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Las asociaciones del sector aprueban un plan de acción con cinco ejes para mejorar los derechos de los consumidores

La medida se sacó adelante en el Pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios.
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En uno de los últimos Plenos del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), organismo que aglutina a las principales asociaciones de consumidores, se aprobó un plan de acción en materia de consumo con el que se pretende ofrecer más protección a los derechos de los consumidores.

Para esta entidad y sus integrantes la puesta en marcha de un Ministerio de Consumo, que en enero de este año cumplió su primer año de vida bajo la tutela de Alberto Garzón, «abre una extraordinaria perspectiva para el avance en la realización de los intereses y anhelos de las personas consumidoras».

De dicha entidad se espera que defina los instrumentos políticos y administrativos de protección, que para su mejor eficacia corrijan las disfunciones y posibiliten el avance en las prioridades del citado Plan de Acción.

En el Pleno el que se sacó adelante el Plan de Acción estuvieron representadas la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), por su presidente Manuel Pardos; la Asociación general de Consumidores (ASGECO) con José Carrero; la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) con Bernardo Hernández  y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) con Fernando Móner.

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Junto a ellos Consumidores en Acción (FACUA) con Jesús Benítez; Federación de Usuarios – Consumidores Independientes (FUCI), Gustavo Samayoa; la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP), Félix Martín; la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con Ileana Izverniceanu, y Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE) con José Ramón Lozano.

Carlos Ballugera, presidente del CCU, explica a Confilegal que “el moderno contrato de consumo tiene características propias, se da en la contratación masiva y comprende no solo la suscripción del contrato sino una amplia fase precontractual que incluye la publicidad y todo tipo de ofertas y promociones comerciales”.

En este escenario “tiene una gran importancia la actuación y la vigilancia de las autoridades de la competencia, que conscientemente, obran no solo en beneficio de las empresas competidoras sino de los intereses económicos de las personas consumidoras”.

Desde ese punto de vista, considera que la defensa de la competencia y protección de las personas consumidoras, por virtud de esa intervención precontractual, están unidas de forma inseparable. 

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Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

En dicho Plan de Acción, como primer elemento que se destaca se hace una llamada a la necesidad de incrementar el presupuesto de la Adminstración de consumo para afrontar estos retos.  

A su juicio, hacen falta más jueces, más fiscales y los medios correspondientes. Hace falta mayor presupuesto de la Dirección General de Consumo, de las autoridades de consumo de las Comunidades Autónomas para que ejerzan su legitimación colectiva, lo mismo cabe decir de las OMIC, de las juntas arbitrales y de la dotación a las asociaciones de personas consumidoras.

“Hace falta también una dotación adecuada de medios para el Consejo de Consumidores y Usuarios. Son necesarios más medios que muestren un compromiso efectivo del Estado social con el reequilibrio del mercado de la distribución masiva”, afirma Ballugera.

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Los ejes de ese plan también destacan otras cuestiones como la mejora de los procedimientos y resarcir el daño a la persona consumidora.

Ballugera aclara que “el procedimiento administrativo sancionador deja frustración en los denunciantes personas consumidoras, porque no afecta a su situación económica, ya que no se resarce, dentro de ese procedimiento, a la denunciante de los daños sufridos por la actividad infractora”.

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En este documento se insiste la necesidad de “mejorar los procedimientos y que en el mismo procedimiento sancionador se repare el daño causado a la persona consumidora denunciante”.

Lo idea es que se pudiera aplicar el artículo 48 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), como elemento de disuasión grande para las empresas.

De esa forma ante una administración autonómica sancionadora, estas compañías se verían inclinadas a una reparación espontánea y extrajudicial de abusos que se están cometiendo en la actualidad.

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En cuanto la reparación del daño al consumidor dentro del procedimiento sancionador, esta es una cuestión ya prevista en el artículo 48 TRLGDCU pero que las administraciones autonómicas no usan.

A título de ejemplo, nos indica que todas y cada una de las Administraciones autonómicas de consumo y el propio Ministerio pueden sancionar a Volkswagen por el caso ‘Dieselgate’ y exigir a la empresa la reparación e indemnización de daño dentro del procedimiento sancionador, asegurando la exacción de la indemnización de la empresa y poniendo ese dinero en el bolsillo de las personas consumidoras, sin necesidad de que todas y cada una de las 700.000 personas defraudadas tengan que pleitear para ello.

“El comentario es muy simple, pese a tener el poder, las Administraciones no han hecho nada, lo que ahora denuncio una vez más”, señala el presidente de CCU.

Otro elemento importante que plantea esta entidad es el desarrollo del efecto ‘ultrapartes’ de las sentencias y el desarrollo de la acción colectiva en cuanto a las sentencias de nulidad de condiciones generales abusivas u oscuras en acciones individuales.

“Esto es importante para que las personas consumidoras puedan verse libres de abusos sin necesidad de tener que pleitear siempre”, comenta este experto.

La publicación de la reciente Directiva sobre acciones de representación como el Plan de choque de la justicia, “brindan una gran oportunidad para avanzar por ese camino, ya que se requieren acciones de representación que aseguren la eliminación de los abusos, por dos medios, la declaración de nulidad de los mismos y la reparación de los daños causados a las personas consumidoras por ellos”, señala.

Desde el CCU se insiste en que el Gobierno no debe esperar para la transposición de la Directiva al 25 de diciembre de 2022 sino que debe hacerlo cuanto antes, junto con la implantación del Plan de choque de la Justicia.

En ese plan de choque, el Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponen la implantación en el ámbito civil y mercantil del pleito testigo ya existente en materia contencioso administrativa, que permitirá que las sentencias individuales de nulidad de condiciones generales extiendan sus efectos a los demás casos iguales o semejantes.

“Se trataría de frenar dichos abusos se producen en el mercado masivo, de una manera ágil y disminuyendo los muchos trámites y garantías que de otra manera tiene que afrontar la persona consumidora y que pasa siempre por un costoso y largo pleito, tan nuevo en cada caso, como reiterativo y tedioso», indica Ballugera.

La cuarta medida que se plantea desde CCU es incrementar la presencia del Ministerio Fiscal en los procedimientos de consumo.

Para Ballugera es “necesario sacar de la inactividad general en que se encuentra la legitimación colectiva e individual del Ministerio Fiscal, como otra línea de acción de nuestra institución “.

Este experto reconoce que “hay casos notables de actuación de los fiscales en defensa de los intereses económicos colectivos e individuales de las personas consumidoras”.

Sin embargo, cree que «es necesario avanzar, nombrar los fiscales delegados de consumo en todas las Comunidades Autónomas y en el Tribunal Supremo, desarrollar la infraestructura que facilita su intervención, hacer algunos retoques normativos y sobre todo dotar de medios a los órganos que, necesariamente, se han de crear”.

“El Ministerio Fiscal tiene una amplísima legitimación en acciones colectivas e individuales. Las dificultades de impulsar y culminar un procedimiento colectivo son muchas. Hacen falta medios y procedimientos eficientes que están sin regular”, advierte este jurista.

Para los integrantes del CCU es conveniente que en cada Comunidad Autónoma se nombren fiscales territoriales delegados de consumo de ámbito autonómico y provincial. También es necesaria la dotación de tales fiscales con medios suficientes.

Otro eje clave para el CCU pasa por desarrollar la colaboración con las empresas y sus organizaciones para que promuevan en su ámbito el cumplimiento voluntario y la aplicación de códigos de buenas prácticas, verificables por el Consejo y sus asociaciones.

Desde esta entidad se es consciente que todos los sectores económicos vienen acompañados de un aparato administrativo oficial de supervisión y control, unas veces público y otras corporativo.

En estas circunstancias, “es necesario que estas organizaciones supervisoras se comprometan activamente con las buenas prácticas y hagan efectivo en su sector un cumplimiento voluntario de alto nivel”.

Se trata, como señala Carlos Ballugera, de fomentar la autorregulación. “Este tipo de iniciativas y la asunción de códigos de conducta también debieran producirse sin necesidad de intervención de las autoridades sino a iniciativa de las empresas y de sus asociaciones».

También recomienda la promoción de la adhesión de las empresas asociadas a los sindicatos empresariales, a sistemas alternativos de resolución de conflictos, «en ese punto en materia de crédito es muy deseable que los bancos se adhieran al Sistema Arbitral de Consumo«.

En general, se trataría de promover programas de cumplimiento normativo o ‘Compliance’, particularmente en aquellos sectores donde se detectan más abusos, como son la banca, comunicaciones, vivienda, contratación por internet y viajes, que haga pública la adhesión de la empresa a protocolos ambiciosos de juego limpio en el mercado.

Al final desde CCU se indica que estas son las prioridades de los colectivos de personas consumidoras para activar los mecanismos jurídico-privados disponibles de reequilibrio del contrato por adhesión y del contrato de consumo en el mercado masivo. «Hay que trabajar en esa dirección y mejorar la protección de los derechos de los consumidores».