acceso para evitar el mal uso de los datos, lo que genera los mismos problemas que se atribuyen a cualquier solución inspirada en el principio de prevención: que se provoca un perjuicio cierto y real para anticiparse a un peligro hipotético y a menudo dudoso».
En este caso, continua, «se pretende coartar los derechos del investigado para anticiparse a un posible mal uso de los datos allí contenidos, peligro soolo probable. Lo que debería considerarse una intromisión ilegítima es ‘la divulgación de datos privados’, y sobre todo si se hace con fines difamatorios, no el acceso a esos datos o su conocimiento a través de la actividad profesional».
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