Jesús Villegas, autor de «El inquisidor esquizofrénico»: «La nueva LECRim sería el tiro de gracia de la acusación popular»
El magistrado, afirma en su libro, que el juez de instrucción es superior a cualquier fiscal instructor, cuya función se parece más a la que llevaba a cabo la desaparecida Inquisición. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Jesús Villegas, autor de «El inquisidor esquizofrénico»: «La nueva LECRim sería el tiro de gracia de la acusación popular»

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15/3/2021 06:50
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Actualizado: 15/3/2021 14:34
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Si hubiera que describir con una palabra al magistrado Jesús Villegas, de 51 años, autor del libro «El inquisidor esquizofrénico. ¿Deben investigar el delito los jueces y los fiscales?», que recientemente ha visto la luz, sería –sin dudarlo un segundo– la de erudito.

Desde que le conozco, y son años, su devenir vital ha sido siempre la búsqueda de la iluminación intelectual y del conocimiento. Y, sobre todo, de la Verdad, con mayúsculas.

De haber nacido en Francia a mediados del siglo XVIII habría formado parte de la Ilustración, el movimiento que tenía como objetivo disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Un movimiento que provocó grandes cambios culturales y sociales y que fue la mecha que desató la Revolución Francesa.

Villegas, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 7 de Madrid, ha desechado, en su vida, jugar a la política para autopromocionarse. Es una evidencia. Ha optado por ser una voz crítica, muy crítica, con el actual estado de cosas en la Justicia.

Los informes que la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial  ha realizado –de la que es secretario general–, analizando todos y cada uno de los nombramientos realizados por el Consejo General del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes, han demostrado negro sobre blanco que los principios de mérito y capacidad en muchos de esos casos han brillado por su ausencia. De forma muy evidente.

También ha sido muy crítico con el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborado por el Gobierno. Un texto al que ha decidido combatir con la razón. A través de este libro que acaba de ver la luz.

De una forma valiente. No espera nada. No busca nada. Es libre.

En su libro reconoce que nuestros jueces de instrucción tienen un origen inquisitorial pero explica que, en este proceso histórico de transformación de la figura, hasta nuestros días, se ha llegado a forjar una metodología científica de investigación, plenamente respetuosa con los derechos fundamentales, que es muy superior a la que puedan tener los fiscales porque ostentan algo que no tienen ellos: la independencia.

Critica, con razonamientos de peso, el «admirado» sistema estadounidense, donde la instrucción es del fiscal: «Es sorprendente que haya evolucionado hacia formas muy parecidas a las de la Inquisición: lo importante no es el juicio, sino la confesión del reo».

Y recuerda que si finalmente al juez se le despoja de la instrucción, en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, eso sería el tiro de gracia para la acusación popular, una figura netamente española: «El juez de instrucción y la acusación popular están unidos, como hermanos siameses».

Sobre estas cosas y muchas más, versa esta entrevista. Sobre su libro.

Su libro es una defensa cerrada del juez instructor frente al fiscal instructor. ¿Ha sido para usted una necesidad?

“Defensa cerrada”, suena a grito de desesperación. “Santiago y cierra España” decían los guerreros cristianos durante la Reconquista. Yo prefiero ver mi libro como la apertura hacia la verdad y la ecuanimidad.

Por desgracia, el Derecho está asistiendo recientemente a un avance de la irracionalidad frente de la Ciencia; reviven los espectros medievales y retroceden los espíritus ilustrados. Por eso hablo de brujas, endriagos y posesiones diabólicas.

Ni que decir tiene, que a esta tarea de reconquista de la racionalidad están llamados no sólo los jueces, sino también los fiscales, que son unos profesionales excelentes de los que tenemos que enorgullecernos.

Y, por supuesto, abogados, procuradores, universitarios y demás juristas, o incluso gente de bien que no sabe nada de leyes.

En cualquier caso, y tal como me decía usted, en efecto, escribir este libro ha sido una necesidad, casi un acto de terapia.

Villegas recuerda en su libro que los inquisidores fueron los pioneros del método científico de investigación. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Tengo que reconocer, señor Villegas, que es usted muy valiente. Como El Cordobés, se pone delante del toro de rodillas y le toca el morro, pero con inteligencia. Y lo hace con el caso de las brujas de Zugarramurdi y la instrucción que hizo el inquisidor Alonso de Salazar, quien impidió que en España se produjera un «holocausto brujeril». No mucha gente conoce la historia.

Gracias, don Carlos, por la comparación. En realidad, yo nací en Córdoba, capital de la Bética Romana, tierra noble de insignes juristas. Pero la historia que nos ocupa nos conduce no al sur, sino al norte de nuestro país, a la localidad de Zugarramurdi, en Navarra.

Allí ocurrió en vida de Cervantes uno de los más espantosos episodios de brujería de los que se guarda memoria. Un caso tan terrorífico que dejaba en un juego de niños a la tan manida historia norteamericana de Salem.

Por cierto, ustedes, en Confilegal, publicaron, recientemente, un interesantísimo artículo sobre dicho suceso que recomiendo a todos los lectores para que profundicen en el conocimiento de nuestra apasionante historia jurídica.

Usted reconoce que los jueces de instrucción son herederos de los jueces de la Inquisición. Pero que han llegado, con el paso del tiempo a una forma de instrucción, llamémosla, científica que supera a la que puedan hacer los fiscales. Explíqueme para que lo entienda.

No es una tesis mía, sino del filósofo francés Michel Foucault, personaje muy polémico: activista homosexual, negacionista del SIDA y que precisamente murió contagiado por el virus. No lo perdamos de vista en los actuales tiempos de epidemia global.

Su vida representa la paradoja de una persona que había defendido la indisoluble relación entre el poder y el saber. Según explicaba, fueron en cierto modo los inquisidores los pioneros del método científico.

¿Por qué? Porque estaban empecinados en la búsqueda de la verdad material.

En los países anglosajones, en cambio, donde la acusación dependía de los intereses de las partes, la verdad pasaba a un segundo plano y lo importante era (y es) la negociación, el pacto, en definitiva, el principio de oportunidad frente al de legalidad.

En Estados Unidos lo vemos con claridad, por ejemplo, en la forma en que se ventiló la responsabilidad criminal del cantante Michael Jackson por los supuestos abusos sexuales que se le imputaban. 

«Cada vez que los jueces o fiscales se dejan arrastrar por las presiones de los políticos o la opinión pública para saltarse los legalismos y hacer “justicia material” castigando a los culpables a toda costa, violando las garantías procesales, se convierten sin saberlo en inquisidores»

El inquisidor Alonso de Salazar, una especie de Guillermo de Baskerville –el monje protagonista de la celebérrima novela de Umberto Eco, “El nombre de la. Rosa”, al que dio vida en la gran pantalla nada menos que Sean Connery–, ¿fue el iniciador de esta forma de investigar, llamémosla científica?

Los rudimentos del método científico empezaron a arraigar en el Derecho mucho antes. Hemos de remontarnos a Roma, época en que los autores clásicos forjaron un sistema jurídico basado en la razón, donde las ordalías y la superstición iban siendo arrinconadas.

Con la caída del Imperio, las invasiones bárbaras nos retrotrajeron a las tinieblas, devolviéndonos a escenarios de aparecidos, magia y brujería.

Sin embargo, cuando en Occidente, gracias a la influencia del Bizancio, se redescubren a finales del Medievo los tesoros de la jurisprudencia clásica, se produce un renacer de la razón jurídica. Ese es el periodo en que me fijo en mi libro.

Por cierto, la reciente película “Akelarre” del director Pablo Agüero se inspira en esta dialéctica entre la razón y la superstición.

En dicha cinta Alonso Frías aparece, no como personaje histórico, sino como arquetipo, como figura ideal que encarna el escepticismo frente a una credulidad casi infantil. Frente a él, Rostegui, el protagonista, trasunto de otro juez real, el francés De Lancre, encarna los prejuicios y la falta de actitud crítica.

A este otro también le dedico unas líneas.

El problema es que cuando hablamos de la Inquisición lo que nos viene a la cabeza es la palabra tortura, ¿no le parece?

Los inquisidores estaban empeñados en descubrir la verdad a sangre y fuego, valiéndose de todo tipo de argucias y hasta del engaño.

En mi libro se describen algunas de sus técnicas que, de una manera u otra, llegan hasta nuestros días.

Cada vez que los jueces o fiscales se dejan arrastrar por las presiones de los políticos o la opinión pública para saltarse los legalismos y hacer “justicia material” castigando a los culpables a toda costa, violando las garantías procesales, se convierten sin saberlo en inquisidores.

El populismo punitivo es una forma de neoinquisición.

En opinión de Villegas, a nuestro sistema le sobra grasa procesal: demasiados recursos interlocutorias durante la fase de investigación, demasiadas modalidades. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Usted refiere en su ensayo la existencia del “Malleus Maleficarum”, el manual del inquisidor. ¿En qué consistía?

Es un libro sencillamente alucinante. Significa “martillo de las brujas” porque fue concebido como el arma de la Justicia para acabar con la plaga de la hechicería.

Está repleto historias fantásticas en las que aparecen criaturas diabólicas, sortilegios y hasta delirantes relaciones sexuales entre los hombres y las criaturas satánicas.

Para los juristas, en cambio, lo más interesante son las reglas procesales que, por increíble que parezca, proyectan su influjo en la actual normativa actual.

Dicho sea de paso, los autores del «Malleus», dos dominicos alemanes, Kramer y Spengler, lo copiaron casi literalmente en muchos pasajes de otro manual, el «Directorium Inquisitorum», obra de un español, el aragonés Aymeric.

Usted se pronuncia a favor de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero deja entrever que la que está en marcha no es una reforma sino una ruptura radical. ¿Por?

Y tanto…, se pretende un código procesal de nueva planta, encomendándole la investigación criminal, no a una autoridad imparcial, como es el juez, sino al fiscal que, a fin de cuentas, es una parte.

Otro aspecto que me preocupa es la tendencia a desprocesalizar la investigación criminal, con la merma de garantías que acarrearía.

El origen de la ineficacia de la vigente LECRim, a juicio de usted, es el ateroma burocrático que obstruye las arterias de nuestro sistema procesal. A ver, haga un dictamen más extendido.

A nuestro sistema penal, aunque es uno de los mejores del mundo, le sobra grasa procesal: demasiados recursos interlocutorias durante la fase de investigación, demasiadas modalidades.

Son varias las anécdotas que cuento, como la del juez que ordenó su propia detención. Esa es una bien curiosa porque, aunque parece que tiene un núcleo de verdad, se ha ido complicando con el paso del tiempo.

Fíjese que incluso me han escrito para hacerme saber el nombre del supuesto afectado. Sea como fuere, hoy día circulan varias versiones contradictorias.

Hemos asistido a una genuina mitogénesis, una leyenda forense ha ido cobrando forma ante nuestros ojos. Pero, antropología aparte, nuestro sistema procesal revela profundas anomalías, como la firma en masa y la manía del ‘corta y pega’.

Según usted habría que simplificar de manera drástica el procedimiento. “La policía debe investigar directamente a las órdenes del juez y una vez concluido el sumario enviar el asunto a juicio”. ¿No es lo que se está haciendo hasta ahora?

En modo alguno. Se da el absurdo de que una misma persona declara sobre los mismos hechos, primero ante la policía, luego ante el juez de instrucción y, finalmente, en juicio oral.

Es una práctica ineficiente y, además, ineficaz, porque abre la puerta al riesgo de distorsión de la verdad, ya sea por mala fe o incluso por inocentes fallos de memoria.

Habría que simplificar tan redundante ritual.

En cualquier caso, lo asombroso es que, aunque en teoría el juicio oral debiera ser el lugar donde se esclareciese la verdad, en la práctica el crimen se resuelve en comisaría.

Frecuentemente el papel del juez instructor queda relegado a mera burocracia procesal, a revestir de forma jurídica la previa averiguación policial.

Algunos acusados sienten que, al ingresar en sala, su margen de maniobra es mínimo.

«Nuestro sistema procesal revela profundas anomalías, como la firma en masa y la manía del ‘corta y pega'»

¿Qué otras soluciones adicionales plantea usted?

En realidad, lo esencial se sintetiza en la idea que ya expuso usted.: “La policía debe investigar directamente a las órdenes del juez y una vez concluido el sumario enviar el asunto a juicio”.

Es decir, recobrar el diseño originario de don Manuel Alonso Martínez. Recuerdo, cuando estuve invitado en Bélgica durante un intercambio judicial, como una magistrada instructora se desplazó a las oficinas centrales de la policía desde donde impartía directamente y en tiempo real órdenes a los agentes que actuaban sobre el terreno en una macrooperación contra narcotraficantes.

El episodio se desarrolló en una estancia repleta de ordenadores, cámaras y sistemas de videovigilancia, casi de ciencia ficción.

La labor del juez y de la policía se retroalimentaba en una operación ejemplar que me dejó impresionado.

Ese es el camino correcto, en vez de desprocesalizar el descubrimiento de la verdad.

Eso sí, debemos conservar todo el acervo de garantías que se han ido conquistando desde 1882, cuando nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal vio la luz.

La instrucción penal ha ido ganando en contradicción e igualdad de armas, principios estos que, en tanto sean compatibles con el descubrimiento del crimen, deben conservarse. Por eso le decía antes que me preocupa tanto el propósito de desprocesalizar las pesquisas policiales.

En cualquier caso, esta es una materia en la que debemos escuchar a abogados y policías, puesto que ellos sufren en sus carnes las ineficiencias de nuestro sistema procesal.

Yo he consultado a algunos de mi confianza para documentarme.

En muy buena medida mi libro es un homenaje a unos profesionales de los que tanto he aprendido. Llevo con especial orgullo haber sido condecorado por la Guardia Civil.

¿Por qué, a su modo de entender, la acusación popular y el juez de instrucción van unidos?

Porque ambas se oponen al monopolio público de la acción penal. El juez de instrucción y la acusación popular son como hermanos siameses, van juntos. En eso España es un caso raro, por no decir único, en el mundo. Muy orgullosos debemos estar de ese soplo de libertad que se respira en nuestra legislación procesal.

En cambio, muchos de mis compañeros se avergüenzan de nuestro sistema, abrumados por el sentimiento de culpa de la “leyenda negra jurídica” que allende nuestras fronteras nos quieren endosar.

En el libro lo explico fijándome en el problema del independentismo catalán. Y es que buena parte de la prensa extranjera ha convertido a delincuentes culpables de alta traición en supuestas víctimas de un Estado represor, como si España no fuese plenamente democrática y todavía camparan a sus anchas por nuestros lares los mismísimos inquisidores.

¿La nueva LECRim supondría la muerte “de facto” de la acusación popular?

Desde hace tiempo algunos están obsesionados en liquidarla. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sería el tiro de gracia de la acusación popular.

El autor plantea el regreso al diseño originario del redactor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, Manuel Alonso Martínez. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Usted explica de forma muy clara que los jueces están obligados a llegar hasta el fondo de las cosas, a la verdad, en aras al principio de legalidad, mientras que los fiscales se rigen por el principio de oportunidad, en el que la verdad ha dejado de ser el referente. ¿Esto podría desembocar en un sistema similar al estadounidense donde lo que manda es el “plea bargaining”, el acuerdo previo antes del juicio?

Permítame, don Carlos, que le haga una precisión: hoy por hoy jueces y fiscales están sujetos al principio de legalidad. Ambos, no sólo los jueces.

Cuestión distinta es que, si algunos fiscales por interferencia de una cúpula politizada, se guían por principios extrajurídicos, entonces nos hallemos ante una perversión del sistema.

Teratología procesal. Algunos querrían que se terminasen legalizando las corruptelas y revistiendo de respetabilidad jurídica la componenda extraprocesal. El manto legal taparía las deformidades del sistema.

¿Y en cuanto al sistema estadounidense? Es sorprendente que haya evolucionado hacia formas muy parecidas a las de la Inquisición: lo importante no es el juicio, sino la confesión del reo.

La gran mayoría de los casos se resuelven en comisaría bajo la égida de una fiscalía («prosecutor´s service») de carácter político. Yo no quiero eso para mi país.

Y lo muestro con un ejemplo en mi libro: el caso de Paul Ingram, donde una fiscalía política y atenta a satisfacer lo deseos de la opinión pública, se dejó deslumbrar por el espejismo de una superchería que la inquisición española supo evitar más de trescientos años atrás.

¿Por qué no se fía usted de la autonomía de los fiscales?

Yo me fío de los fiscales no del montaje normativo que los aherroja a la sumisión política. Fiscales y jueces debemos ser “independientes” no meramente “autónomos”.

¿Por qué? Porque la independencia blinda frente a las presiones externas, mientras que la autonomía implica depender de un superior.

En la actualidad, la Jefatura de las fiscalías goza de la potestad de remover a sus subordinados de una investigación concreta, avocar asuntos o interferir en su línea de investigación.

Es una estructura militarizada que evoca más un cuartel que un palacio de justicia.

Si la fiscalía fuera independiente, no solo autónoma del poder político, como lo son ustedes, los jueces, ¿vería con buenos ojos que instruyeran ellos?

Lo importante no es quién investigue sino cómo se investigue. La investigación criminal tiene que ser imparcial, independiente, inamovible y completamente alejada del poder político.

Insisto, “completamente”, no sólo un poco. Ahora bien, un fiscal que reuniera esas características sería un juez instructor con otro nombre.

Diría usted que los jueces de instrucción actuales son el último muro de contención contra la injerencia política. Se puede leer entre líneas….

Exacto, resume usted muy bien la idea que anima al libro.

Pero hay más: si permitimos que la política influya en la investigación criminal, no sólo daremos un balón de oxígeno a toda una caterva de delincuentes de cuello blanco, sino que nos deslizaremos hacia la superstición y la barbarie jurídicas, exhumando a los inquisidores de sus tumbas.

Usted es el secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. La reforma de la LECRim, la reforma de la LOPJ para que un CGPJ prolongado no pueda hacer nombramientos, la falta de elección de un nuevo Consejo… ¿Qué le sugiere a usted todo esto?

Malos tiempos estos en que los políticos togados juegan al intercambio de cromos en una farsa institucional de corrupción jurídica. Pero, más allá de las críticas, la Plataforma propone soluciones.

Hemos publicado un” Libro Blanco para la despolitización de la Justicia” y un “Libro Verde sobre investigación criminal”. No basta quejarse, hay que actuar.

Por eso también hemos interpuesto una denuncia ante las altas instancias europeas para que nuestra patria no acabe como Polonia.

Hemos llegado a la triste conclusión de que necesitamos ayuda externa para quebrar la alianza entre políticos ambiciosos y jueces sumisos que está quebrando la confianza de todo un pueblo en su justicia.

Le dejo aquí los enlaces para la descarga gratuita del material a que me refería, agradeciéndole la oportunidad que nos ha brindado para salir de la urna de silencio dentro de la han intentado confinarnos:

LIBRO BLANCO PARA LA DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA.

https://www.dykinson.com/libros/libro-blanco-para-la-despolitizacion-de-la-justicia-espanola/9788413241708/

LIBRO VERDE SOBRE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

https://www.dykinson.com/libros/libro-verde-sobre-la-investigacion-criminal/9788413770994/

DENUNCIA DE LA PLATAFORMA ANTE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

https://plataformaindependenciajudicial.es/2021/01/26/denuncia-ante-el-parlamento-europeo/

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