Polonia Castellanos, abogada de Miguel Ángel Frontera, ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el que describe trato de privilegio, por parte del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Collado Villalba, Javier Carreño Sánchez, hacia el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja de hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero.
También una evidente vulneración del derecho de defensa.
Paralelamente, Castellanos ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, contra el mencionado magistrado, por si su conducta pudiera tener naturaleza disciplinaria, «ya que está perjudicando a mi cliente».
Miguel Ángel Frontera se vio querellado por Iglesias por los supuestos delitos de acoso, alteración de orden público, delito medioambiental y contra la seguridad nacional.
Frontera es un habitual en las concentraciones ante la casa de Iglesias y Montero tienen en Galapagar, población a 31,12 km al oeste de Madrid, el cual pertenece al partido judicial de Collado Villalba.
En su recurso, al que ha tenido acceso Confilegal, Castellanos refiere una serie de irregularidades evidentes durante esta instrucción.
El magistrado, según la abogada, no le ha facilitado los DVDs preceptivos con las declaraciones que, por vía telemática, realizaron Iglesias y Montero el 28 de diciembre pasado. Tampoco las de su defendido, el día siguiente, ni las de los guardias civiles y policías, realizadas anteriormente.
«Y ya han pasado dos meses y medio. Las he reclamado repetidas veces. No es de recibo», explica Castellanos.
«Como tampoco es de recibo que no se cumpla la ley cuando establece que tienen que declarar por separado. Declararon juntos, refiriendo lo que decía el uno al otro. Además, fijaron ellos el día para declarar, no el juez instructor. Todo están siendo facilidades para ellos. Para nosotros, todo son dificultades. Por ejemplo, a mí, cuando he solicitado intervenir telemáticamente, no se me ha permitido», señala.
La abogada también refiere con extrañeza que la abogada de Iglesias, Elena Vázquez, cuando se refería repetidamente al líder de Podemos utilizaba el tratamiento de «ilustrísimo vicepresidente segundo del Gobierno, don Pablo Iglesias…».
«La verdad es que choca escuchar estas cosas en el siglo XXI en un órgano judicial referido a un miembro del Gobierno», añade. «Como si nos encontráramos en otro tiempo superado».
Castellanos también explica que, a pesar de haber requerido todos los detalles sobre cómo se requisó el móvil de su cliente y, en especial, sobre si existía una orden judicial, quien lo llevó a cabo, si se levantó acta, si se ha respetado la cadena de custodia y quién lo ha manipulado: «No se me proporciona».
De la misma forma, relata que le han informado desde el Juzgado que se ha ampliado la querella y que se ha presentado un recurso de apelación.
Pero no le han proporcionado ninguno de esos dos documentos.
Por ello, considera que se está «menoscabando y limitando el derecho de defensa como consecuencia directa de la acción u omisión del Juzgado».
Por no proporcionarle la documentación, «a pesar de solicitarla constantemente, y no suspendiendo actos a pesar de justificar esta parte no poder asistir y notificando la no suspensión con posterioridad a la realización del acto», concluye el recurso interpuesto.
