La Dirección General de la Policía (DGP) todavía no ha sancionado al secretario general de Jupol, el subinspector José María García Fernández, por haber ejercido, entre 2015 y 2018, como administrador único de la mercantil “Excavaciones y Asfaltos Avilés, S.A.”, de la que es propietario, sin haber solicitado la obligada compatibilidad laboral.
La decisión tiene que ser tomada próximamente por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.
Antes tiene que ser oído el Consejo de la Policía, tal como establece el artículo 27 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Cuando las faltas que se dirimen son muy graves.
Dicha reunión todavía no se ha producido, según ha podido verificar Confilegal.
Por lo tanto, el tiempo verbal contenido en el titular de la columna de opinión que publicamos el pasado viernes, “La DGP suspende 12 meses de empleo y sueldo al secretario general de JUPOL por incompatibilidad lucrativa”, firmada por María Montero, no ha sido el adecuado porque aún no se ha producido.
Resta, por lo tanto, por convocarse la mencionada reunión del Consejo de la Policía, que está compuesto por 28 miembros. 14 representan a la Administración y 14 a los sindicatos de la Policía; 8 a Jupol, 2 al SUP, 2 al SPP, 1 a la CEP y otro a la UFP.
Lo que decida el Consejo de la Policía no es vinculante. El director general de la Policía se decantará, después de la misma, por lo que estime oportuno.
Fuentes cercanas al subinspector, dicen que los importes económicos que se citan en la columna de opinión no se corresponden con la realidad.
Por otra parte, según opina el secretario de comunicación de Jupol, Pablo Pérez, «la presunta falta grave habría prescrito y por tanto no existe la posibilidad de declarar o exigir del ordenamiento jurídico administrativo».
Además, asegura que «sorprende conocer que sobre el asunto del secretario general de Jupol, José María García se haya propuesto una sanción de 12 meses sin empleo y sueldo, cuando en casos similares las sanciones propuestas en el Consejo no superan los 6 meses sanción».
Y subraya que «tanto el comité ejecutivo nacional de Jupol, así como las directivas de Jusapol Jucil han conocido desde el primer momento la apertura del Expediente Disciplinario y los trámites judiciales iniciados, así como las alegaciones presentadas en defensa del secretario general, José María García».
Concluye opinando que «la tramitación de este expediente está plagado de anomalías e irregularidades y destaca, por ejemplo, que todas las notificaciones realizadas al secretario general de Jupol se han llevado a cabo saltándose los procedimientos administrativos que marca la ley».
