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Impulso Ciudadano denuncia ante la Comisión Europea los ‘déficits democráticos’ del Estado de Derecho en España

Esta asociación, presidida por José Domingo, envía a la Comisión Europea un informe que cubre cinco áreas: independencia y eficacia del sistema judicial, lucha contra la corrupción, pluralismo de los medios de comunicación, elaboración de las leyes e instituciones de garantía de los derechos fundamentales.
| | Actualizado: 12/04/2021 16:22

La asociación Impulso Ciudadano ha denunciado ante la Comisión Europea los «déficits democráticos» del Estado de Derecho en España.

La Comisión Europea está elaborando su informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea. En el marco de este proceso, ha invitado a la sociedad civil a realizar sus aportaciones.

Esta asociación, que preside José Domingo, letrado de la administración de la seguridad social y exdiputado en el Parlamento de Cataluña, ha remitido un informe en el que, a partir del cuestionario elaborado por la Comisión, advierte sobre «algunos de los déficits democráticos existentes en España».

Dicho informe cubre cinco áreas: independencia y eficacia del sistema judicial, lucha contra la corrupción, pluralismo de los medios de comunicación, elaboración de las leyes e instituciones de garantía de los derechos fundamentales.

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Independencia y eficacia del sistema judicial

En el apartado de independencia y eficacia del sistema judicial, destaca que España todavía no ha implementado la recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los propios jueces.

En esa línea, pone de manifiesto el intento de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) planteado por el PSOE y Unidas Podemos, con el que se pretendía reducir las mayorías necesarias en el Congreso y en el Senado para designar una parte de los vocales del CGPJ.

También se ha considerado una amenaza a la independencia del Poder Judicial las críticas vertidas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, siendo vicepresidente segundo del Gobierno contra una decisión judicial que afectaba a un miembro de su partido, Isabel Serra.

Dentro del ámbito de la Justicia, Impulso Ciudadano señala que el nombramiento como fiscal general del Estado de quien había sido ministra de Justicia, Dolores Delgado, «no favorece la imagen de independencia de la institución».

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«Falta de independencia corroborada, incluso, por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», quien hizo declaraciones públicas manifestando sin ambages que «la Fiscalía depende del Gobierno».

Para esta asociación también resulta «preocupante» que haya continuado durante el último año la «toma de posición partidista» de algunos Colegios de Abogados en asuntos relacionados con el proceso independentista catalán, pese a que los tribunales han declarado estos pronunciamientos contrarios a la libertad ideológica.

Señala que «la eficacia de la justicia se ve también comprometida por la desobediencia reiterada y explícita de algunas autoridades regionales y locales de Cataluña a las resoluciones judiciales».

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Impulso Ciudadano considera especialmente preocupante la «campaña de deslegitimación de los tribunales, en la que participan ciertas autoridades públicas».

Destaca que este tipo de campañas son «una amenaza para el Estado de Derecho, tal como señalaron las instituciones de la Unión Europea en relación con otros Estados miembro»s.

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Lucha contra la corrupción

En el apartado de lucha contra la corrupción, Impulso Ciudadanos plantea como un déficit la «tolerancia» hacia aquellos casos de «mala utilización de los recursos públicos», vinculados con el proceso secesionista en Cataluña.

Afirma que la crítica de las autoridades a las investigaciones y sentencias judiciales, incluyendo la «intimidación» a la Policía y a funcionarios judiciales, «no facilita una investigación eficaz de estos delitos».

En esta misma línea, señala que «el fracaso de la cooperación judicial en Europa en relación con los investigados por la utilización de recursos públicos para fines ilegales ha de ser también denunciada».

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Pluralismo de los medios de comunicación

En el partado de pluralismo de los medios de comunicación destaca el «funcionamiento deficiente» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano encargado de la supervisión y control del sector audiovisual.

Señala que la independencia de este organismo macro-regulador respecto del Gobierno ha sido «cuestionada por el mecanismo de designación de sus miembros». Añade que «también se ha criticado su labor por no controlar que los medios garanticen el pluralismo y por carecer de competencias para otorgar licencias de televisión digital terrestre de cobertura nacional».

A la vez, denuncia en el informe «el control que ejerce el gobierno nacionalista catalán sobre el regulador autonómico», el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC).

Asimismo, apunta «las irregularidades observadas en el proceso de designación de los miembros del consejo de administración de Radiotelevisión Española (RTVE)» y el «marcado sesgo pro independentista» de los altos cargos de la Corporación Catalana de Medios Audivisuales (CCMA).

«Un sesgo que no se puede desvincular de las dos condenas del Tribunal Supremo por falta de neutralidad política en período electoral», indica.

Impulso Ciudadano también subraya en el informe la «falta de transparencia en la asignación de las campañas de publicidad institucional a escala estatal y el claro favoritismo a medios con líneas editoriales afines cuando se conocen los ingresos que cada medio percibe por esas campañas, como es el caso de Cataluña».

Elaboración de leyes

Impulso Ciudadano critica en el apartado de elaboración de leyes los procesos de elaboración de algunas normas, concretado en «la falta de participación de la sociedad civil en la preparación y tramitación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), así como el exceso en la utilización de la legislación de emergencia, tanto a nivel de toda España como específicamente en Cataluña».

Instituciones de garantía de los derechos fundamentales

En el capítulo de instituciones de garantía de los derechos fundamentales destaca la «falta de neutralidad de algunas instituciones catalanas» que se ha ejemplificado en el «partidismo» del Síndic de Greuges de Cataluña (Defensor del Pueblo catalán), «quien en vez de velar por la protección de los derechos de todos los catalanes, se ha convertido en un actor más en defensa del nacionalismo más intolerante y aliado de las administraciones que por ley tiene que examinar y controlar».

Esta asociación fue fundada en septiembre de 2009.

Sus fines son promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España; defender los valores contenidos en la Constitución española de 1978; fomentar la cohesión y relación entre los españoles, con independencia de su lugar de residencia; impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento, racionalización y neutralidad de las instituciones y Administraciones Públicas, así como luchar contra todo tipo de corrupción; y luchar contra los fenómenos de odio y promover políticas de tolerancia, igualdad y solidaridad entre los ciudadanos.

La Junta Directiva está formada por José Domingo, letrado de la Administración de la Seguridad Social y exdiputado en el Parlamento de Cataluña, como presidente; el vicepresidente segundo es Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y expresidente de ‘Societat Civil Catalana’, el vicepresidente-tesorero: es Carlos Silva Campañón, catedrático de Inglés de Secundaria; y la secretaria, Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Son vocales María Pilar Armengol, farmacéutica; Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona; Juan Corbera, licenciado en Derecho y empresario; Jorge Diéguez, abogado; Ricardo García Manrique, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona; Patricio García Mínguez, profesor titular de Microeconomía de la Universidad de Barcelona; Montserrat Ginés, profesora de Filología Inglesa; Ana Losada, licenciada en Historia, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe; Chari Gálvez, profesora de Educación Secundaria, y Nuria Plaza, profesora de Filología Hispánica.

Es una asociación con voluntad de ocupar un espacio clave en la vida pública a través de la acción y de convertirse en laboratorio de ideas y de propuestas al servicio de una visión de España cohesionada y respetuosa con los derechos de la ciudadanía.

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